Pleno 10/2014: Moción contra el TTIP

Texto íntegro de la moción (rechazada con los votos en contra de PP y PSOE)

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, más conocido como TTIP por sus siglas en inglés, viene negociándose entre gobiernos, con la participación de grandes corporaciones, a espaldas de la ciudadanía: ni los documentos de negociación, ni la contribución de los distintos actores, las agendas o las reuniones con la industria son públicos.

Lo que ha trascendido de las negociaciones, en las que no han sido llamados representantes de los trabajadores o de las organizaciones de consumidores, resulta enormemente preocupante.

Estados Unidos pretende que las empresas puedan denunciar a los Estados si aprueban una ley que perjudique a la actividad empresarial que se hubiera aprobado anteriormente. En virtud de las “provisiones de disputas inversor-estado” o “capítulo de protección de las inversiones” se estipula que las empresas puedan desafiar cualquier decisión legislativa o judicial de un estado que entiendan que perjudica sus inversiones económicas y negocio. Esto significaría dar un nuevo derecho y poder a las multinacionales estadounidenses para denunciar ante un “tribunal comercial transatlántico” de nueva creación a cualquier ley o decisión judicial de carácter social, ambiental o sanitario. Cualquier estado miembro de la Unión Europea puede ser denunciado si las empresas consideran que pone en peligro sus beneficios esperados. Así, las empresas USA podrían obligar a unas compensaciones económicas masivas si el nuevo tribunal comercial transatlántico les da la razón en torno a que sus inversiones económicas pueden dañarse o no gozan de “suficiente seguridad.” Asímismo, el Tratado prevé que si algún Estado refuerza sus normas sanitarias podrá ser demandado por las empresas en estos tribunales de arbitraje privados.

Otra de las demandas claves de las patronales en todas las negaciones comerciales ha sido garantizar que la compra pública (contratos de gobiernos locales, autonómicos, estatales) sean abiertos a la competición global, especialmente de cara a los recientes programas económicos que pretenden favorecer contratos con pequeñas empresas locales frente a las empresas multinacionales como una vía de apoyar las economías locales para recuperarse de la crisis financiera, poniendo en riesgo los criterios de apoyo a la compra local o los avances que se puedan realizar en materia de clausula social o compra ética.
La actividad agrícola y ganadera que se desarrolla, por ejemplo, en Andalucía, que ronda los 5 millones de hectáreas, el 55% de la superficie de nuestra región, que es un pilar económico fundamental y que da vida a más de 750 municipios y que además permiten el mantenimiento del medio rural está en peligro. El sector agroalimentario ocupa a más de 47.000 personas en nuestra región.

Aunque la UE no permite legalmente la carne con hormonas, ni los pollos tratados con un elemento tóxico como es el cloro, ni los piensos transgénicos, ni los cerdos criados en jaulas de hacinamiento en batería, la UE sí reconocerá globalmente la seguridad alimentaria de la carne estadounidenses para que pueda tener un acceso libre al mercado europeo y llegar a sus tiendas y consumidores. En el caso del campo andaluz, éste tendrá que enfrentarse a la entrada de productos alimentarios fuertemente subvencionados. Las producciones procedentes de terceros países que no cumplen con las exigentes normativas europeas en materia laboral, social, ambiental, etc…, provocan un desequilibrio evidente en el mercado europeo y una competencia desleal para los productores agrarios comunitarios, ya que las importaciones no juegan con las mismas condiciones de legalidad y lealtad que todos los agentes del mercado

Además, podría producirse una clara vulneración y un perjuicio de los derechos de los ciudadanos comunitarios como consumidores, en lo que concierne a la veracidad de la información contenida en el etiquetado de los productos respecto a la procedencia de los mismos.

Por todo ello el Grupo Municipal de IULV-CA somete al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente MOCIÓN.

1. Que este Ayuntamiento manifiesta su posición contraria a cualquier tratado que, como el de Libre Comercio UE-EEUU que se viene negociando de manera oscurantista, perjudique a importantes sectores productivos y generadores de empleo en nuestra tierra como la agricultura o la ganadería o ponga en riesgo las políticas de defensa del sector público.

2. Exigir al gobierno de España a que haga público el contenido de las negociaciones del TTIP.

3. Exigir al gobierno de España a que someta a referéndum el TTIP para su ratificación por parte de nuestro país.

Dos Hermanas, octubre de 2014.

Fran García Parejo, concejal.