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Cuando la cuerda se tensa siempre se rompe por el lado más débil. Este dicho popular se puede aplicar a la crisis internacional, que estamos pagando las clases más humildes; pero también explica lo que está sucediendo con el conflicto entre la policí­a local y el ayuntamiento, donde el pato (el incremento de multas) lo están pagando los ciudadanos. Ahora bien ¿quiénes son los que tensan la cuerda? En un caso está claro: la crisis que sufrimos los de abajo la han provocado los mercados especulativos. ¿Y en el asunto de las multas, son los policí­as los culpables? Rotundamente no: los trabajadores y trabajadoras que tienen como misión ejercer la autoridad y garantizar el respeto y la seguridad en Dos Hermanas, por mucho que su actuación pudiera ser reprochable, son también ví­ctimas.

En un Estado Democrático y de Derecho, la función de la policí­a es cumplir y hacer cumplir las leyes. Y los tribunales de justicia, por su parte, tienen la misión de velar por el cumplimiento de lo uno y lo otro. Si los agentes han abusado de su poder en las noches del 18 de mayo y siguientes, el poder judicial está ahí­ para asegurar nuestros derechos como ciudadanos. Y si lo que han hecho es actuar a la japonesa, sancionando con rigor a quienes verdaderamente estaban incumpliendo las normas de tráfico, también se verá.

Si se ha actuado mal, por tanto, la justicia lo dirá. Obviamente, a nadie le gusta que le pongan una multa, y menos con la que está cayendo. Pero también es cierto que el ayuntamiento que ahora ordena a la policí­a local que su trabajo «se circunscriba a garantizar la seguridad vial, informar y ayudar a los ciudadanos que lo precisen y auxiliar a la Policí­a Nacional» y «en materia de multas por estacionamiento, sólo se actúe en los casos que produzcan obstrucción al tráfico», es el mismo que obligó a sus agentes a sancionar sistemáticamente a todos aquellos motoristas que fueran sin casco. ¿Acaso estos motoristas obstruí­an el tráfico? ¿Acaso no se incrementó espectacularmente entonces el número habitual de sanciones?

Es conocido el hartazgo de muchí­simas personas ante la impunidad con que nos saltamos, como conductores, las leyes de circulación vial. No conozco a nadie que no haya criticado alguna vez la laxitud con que se trata a quienes aparcan en doble fila, en los vados, en las plazas reservadas para minusválidos o encima de las aceras y pasos de cebra. Ahora queda en evidencia que esta laxitud no es fruto de la dejadez de funciones de la policí­a, sino de las instrucciones de sus jefes polí­ticos en el ayuntamiento. Poner multas crea alarma social, y la alarma social se traduce en crí­ticas al gobierno de turno, y las crí­ticas al gobierno son las que quitan votos y hacen perder las elecciones.

Pero estos argumentos, gusten o no, ocultan el verdadero meollo de la cuestión: ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Cuál es el motivo de la rebelión policial? ¿Se han vuelto majaretas nuestros agentes del orden? ¿Son una panda de niñatos? ¿Son nuestros garantes de la ley y la justicia actores y actrices de una nueva versión de Loca Academia de Policí­a? No, ni mucho menos.

El gobierno de Toscano está haciendo todo lo posible para que los árboles de las multas oculten a la ciudadaní­a el bosque de problemas que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras de nuestro ayuntamiento desde hace mucho tiempo, los policí­as y los que no lo son (que, por cierto, ya veremos qué pasa con el resto). Este es el quid de la cuestión. Nuestro alcalde se ha encargado de que nadie sepa por qué está pasando lo que está pasando. ¿Alguien conoce el fondo del asunto? ¿Alguien ha leí­do una nota de prensa con la opinión de los sindicatos sobre este tema? ¿Alguien sabe que están pidiendo el cumplimiento de lo que consideran sus derechos? ¿Por qué, en una sociedad democrática, se niega a los ciudadanos el derecho a conocer todas las posiciones en un conflicto? Tal vez porque vivamos en una democracia formal, pero no real.

Insisto, por si no ha quedado todaví­a claro: ignoro si todas las multas se han puesto cumpliendo la ley, pero, con independencia de eso, la policí­a local de Dos Hermanas tiene todo mi apoyo en sus reivindicaciones. Además, no tengo el menor reparo en afirmar que podemos presumir, pese a la precariedad y las dificultades con que realizan su trabajo, de contar con una inmensa mayorí­a de excelentes profesionales, bien preparados y aptos para asumir el complicado rol de hacer cumplir el Ordenamiento democrático en nuestro término municipal, que tiene miga y no es poca cosa. Otra cosa distinta es, desde hace mucho tiempo, en manos de quiénes están y de quiénes son los que dirigen su labor.

Y no sólo eso: pienso que la actuación del alcalde de nuestra ciudad ha sido incendiaria y, como representante del pueblo, completamente desafortunada y censurable. Su manera de «tomar cartas en el asunto», en vez de servir para calmar un conflicto, ha servido para echar gasolina en la hoguera. Además de hacer de juez y parte, ha tomado el peor de los caminos: el de utilizar al jurado popular (la ciudadaní­a) para criminalizar a un colectivo de personas que tienen todo el derecho del mundo a exigir lo que consideran justo. Y en un Estado Democrático como el nuestro, hacer eso es cuestionar los principios básicos y elementales de las personas y poner en peligro la convivencia social. Y si mañana, o pasado, unos ciudadanos cabreados se enfrentan a los agentes de la policí­a local, será difí­cil reprocharles que lo hayan hecho porque nuestros gobernantes han decidido calentar el ambiente y poner al pie de los caballos a nuestros agentes de policí­a.

Cuando un equipo de fútbol no va bien y pierde partidos, lo habitual es que la directiva del club cambie al entrenador. Esa decisión es complicada y a veces equivocada, pero lo que nunca resulta de recibo es que se pida a la afición que se eche encima de los jugadores cuando salten al campo, o que se vaya a los entrenamientos a decirles lo que se merecen. Eso es lo que ha ocurrido aquí­, con las declaraciones televisadas de algunos responsables de »“no lo olvidemos- un grupo de trabajadores y trabajadoras que velan por nuestra seguridad y que, con razones o sin ellas, han decidido dejarse de paños calientes y han dicho que ya está bien de pagar los platos rotos de una crisis que no han provocado.

Dicho esto, creo, sinceramente, que poner multas no es la solución, que es un error. Pero también creo que, si el equipo no funciona, tal vez el cambio de entrenador contribuya a ganar el próximo partido. Cualquier cosa, menos dar la imagen pública de que el alcalde es el poli bueno y los trabajadores son la encarnación del poli malo. Eso está bien y queda hasta gracioso para las pelí­culas de Bud Spencer y Terence Hill, pero en una «ciudad para vivir» resulta cutre y contraproducente. Espero, de todo corazón, que no nos lamentemos por ello.