Jyväskylä

dammarie-les-lys rencontre sans lendemain Texto íntegro de la moción. Aprobada el 25 de octubre de 2013, con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida y el voto en contra del PP.

Los presupuestos generales de las comunidades autónomas vienen condicionados en su raíz por decisiones derivadas del contenido de los presupuestos generales del estado. Por ello, el resultado de la tramitación de estos tiene una gran incidencia en el margen de maniobra que tienen las CC.AA. para elaborar sus propios presupuestos.

En efecto, la mayor parte de los ingresos de las CC.AA. (en torno al 80%) provienen de transferencias finalistas o incondicionadas desde el gobierno central según el modelo de financiación vigente.

En otras palabras, el margen para generar ingresos que tienen las CC.AA. es muy escaso. Se reduce, en la práctica, a los tributos propios (de escaso alcance) y a los ingresos derivados de la gestión de su patrimonio.

Por lo que respecta al modelo de financiación de las CC.AA., desde Andalucía y otras CC.AA. se ha venido denunciando una considerable arbitrariedad en su aplicación. Arbitrariedad que tiene como consecuencia fundamental que haya considerables diferencias en la práctica entre la financiación recibida, sobre todo, si se mide en términos de financiación recibida por habitante. Esta, la financiación por habitante, debería ser el parámetro principal que dirigiera la distribución de fondos para que esta fuera equitativa y se garantizase la igualdad efectiva de todos los hombres y mujeres de España.

Además, los presupuestos generales de las comunidades autónomas vienen fuertemente condicionados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el sorprendente reparto de los límites de déficit decidido por el Gobierno Central. Así, en 2014, mientras el gobierno central se reserva para sí un 4,8% de déficit, obliga a las CC.AA. a limitar su déficit al 1%. Esto supone de facto un incumplimiento de la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria –que prevé un reparto equilibrado del déficit entre todas las administraciones– y un injustificado adelanto de sus propias previsiones, pues el equilibrio presupuestario (déficit cero) no tiene que alcanzarse hasta el año 2020. Y, por si fuera poco, el Gobierno Central se ha reservado casi en su totalidad el incremento de recaudación derivado de la subida indiscriminada de impuestos (IVA e IRPF) aplicada por el gobierno central desde principios de la legislatura, lo que implica un recorte adicional de los ingresos de las CC.AA.

Por lo que respecta al acceso al mercado financiero –para obtener los préstamos necesarios para equilibrar el déficit– cabe decir lo siguiente: el mercado privado (bancos) está prácticamente cerrado para las administraciones públicas en general y, en particular, para las Comunidades Autónomas. A éstas solo les queda entonces recurrir al FLA, Fondo de Liquidez Autonómica, que es repartido por el gobierno central de forma absolutamente discrecional e injusta. En efecto, considerando la suma del FLA recibido en 2012 y 2013, mientras algunas comunidades como Valencia y Cataluña han recibido, respectivamente, 1318,50 y 1967,08 €/habitante. Andalucía sólo recibió 634,13 €/habitante, menos de la mitad y la tercera parte respectivamente que las otras citadas.

En otro orden de cosas, conviene aquí recordar que las CC.AA. son las administraciones responsables de las políticas sociales (educación, sanidad y servicios sociales), que en el caso concreto de Andalucía llegan a suponer más del 75% del gasto total. Con lo que cualquier merma en la financiación afecta directamente a las citadas políticas sociales. Políticas que hoy, para una sociedad extenuada y herida por la crisis y el desempleo, son más necesarias que nunca.

Todo lo anterior nos lleva a afirmar que a las CC.AA hay que garantizarles unos ingresos, al menos, como los del último presupuesto. Nunca inferiores. Si no es así el gobierno central de Rajoy y el PP estaría provocando directamente recortes en las políticas sociales. Tras tanto tiempo de esfuerzo y ajustes, los presupuestos de 2014 deben ser de respiro y aliento para las Comunidades Autónomas.

De acuerdo con lo expuesto de la manera más sucinta posible, este Grupo Municipal de Izquierda Unida, somete a la consideración de este Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente

MOCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Dos Hermanas se dirige al Gobierno de España y a los grupos políticos con representación en las Cortes Generales y, en relación con la tramitación del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, manifiesta su posición favorable a:

1. La revisión urgente del modelo de financiación autonómica. Y mientras esta se produce, a la aplicación racional del modelo actual, especialmente para Andalucía, haciendo de la financiación por habitante el parámetro principal (todos los ciudadanos del Estado Español tienen los mismos derechos).

2. El incremento general de las transferencias finalistas. En particular, de las relacionadas con el empleo y las políticas sociales.

3. La reconsideración de los objetivos de déficit y del reparto entre la administración central y las CC.AA., evitando que estas carguen con las mayores restricciones.

4. El reparto equitativo del incremento de recaudación tras la subida de impuestos aplicada por el gobierno de Rajoy, en particular la relativa a IRPF e IVA.

5. El cumplimiento íntegro de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Andalucía, garantizando que la inversión estatal en territorio andaluz es proporcional al peso de su población.

6. El reparto equitativo del FLA entre las CC.AA. tomando como parámetro principal la financiación por habitante.

7. El dimensionamiento suficiente del Programa de Pago a Proveedores, incluyendo en el mismo a las personas físicas con las que mantenga deudas la administración (como las personas dependientes).

8. La elaboración y puesta en marcha de una reforma fiscal integral y progresiva que permita aumentar los ingresos del estado y facilitar la financiación de las Comunidades Autónomas – que son las que llevan a cabo las políticas sociales – y que se inspire en principios de progresividad y redistribución (“que pague más quien más tiene”) afectando fundamentalmente a las grandes fortunas y a los beneficios de las grandes empresas.

Dos Hermanas, octubre de 2013

Manuel Lay, portavoz