Por una Andalucí­a sin desahucios

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Sabemos que desde 2007 se han producido 86.000 desahucios en Andalucí­a. Sabemos que es el pueblo trabajador en que los está sufriendo; sabemos que la estafa hipotecaria y la burbuja financiera están provocando mucho dolor.

Es conocido que cientos de miles de familias trabajadoras dedican más de la mitad de sus ingresos al pago de la vivienda, viéndose obligadas a decidir mes a mes, entre pagar la hipoteca y comer. También sabemos que en no pocas ocasiones, el impago llega, el desahucio se acerca, y en algunas ocasiones la presión se hace insostenible y empuja al suicidio a quiénes la sufren.

196.000 familias reclaman en la actualidad una vivienda a través de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda. Toda una generación, sin trabajo y sin expectativas, tiene imposible emanciparse. En muchas casas comienzan a convivir dos y tres generaciones: se hacinan las personas y los problemas. Cualquier observador externo pensarí­a que en Andalucí­a faltan casas.

Según la Constitución Española, el acceso a una vivienda digna y adecuada es un derecho, siendo los poderes públicos los responsables de «promover las condiciones necesarias y de establecer las normas adecuadas» para hacerlo efectivo.

Sabemos que existen 700.000 viviendas vací­as en Andalucí­a y que en su mayorí­a pertenecen a las entidades financieras. La Constitución reconoce «el derecho a la propiedad privada» en su artí­culo 33, y que «la función social» de ésta, «estará delimitada por las leyes». El Artí­culo 128 de la Constitución señala que «toda la riqueza del paí­s en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». Desde IU, la sociedad civil organizada y miles de ciudadanos y ciudadanas, consideramos que «toda la riqueza del paí­s» incluye las 700.000 mil viviendas andaluzas y vací­as.

Todo indica que para llegar a esta situación de «casas sin gente, y gentes sin casa», los poderes públicos han permitido durante décadas que la propiedad privada de los poderosos esté por encima del interés general, vulnerando lo establecido en la Constitución. Denunciamos esta realidad y nos rebelamos contra ella dando alternativas concretas, como el Decreto-Ley de medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.

Tras la entrada de IU en el Gobierno de la Junta de Andalucí­a, el orden de prioridades esta claro. Primero las personas y sus derechos básicos. En la actualidad la Consejerí­a de Fomento y Vivienda estudia centenares de casos, siendo una esperanza para miles de personas y sirviendo de defensa de quiénes están permanentemente en el alambre del paro y de la precariedad, aliviando la toma de la decisión entre pagar la hipoteca y comer.

El Gobierno del PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto. Un recurso que supone la paralización del decreto-ley. Ya sabemos cuál es la prioridad del Gobierno Central: primero los bancos y su cuenta de resultados, aunque suponga impedir que la gran mayorí­a de la sociedad ejerza su derecho a la vivienda digna y adecuada, y que se vulnere el principio según el que «toda la riqueza del paí­s esta subordinada al interés general».

No nos sorprende. El PP es el protector de los intereses de los bancos y de las grandes inmobiliarias, quienes detentan las viviendas vací­as, quienes especulan con el suelo, con el techo, con las paredes, con las habitación de las hijas y los hijos, con la sala de estar, con la cocina y el baño, con la calefacción y el agua caliente, con la ventana por la que entra el sol, con el hogar. El PP es el representante polí­tico de quienes han hecho un negocio infame de la necesidad de protegerse del frí­o, del calor, de la humedad y del viento. De la necesidad de tener un espacio digno donde crecer y donde vivir.

El Tribunal Constitucional tiene que deliberar acerca del recurso. No solo estará decidiendo si el decreto es constitucional o no lo es. Estará decidiendo si la Constitución sirve al interés general o sirve a las élites económicas, estando de un lado la mayorí­a de la sociedad, y del otro, la í­nfima minorí­a de la sociedad.

Llamamos a las y los miles de desahuciados e hipotecados, a quienes sufren este drama en primera persona, a los movimientos y organizaciones sociales y sindicales que llevan años peleando en la calle contra ésta y otras injusticias, a la ciudadaní­a comprometida con su pueblo, a defender el Decreto-Ley que defiende el derecho a la vivienda en Andalucí­a. Porque el decreto-Ley no hubiera sido posible sin su lucha, y ahora toca defender esta conquista, por humilde que sea.

El Gobierno del PP, el mismo que tumbó la ILP de la Dación en pago dando la espalda a un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos, pretende anular cualquier respuesta y salida a la crisis diferente a la que impone la Troika, esa mascara que usan los banqueros y los especuladores para defender sus propiedades y sus beneficios a costa de privar de toda propiedad a las nueve décimas partes de la sociedad. Nos tendrán enfrente dando alternativas concretas que dan esperanza y poder al pueblo.

En defensa del derecho a la vivienda digna y adecuada, Por Andalucí­a Sin desahucios.

No al recurso del Gobierno del PP contra el Decreto para garantizar la función social de la Vivienda.