mon site El pasado 27 de diciembre, el Consejo Provincial de Izquierda Unida aprobó por unanimidad una resolución, a instancias del portavoz de esta organización en Dos Hermanas, Manolo Lay, cuyo tenor literal es el siguiente:
lecture supplémentaire EVITEMOS QUE CARLOS, PEDRO JOSÉ, LUIS Y JOSÉ VAYAN A LA CíRCEL POR MANIFESTARSE PACíFICAMENTE
Es este otro caso alarmante de actuación de las fuerzas de la seguridad contra manifestantes de forma desproporcionada e injustificada, donde entendemos que se busca amedrentar a los manifestantes e impedir la difusión de los posibles abusos cometidos por los agentes de seguridad utilizando para ello, detenciones y denuncias, que pueden ser refutadas por muchos testigos presenciales de los hechos.
Dichos cargos, tras la resolución de la justicia, podrían conllevar el ingreso en prisión de estos detenidos.
Los hechos tuvieron lugar durante una manifestación por el derecho a una vivienda digna. El pasado 24 de noviembre, en Sevilla. La manifestación, oportunamente comunicada a la Delegación de Gobierno, transcurrió con absoluta normalidad. En el transcurso de la misma, a la altura del Paseo Alameda, se hizo pública la ocupación de un edificio vacío de 18 viviendas en la calle Lumbreras. Algunas personas que participaban en la manifestación acudieron a esta calle para mostrar su solidaridad con las familias ocupantes, sin alterar el carácter pacífico de la manifestación, ni ocasionar ningún desorden público y sin entrar en las dependencias del edificio ocupado.
Es a partir de este momento cuando Agentes de la Policía Nacional, en concreto del Grupo Hércules de la Comisaría Centro, se personan en el lugar, efectuando una violenta carga policial, agrediendo y golpeando a la multitud de manera indiscriminada y sin ninguna justificación. Ya que la actitud de los manifestantes fue totalmente pacífica y en ningún momento hubo lanzamiento de ningún tipo de objetos, como se ha recogido en algún medio de comunicación, hecho que puede constatarse en los vídeos que circulan sobre esta agresión.
La carga policial se saldó con varias personas lesionadas y la detención de 4 personas, a las que se les imputa injustamente cargos como «desordenes públicos», «atentado a la autoridad», «ocupación ilegal», «lesiones» y «desobediencia». Este caso ha saltado a los medios de comunicación ya que también fue detenida una reportera (cámara) de La Sexta que cumplía con su obligación de informar. Hay que destacar, además, que las personas detenidas tuvieron que recibir asistencia médica tras la violencia innecesaria empleada por la Policía en la detención.
No es la primera vez que esta unidad de la Policía Nacional realiza actuaciones similares.
Así, a raíz de estos hechos, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y el Grupo 17 de Marzo (sociedad andaluza de juristas para la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos) han presentado este pasado 3 de diciembre ante la Fiscalía las diferentes denuncias interpuestas contra el Grupo Hércules del Cuerpo Nacional de Policía, con el objetivo de que la Fiscalía abra una investigación de oficio para comprobar si sus actuaciones se ajustaron al Derecho. Ambas asociaciones han recopilado desde 2007 nueve denuncias presentadas por 15 denunciantes por delitos contra la integridad moral, lesiones, agresiones y detención ilegal contra 20 agentes de dicha unidad, 3 de los cuales han sido denunciados en más de una ocasión. La Comisaría Centro a la que pertenecen este grupo es la que acumula mayor número de denuncias por maltrato, según el Informe de la Coordinadora contra la Tortura.
En definitiva, según todo lo expuesto, NEGAMOS ROTUNDAMENTE los cargos de «desordenes públicos», «atentado a la autoridad», «ocupación ilegal», «lesiones» y «desobediencia» que se le imputan a los 4 detenidos: Juan Carlos Román Dormido, José Medina Domínguez, Pedro José Justo Alonso y Luís Pesvitero Coloma Vargas y, en consecuencia, EXIGIMOS LA RETIRADA DE DICHOS CARGOS.
La actuación del cuerpo de Policía durante los hechos relatados está siendo utilizado una vez más por los responsables políticos como una herramienta en un ya largo proceso de criminalización de la protesta, pretendiendo instaurar el miedo a fuerza de sangre, moratones y detenciones por ejercer el «derecho inalienable de manifestación». Lo cual produce una total indefensión en ciudadanos que, como Juan Carlos Román Dormido, José Medina Domínguez, Pedro José Justo Alonso y Luís Pesvitero Coloma Vargas, asisten pacíficamente a una manifestación para reivindicar el derecho a la vivienda y, en el caso de Juan Carlos (integrante de la Asamblea del 15M de Dos Hermanas), simplemente se le ocurre hacer grabaciones con su teléfono móvil. Esa indefensión se traslada a toda la ciudadanía y es lo que nos obliga a dar una respuesta, exigiendo, además, la depuración de las responsabilidades a todos los niveles, incluido el político.
¡¡RETIRADA DE LOS CARGOS YA!!
¡¡NO MíS REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN!!
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