Compromiso ético por la Regeneración Democrática

El goteo de irregularidades en distintas Administraciones Públicas y la acumulación de graves escándalos de corrupción dañan la credibilidad de las instituciones y de la polí­tica, atentan contra el patrimonio público, socavan las bases mismas del sistema democrático, provocan la desafección ciudadana y dan pábulo a la afirmación injusta de que «todos son iguales», abonando el terreno al populismo.

Cabe afirmar, ante todo, que la mayorí­a de los polí­ticos españoles son honrados. Los 8.115 Ayuntamientos están formados por más de 65.000 concejales electos, de los que el 80% no recibe ingresos. Pero en la última década, los casos de corrupción se han multiplicado en todo el paí­s, especialmente en el litoral mediterráneo y otras zonas que han experimentado un desarrollo urbaní­stico exorbitado.

Los corruptos y los corruptores, dirigentes de empresas en algunos casos o intermediarios avispados, dañan la polí­tica. Y también dañan a la economí­a, incrementando los precios de las obras, productos y servicios; alimentando el déficit público y la inflación; falseando la competencia y desincentivando al contribuyente honrado que constata el uso indebido de sus impuestos.

Cuando incurren en el delito de corrupción, los cargos electos o con responsabilidades en las Administraciones Públicas desprecian los principios democráticos de honradez, transparencia, rendición de cuentas y vocación pública que legitiman la delegación de soberaní­a que el pueblo les confiere.

La corrupción en España ha sido y es inseparable de los desvarí­os de un modelo productivo, económico y financiero que ha alimentado la especulación y las prácticas delictivas, especialmente en materia urbaní­stica y en el sector de la construcción, con un crecimiento explosivo del parque residencial, que desde 2001 ha crecido más de un 20%, en un proceso de urbanización sin precedentes en los últimos quince años y sin parangón en Europa. El fraude fiscal generalizado y la persistencia de la economí­a sumergida es igualmente un terreno abonado para la corrupción. A todo ello se añade la insuficiente regulación y supervisión de los mercados financieros, unido a una pérdida de valores éticos y morales en una cultura que ha entronizado el dinero como valor absoluto. No hay corrupto sin corruptor y nadie cobra si alguien no paga. Por ello hay que ser tan duro con el corruptor como con el corrupto.

La corrupción también ha sido facilitada por una legislación débil e insuficiente, la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público; por la utilización clientelar de las instituciones, la externalización abusiva de actividades desempeñadas por funcionarios y empleados públicos, la insuficiente coordinación entre los órganos administrativos, la debilidad de los controles polí­ticos, la escasez de medios de la Fiscalí­a Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas, la lentitud de la Justicia y la falta de transparencia y control de los procedimientos de recalificación urbaní­stica y de contratación pública.

Por otra parte, el déficit de financiación municipal ha llevado a una dependencia excesiva de los ingresos derivados del urbanismo, impulsando la burbuja inmobiliaria y sembrando un terreno propicio a la corrupción. El incumplimiento por los sucesivos gobiernos del compromiso de reforma del sistema de financiación local ha llevado a numerosos Ayuntamientos a una situación económica y financiera insostenible. La cesta de ingresos de las administraciones está muy desequilibrada en beneficio del Estado, que absorbe un 50% y las Comunidades Autónomas, un 37%, mientras los municipios tan sólo reciben el 13%.

La falta de transparencia y los obstáculos que frenan la participación ciudadana, el menosprecio de los valores éticos y solidarios, contribuyen también a la aceptación de este fenómeno delictivo y a propiciar una cultura colectiva basada en el individualismo y el egoí­smo, en detrimento de los intereses generales.

La corrupción en España ha sido también alimentada por las carencias una Ley Electoral injusta y por una Ley de Financiación de Partidos meramente instrumental y opaca, destinadas ambas a favorecer el bipartidismo e incrementar el gasto de las campañas electorales.

El llamado «Pacto contra el Transfuguismo» suscrito entre las fuerzas polí­ticas ha demostrado su escasa utilidad desde su celebración en 1998, debido a la utilización cí­nica de varias varas de medir según los infractores sean de un partido adverso o del propio.

Los miembros del Gobierno, los altos cargos y los representantes del pueblo en las instituciones parlamentarias y en los Ayuntamientos deben dar ejemplo, entregar sus declaraciones de la renta, de actividades y de bienes patrimoniales e intereses, respetando el régimen de incompatibilidades que garantice su plena dedicación o que no se produzca un choque de intereses con otras actividades ajenas a su cometido público.

Para mejorar el nivel de transparencia y colaboración de los Gobiernos Locales en la formación y rendición de sus Cuentas Generales al Tribunal de Cuentas, habrí­a que  generalizar la implantación telemática de la Plataforma de rendición de cuentas y simplificar el procedimiento establecido para los 6.800 Ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, o bien proporcionarles los medios materiales y personales necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Por todo ello y ante la inminencia de las Elecciones Municipales del próximo 22 de mayo, LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS DE IZQUIERDA UNIDA DOS HERMANAS ASUMIMOS LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:

1- Exigir al Gobierno la regulación por ley de la cuantí­a de los salarios de los cargos públicos locales. Plantearemos que los mismos se fijen con criterios de transparencia y austeridad y que se hagan públicos de una manera eficaz y accesible.

2.-  Proponer la creación de la declaración explí­cita de conflicto de intereses en cada modificación urbaní­stica y proceso de contratación de obras o servicios públicos, de todo aquél que participe en el mismo, sean alcaldes, concejales, o funcionarios. Se realizarí­a siguiendo el modelo de declaración de conflicto de intereses que se aplica a la investigación cientí­fica.

3- Impulsar acuerdo de prohibición para percibir obsequios o invitaciones personales a los cargos públicos o funcionarios municipales. Se creará un Registro Público de Obsequios e Invitaciones Institucionales.

4.-Establecer un sistema de dedicación absoluta y de incompatibilidades de todos los altos cargos de Gobiernos Municipales, así­ como de los miembros de las Comisiones Provinciales y Autonómicas de Urbanismo y Responsables de contratación de Obras y Servicios en relación con responsabilidades o actividades empresariales o profesionales vinculadas al sector de los servicios, la construcción y el urbanismo.

5.- Crear el Estatuto del Representante Local, en el que se regulen sus derechos y deberes. En particular, se garantizará que los concejales que se encuentren en la oposición puedan ejercer sus funciones de fiscalización y control de los contratos y adjudicaciones municipales formando parte de los órganos de contratación y facilitándoles toda la documentación e información administrativa.

6.-  Regular el Registro de Intereses de los responsables públicos a través de una Oficina que será la encargada de la vigilancia y supervisión del estricto cumplimiento de la legislación vigente en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses, así­ como de la custodia de los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales. Se propondrá la obligación de hacer público el contenido de esta Declaración a través de los medios municipales existentes (páginas web, información municipal»¦)

7.-Denunciar ante la Fiscalí­a y colaborar con la Justicia aportando cualquier dato de corrupción que conozcan en el ejercicio de sus responsabilidades como cargos públicos.

8.-Asumir las responsabilidades polí­ticas a que hubiere lugar en casos de corrupción, con dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de libre designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción polí­tica o urbaní­stica.

9.-Impulsar mecanismos de publicidad, control y participación democrática para garantizar la transparencia y la ética en  las instituciones, poniendo en marcha mecanismos estables de participación que permitan la intervención y el conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones que se adopten en materia urbaní­stica y de contratación. Se harán públicos los procesos de contratación a través de los mecanismos: publicaciones, páginas Web»¦  En esta misma lí­nea solo se delegarán competencias de Pleno en las Juntas de gobierno con carácter excepcional, para garantizar la participación de la oposición en la toma de decisiones y la participación de los ciudadanos.

10.- No conformar gobiernos locales con desertores de otras fuerzas polí­ticas ni apoyar la formación de grupos nuevos en los que participen cargos declarados tránsfugas.