http://domaine-belmont.com/?zhaboed=recherche-un-homme-s%C3%A9rieux&031=6a Texto íntegro de la moción:

Desde hace ya unos años, se viene difundiendo desde los medios de comunicación en España ciertas afirmaciones que cuestionan la legitimidad de los derechos que se asignaron a los sindicatos —mediante diversas leyes, empezando por la Constitución— a finales de los años setenta y principios de los ochenta. Esta objeción ha empezado a adquirir durante estos últimos tiempos visos de una auténtica ofensiva de las fuerzas políticas y económicas de índole neoliberal, tanto a escala nacional como en la Unión Europea. Determinados partidos políticos y gobiernos conservadores o liberales españoles y europeos, pero también representantes cualificados de los poderes económicos y financieros, están protagonizando una intensa y persuasiva campaña de descrédito contra el rol y las funciones que, desde la restauración de la democracia, vienen desarrollando los sindicatos.

Esta campaña pretende debilitar a una de las pocas instituciones que aún subsisten en los países industrializados y que, junto con otras organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, constituyen, por encima de los partidos políticos, la más importante instancia colectiva que todavía planta cara a los intentos de acabar con los derechos sociales y económicos asociados al Estado del Bienestar, tan dura y costosamente conseguidos en España a lo largo de los últimos treinta y cinco años.

Los medio de comunicación y organizanizados grupos de presión, están encargados de crear un pensamiento crítico hacia los sindicatos y una sensación de inutilidad de los mismos. Estas ideas se propagan cada vez a mayor velocidad y, aparentemente, han calado con bastante facilidad entre muchos trabajadores y entre la población en general. Los sindicatos son percibidos por encuestas como una de las instituciones que, paulatinamente, mayor credibilidad pierden, a ojos de, por lo visto, una mayoría creciente de ciudadanos.

Parecería como si, por arte de magia, un amplio conjunto de personas consideraran, desde hace ya unos años, que los sindicatos ya no son necesarios porque, por poner un ejemplo, las condiciones de vida y de trabajo de una mayoría social han llegado a ser tales que, efectivamente, sobra su presencia, al menos en España.

¿Se trata de una maniobra orquestada desde los diversos poderes políticos y económicos, siempre reticentes, históricamente, a la existencia de los sindicatos?

Todo indica que esta pregunta tiene algo de verdad.

La crisis económico-financiera actual se ha encargado de reforzar el desmantelamiento, iniciado ya en los años ochenta, de las bases materiales e ideológicas con las que los sindicatos de clase encontraban el apoyo necesario para afrontar las desigualdades laborales y sociales existentes.

El declive de las ideas críticas contra el sistema capitalista de una parte importante de los trabajadores, pero también de los propios parados y de muchos/as jóvenes, ha facilitado a los poderes económicos y políticos, y a los medios de comunicación que estos mismos controlan, inculpar a los sindicatos, unilateralmente, de la responsabilidad del actual paro masivo, empezando, como ya se ha visto, por eliminar las horas sindicales.

Si bien algunas estrategias dudosas llevadas a cabo por las direcciones de los grandes sindicatos durante las épocas anteriores en relación con las políticas de empleo podrían haber contribuido a un cierto descrédito, también es verdad que, si alguien no es responsable de la destrucción de empleo y del paro masivo existente, éstos son los sindicatos, sino aquellos que pueden crear ocupación —empresarios y, cuando no, el propio Estado— y que, por motivos económicos y políticos, respectivamente, no lo hacen.

Por tanto, aunque una potente socialización regresiva intenta revertir la responsabilidad de la situación económica actual, los sindicatos han servido, en la medida en que lo han permitido sus escasos recursos, para concienciar y movilizar a los ciudadanos a fin de denunciar a los auténticos causantes de dicha crisis y, con ello, colaborar con otros colectivos para frenar, en la medida de lo posible, las peores consecuencias de la crisis iniciada por aquéllos.

Recientemente esta campaña orquestada de descrédito se está agudizando con una extensa lista de juicios y condenas a sindicalistas. No son juicios contra unas actuaciones ilegales, sino una actuación política del Gobierno contra el movimiento sindical y social más consecuente. De lo que se trata es de criminalizar a todas las organizaciones y colectivos que luchan consecuentemente y movilizan a la población contra esta ofensiva que estamos sufriendo. Como le ocurre a la PAH o al Sindicato de Estudiantes, el SAT y los jornaleros están en el punto de mira del PP desde hace mucho tiempo, y lamentablemente también en el de los dirigentes del PSOE en Andalucía.

Importantes procesos judiciales aguardan a estos colectivos. Aquí en Andalucía, el aparato represor del estado español la ha tomado con el SAT y con otros muchos movimientos que luchan porque no sean las clases populares quienes tengan que pagar las consecuencias de una crisis, mientras los poderosos no han hecho más que aumentar sus beneficios en estos años. Quienes creen que es posible salir de esta crisis explorando otras políticas diferentes a las que han traído a España hasta esta situación y que no permanecen con los brazos cruzados son objetivo de la represión. Las luchas sindicales y sociales pacíficas han sido respondidas con represión, muestra de ello es la llamada “Ley Mordaza” y su aplicación.

Esta justicia que actúa con esta saña contra los humildes, contra los jornaleros, que expulsa y desahucia de sus casas a miles de familias siguiendo los dictados de la banca, reprimiendo los derechos democráticos, y velando por los intereses de los poderesos. Es una justicia al servicio exclusivo de los capitalistas.

Es una vergüenza que esta actuación contra los trabajadores del campo en Andalucía, contra los parados y las familias más necesitadas que luchan por su supervivencia, no cuente con la condena del gobierno de la Junta de Andalucía, sino que goza de la complaciencia de la misma.

Julio Anguita tomaba prestadas las palabras de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que llegó a afirmar en 2014 ante el ministro de Justicia que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) estaba «pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador”.
Palabras que amplia asegurando, “ no sólo para los que roban gallinas, sino que es todavía más grave, para aquellos que luchan por la justicia y en defensa de sus derechos”.

Esta campaña de acoso y derribo, tiene su exponente recientemente en el caso de Andrés Bódalo. Un sindicalista que lleva 30 años defendiendo los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, principalmente de los jornaleros y jornaleras de Andalucía, colectivo al que pertenece. Siempre ha defendido la necesidad de unas condiciones laborales dignas, defendiendo la aplicación de los Convenios Colectivos y luchando por las mejoras laborales en los mismos.

Las acciones por las que se ha condenado al sindicalista Andrés Bódalo ocurrieron en el seno de una concentración frente al Ayuntamiento de Jódar (Jaén) que dieron lugar a una breve confrontación con los que en aquel momento ostentaban la representación popular en el municipio y en la que Andrés intentó en todo momento apaciguar los ánimos.

Sin embargo, Andrés ha sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión por atentado a la autoridad. Entendemos que la sentencia resulta desproporcionada en alto grado, quedando la presente solicitud de indulto como último intento de evitar su encarcelamiento y el cumplimiento de la pena. Junto a la pérdida social y sindical que puede provocar la entrada en prisión de Andrés Bódalo se une la difícil situación económica en que queda su familia compuesta por seis personas de tres generaciones incluido un hijo de 12 años y una nieta de 6 años enferma crónica, ya que Andrés es la única fuente de ingresos de una familia que al igual que él y muchos andaluces y andaluzas sufren ausencia de rentas y trabajo. Por tanto, entendemos que la concesión del Indulto por parte del Consejo de Ministros del Gobierno de España servirá en este caso para corregir la desproporción de la pena impuesta.

Por todo ello planteamos la siguiente moción:

MOCIÓN

1. Mostrar el apoyo a todos los sindicatos por su imprescindible trabajo en la defensa de los trabajadores/as de Dos Hermanas con motivo de la proximidad del día 1 de mayo, día internacional de los Trabajadores/as.

2. Transmitir este apoyo a los sindicatos activos en Dos Hermanas.

3. Solicitar desde este Excmo. Ayuntamiento el Indulto total o parcial para Andrés Bódalo.

4. Comunicar el presente acuerdo a la Unión Local del Sindicato Andaluz de Trabajadores en Dos Hermanas, para que pueda aprovechar el impulso que esta declaración pueda ayudar en su petición.

Dos Hermanas, abril de 2016

Francisca López Adame,                               Rita María Jiménez Montes

   Concejala IULV-CA                          Portavoz Grupo Municipal Sí Se Puede DH

rencontre djerba homme Vídeo del pleno