Pegatinas de Falange

pegatinaParece que se fueron, pero siguen ahí­. Parece que no forman parte del dí­a a dí­a, de nuestra vida cotidiana, pero nunca desaparecieron del todo y, lo que es peor, resurgen cada vez que alguien pretende sacar los trapos sucios del letargo histórico, de la memoria olvidadiza, de la conciencia inconsciente.

El terrorismo de Estado, ese que instauraron los golpistas en 1936 y permaneció formalmente hasta 1975, sigue contaminando las médulas espinales de nuestro sistema patrio. Y no sólo en polí­tica, sino también en esa pata de la supuesta separación de poderes, el poder Judicial.

No hay que ser tan cándido, ni parezcamos serlo: la independencia judicial es deseable, pero en este caso »“y en muchos otros- no existe. El argumento «hay que dejar que la Ley actúe» lo hemos oí­do muchas veces también, incluso en los plenos del ayuntamiento, tanto en unos escaños como en otros; pero todos conocemos el dicho popular «quien hace la ley hace la trampa», sobre todo cuando la trampa está en manos de quienes aplican la ley.

El régimen del Generalí­simo Franco no vino por la gracia de Dios, sino que era un régimen declaradamente totalitario y que llevó a cabo una verdadera limpieza étnica al identificar a las mujeres y hombres leales a la República Española como una raza a exterminar, los llamados rojos. ¿Existe alguna duda, por tanto, para que llamemos a esa limpieza como un genocidio asimilado?

Hoy esos comportamientos se denominarí­an sin lugar a dudas como un régimen de terrorismo de Estado; nuestro propio ordenamiento jurí­dico condena sin paliativos la «exaltación del terrorismo». En este sentido se está siendo demasiado permisivo con actos y expresiones que entran de lleno en el delito de apologí­a del terrorismo. Cuando Mayor Oreja calificó la etapa franquista como «un perí­odo de extraordinaria placidez» estaba justificando casi cuarenta años de terrorismo institucional, es decir, estaba cometiendo un delito de exaltación tipificado hoy en la Ley de Partidos que él mismo promovió y apoyó. Si hacemos analogí­as con otros periodos negros de la Historia contemporánea, es como si un ministro de Angela Merkel dijese públicamente del nazismo lo mismo que el ex ministro de Aznar, con el agravante de que allí­ están prohibidos los partidos que hacen apologí­a del régimen hitleriano.

Falange Española no sólo tiene el presente de aparecer de vez en cuando en pegatinas que vemos por las calles. Como escribió recientemente Francisco González de Tena, «fue una herramienta fundamental en el exterminio sistemático y planificado de cientos de miles de inocentes ciudadanos españoles, y sus botas, correajes y sí­mbolos son un referente básico del régimen de terror al que hemos aludido». Según el citado autor, en el enjuiciamiento a Garzón «Estamos ante un desprecio sistemático de los argumentos legales del Ministerio Público, algo que es esencial en cualquier procedimiento. La voz autorizada de la Fiscalí­a ha sido ignorada de forma contumaz por la Sala, cuando exigí­a el archivo de la causa. No se han admitido las pruebas para la defensa del ahora acusado. No se han admitido los testigos cualificados propuestos por la defensa, que demostrarí­a la extemporaneidad de una Ley de Amnistí­a (invocada reiteradamente como referente último por tan peculiares acusadores) cuya nulidad ha sido reclamada hasta la saciedad por todas las instancias internacionales con responsabilidad legal en la defensa de los Derechos Humanos, como el Relator de Naciones Unidas. No se le ha dado la relevancia debida a la contaminación ideológica y de animadversión personal de algunos de los integrantes del Tribunal. Y, como resumen de estos graves defectos formales »“que invalidarí­an cualquier otro procedimiento, pero no por lo visto este»“ no se considera que todo este cúmulo de evidentes irregularidades colocan al magistrado acusado injustamente en una situación de clara indefensión».

No podemos olvidar que a Falange se le ha dado amparo en el Tribunal Supremo para erigirse en acusador del magistrado Garzón con el inaceptable argumento de «haber atentado contra el honor de Franco». Es grave que un grupo con esa ideologí­a tenga página web y siga perpetuando homenajes en el Valle de los Caí­dos »“junto a determinados elementos reaccionarios de la Iglesia-, pero es más grave que el propio presidente del Tribunal Supremo, el señor Dí­var, lo considere «libre de toda sospecha». Y también es graví­simo que el magistrado Varela y demás compañeros de procedimiento aceptan entusiasmados la personación de tan cualificados herederos del horror para proceder a una chapuza judicial que a punto han estado de resolverse coincidiendo con la conmemoración del 79 aniversario de la proclamación de la II República, algo que, con toda seguridad, hubieran celebrado como nuevo Dí­a de la Victoria.

Asuntos como el de Garzón pone en evidencia, una vez más, que nuestro paí­s sufrió una transición incompleta. Quienes debieron estar sentados en el juicio de Nuremberg, como lo estuvieron los generales de Hitler, se fueron de rositas gracias a la Ley de Amnistí­a. Y hoy, esos mismos, o sus herederos, son los responsables del Golpe de Estado Judicial, el único que se puede perpetrar dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, tal y como recoge nuestra Constitución. Antes se fusilaba y enterraba en las cunetas; ahora se fusila y entierra en los tribunales. Algo hemos avanzado.

Manolo Lay, portavoz de Izquierda Unida.