Pleno 6/2014: Moción conjunta FORUM/AFINSA

Texto íntegro de la moción presentada por todos los grupo que integran el Pleno Municipal

Han transcurrido ocho años desde el estallido del escándalo financiero de las entidades Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L., que afectó e hizo perder sus ahorros a 477.351 familias (unas 97.000 en nuestra Comunidad), en su mayoría pequeños ahorradores, ascendiendo el montante global del fraude a más de 4.800 millones de euros.

El 24 de junio de 2013 las Cortes de Aragón, el 15 de octubre de 2013 las Cortes Valencianas, el 30 de octubre de 2013 la Asamblea Regional de Murcia, el 6 de febrero de 2014 la Asamblea Autonómica de Ceuta, el 13 de febrero de 2014 el Parlamento Gallego y el 9 de Mayo de 2014 el Parlamento de Asturias han aprobado, por unanimidad de todos los grupos políticos, sendas PNL, así como la moción que se expone en el presente documento y que han sido igualmente aprobadas en los siguientes Ayuntamientos: el 27/01/14 en Valdepeñas, el 27/02/14 en Murcia, el 28/02/14 en Valencia, el 05/03/14 en Getafe, el 20/03/14 en San Sebastián de los Reyes, el 27/03/014 en Leganés, el 17/04/14 en Villajoyosa, el 24/04/14 en Torrepacheco y el 05/05/14 en A Coruña, sobre una solución para los pequeños ahorradores y la defensa de las familias afectadas por el fraude de las empresas Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A., y Arte y Naturaleza Gespart, S.L. Es voluntad de esta Asamblea el mostrar de la misma manera el apoyo a una solución efectiva para los afectados en nuestra Comunidad y en todo el Estado.

Ocho años después del estallido del caso, el procedimiento de liquidación concursal se encuentra paralizado en la práctica, siendo ineficaz ante un macroproceso de esta envergadura y con una coyuntura económica desfavorable. Detrás de ello se encuentran 470.000 personas esperando justicia, de las cuales han fallecido un importante número debido a su elevada edad. Cada año perdido pesa como una losa para las familias que no pueden recuperar sus ahorros, y más en un momento de especial necesidad como es la presente crisis económica. Por ello urge que el Estado, como ente permanente, apruebe cuanto antes una solución a este grave problema social.

Los datos hoy completamente constatados por las Administraciones Concursales sobre las familias que han perdido sus ahorros, y el tipo de productos que estas empresas comercializaban (pseudo productos financieros con denominaciones como “Plan de ahorro juvenil”, “Plan de ahorro jubilación” y otras similares a los Fondos de Inversión y otros productos de ahorro-inversión) demuestran el carácter popular de los mismos y su pertenencia a estratos sociales humildes que confiaron en esas empresas como cualquier ahorrador lo hacía con entidades financieras reconocidas. El 94,81% de los afectados tenían invertidas cantidades inferiores a los 50.000 euros, todas ellas y aparte de la captación frenética de los últimos años por parte de las empresas, provenientes en su gran mayoría de ahorro familiar obtenido en períodos de hasta 20 años; existiendo además una proporción muy elevada de perjudicados que percibía por esos ahorros complementos de pensión que podían oscilar entre 100 y 400 euros mensuales.

El papel y responsabilidad del Estado es central en la búsqueda de una solución. Por ello urge resolver el problema de una manera beneficiosa para los ciudadanos y para la dignidad y credibilidad del Estado de Derecho.

Sin embargo, a pesar del alcance social y económico del problema, todavía no se han instrumentado medidas extraordinarias de respuesta a la situación en la que se encuentran numerosísimos consumidores que fueron víctimas de unas actuaciones que están siendo objeto de investigación penal. Y la perspectiva es que la duración de los procedimientos judiciales en curso será muy dilatada, por lo que es preciso y urgente encontrar una respuesta eficaz al problema planteado.

Desde ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, que agrupa y defiende como organización de consumidores a más de 100.000 familias afectadas por este fraude, se ha planteado a las instituciones, una fórmula de solución que daría satisfacción razonable, anticipada en el tiempo a las resoluciones judiciales, a la casi totalidad de las familias afectadas por la insolvencia de las empresas incursas en procedimientos concursales.

La propuesta consiste, en síntesis, en que el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dirija a quienes ostentan la condición de consumidores y usuarios una oferta de adquisición, por un determinado porcentaje de su valor nominal, de las cantidades reconocidas como crédito ordinario en los respectivos procedimientos concursales en curso de Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L.

No se trata de una fórmula nueva, puesto que ya se aplicó en otro gran escándalo, como fue del de la cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV), y, además, no produce incremento del déficit público, puesto que el ICO adquiriría un activo en procedimientos concursales que, además, le supone un desembolso real equivalente menor al nominal de los derechos que adquiere.
Por todo ello, los grupos municipales firmantes han considerado presentar esta moción que resolvería definitivamente y en justicia uno de los más graves fraudes de los últimos años.

MOCIÓN:

El Ayuntamiento de Dos Hermanas manifiesta su apoyo y solidaridad con los pequeños ahorradores afectados por el fraude de las empresas Fórum Filatélico S.A., Afinsa Bienes Tangibles S.A. y Arte y Naturaleza Gespart S.L., e instan al Gobierno Central a:

1. La búsqueda de una solución para estos pequeños ahorradores, que les permita avanzar a la mayor brevedad posible hacia la finalización de su proceso judicial.

2. Que valore detenidamente y, si lo estima procedente, acepte y lleve a cabo, la propuesta planteada por ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, para buscar una solución a los afectados por el fraude consistente en que el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dirija a quienes ostentan la condición de consumidores y usuarios una oferta de adquisición de las cantidades reconocidas como crédito ordinario en los respectivos procedimientos concursales en curso.