Pleno 2/2013: Moción contra la reforma de la Administración Local

ayuntamientoTexto í­ntegro de la moción, aprobada por 17 los votos a favor (PSOE e Izquierda Unida) y 9 en contra (PP).

El pasado viernes 15 de febrero, el Gobierno Central presentó el informe del anteproyecto de la llamada «Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», una nueva reforma que dejará otra profunda cicatriz en la ya empobrecida democracia de nuestro paí­s.

Esta reforma afecta en mayor o en menor grado a la totalidad de los 771 ayuntamientos andaluces, pero es particularmente dura con los 530 municipios (68%) de menos de 5.000 habitantes, que verán en peligro, incluso, su propia existencia.

Los 159 ayuntamientos (19%) comprendidos entre 5.000 y 20.000 habitantes podrán perder gran parte de sus competencias a favor de las diputaciones, con lo que un total de 689 ayuntamientos (87%) verán mermada gravemente su autonomí­a local. En estos 689 municipios viven aproximadamente 3 millones de andaluzas y andaluces que sufrirán la disminución de su capacidad de participar en la gestión de sus ayuntamientos.

Es decir, este anteproyecto, si llegase a convertirse en Ley tras su tramitación parlamentaria, supondrá un ataque directo a la autonomí­a local, y por tanto a la democracia, que quiebra el Estatuto de Autonomí­a de Andalucí­a y que costará alrededor de 40.000 empleos como consecuencia de la pérdida de competencias y de las privatizaciones de los servicios que ahora prestan los ayuntamientos.

Efectivamente, menos democracia local es menos democracia. El actual modelo municipal va a sufrir una retirada de competencias y de funciones a favor de las Diputaciones Provinciales »“que no son precisamente instituciones de elección directa de los ciudadanos y ciudadanas- y que alejarán a la gente de la toma de decisiones en sus municipios. Se acerca, por lo tanto, más a un modelo preconstitucinal de gobernadores civiles que a un auténtico poder ciudadano de profunda raí­z democrática, cercano y participativo, y que representa una involución hacia épocas ya superadas por el desarrollo democrático de los pueblos.

De la misma manera sufrirán las administraciones locales, de aplicarse, tal y como sugiere el borrador que aprobó el viernes el Consejo de Ministros, un control por parte del Gobierno Central que atará la voluntad democrática local y que deja reducidas sus decisiones a las de mera gestión de imposiciones de otros. De ahí­ que los interventores e interventoras municipales dependerán directamente del Gobierno Central. Ese exhaustivo control financiero externo en nada se parece a la fiscalización democrática interna y cercana que exige la ciudadaní­a a las alcaldí­as y concejalí­as de los pueblos. Y para colmo se controla a los ayuntamientos pero no se les financia.

Por si cupiesen dudas, los ayuntamientos deberán «ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reconocidos por la Constitución en su artí­culo 135». Cabe recordar que esa es la madre de todos los recortes »“que eufemí­sticamente denominan reformas- y cuyos cambios constitucionales se impusieron sin consulta al pueblo a través de un acuerdo en la medianoche del 25 de agosto de 2011.

La reforma supone así­mismo la privatización de los servicios públicos municipales, favoreciendo «a la iniciativa económica privada» como dice literalmente y ofreciendo grandes negocios a quienes obtengan la concesión para la prestación »“desde el ámbito privado- de los servicios públicos que ahora se gestionan directamente desde la administración pública local.

Pero no solo privatizará los servicios públicos y debilitará notablemente la calidad democrática. Esta reforma entra abiertamente a restarles competencias a los ayuntamientos que se establecen en el Estatuto de Autonomí­a de Andalucí­a y en la Ley de Autonomí­a Local de Andalucí­a, de tal manera que el propio Vicepresidente de la Junta de Andalucí­a, Diego Valderas, y a su vez responsable de Administración Local, ya ha anunciado un conflicto de competencias que probablemente acabe en un recurso al Tribunal Constitucional.

El Partido Popular ha presentado esta reforma como un ejercicio populista de reducción de cargos públicos con dedicación exclusiva, en un intento claramente demagógico de desviar la atención sobre el hecho de privatización de servicios públicos municipales, de la pérdida ingente de puestos de trabajo y de la desactivación de la democracia y de la autonomí­a local.

Por eso la respuesta tiene que venir dada de la movilización ciudadana en idéntica proporción al ataque recibido. A las respuestas jurisdicionales y polí­ticas ya emitidas con dureza por parte de Izquierda Unida y del gobierno de la Junta, se tiene que unir el pueblo andaluz el próximo 28 de Febrero que suma esta reforma a la ya larga lista de agravios para salir a la calle.

La defensa del Estatuto de Autonomí­a, de los servicios públicos, de la democracia y contra la corrupción suman argumentos de sobra para que el pueblo andaluz en general, y el pueblo de Dos Hermanas en particular, se eche a la calle el 28 de Febrero exigiendo protagonismo en el futuro de sus propias vidas.

Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo de Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucí­a somete a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente

MOCIÓN

1. Instar al Gobierno Central a la retirada del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, abriendo, en cambio, un diálogo con la FEMP para consensuar una verdadera reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, de la Ley de Haciendas Locales y de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, con el objetivo de garantizar y reforzar las competencias municipales y la financiación suficiente para poderlas llevar a cabo.

2. Instar al Gobierno Central a respetar la autonomí­a local de los ayuntamientos que se establece en el Estatuto de Autonomí­a de Andalucí­a, aprobado en referéndum por los andaluces y las andaluzas, y en la Ley de Autonomí­a Local de Andalucí­a.

3. Instar a la movilización del Pueblo de Dos Hermanas el próximo 28 de febrero, Dí­a de Andalucí­a, en defensa del Estatuto de Autonomí­a, de los servicios públicos y de la democracia y contra la corrupción.

Dos Hermanas, febrero de 2013

Manuel Lay, portavoz