olivet rencontres célibataires El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) es uno de los pilares que sustenta nuestro Sistema de Atención a la Dependencia, sobre todo a partir de la aprobación en 2006 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. Se trata, por tanto de un servicio público de carácter esencial cuya finalidad es garantizar la igualdad en el derecho subjetivo de ciudadanía mediante la promoción de la autonomía personal de las personas en situación de Dependencia.

Los trabajadores y trabajadoras del SAD, aunque se trata de un sector eminentemente feminizado, son personal especializado que proporcionan una serie de atenciones en su domicilio a personas con dificultades para su desenvolvimiento habitual y en desarrollo de apoyo en todas las actividades básicas de la vida diaria, fundamentalmente personas mayores, pero también personas con diversos grados de dependencia y familias, permitiendo de este modo la autonomía de las personas y facilitando la permanencia en sus hogares.

Se debe tomar en especial consideración que estas trabajadoras, pese a estar normalmente subcontratadas por medio de empresas privadas, prestan un servicio de titularidad pública que gestionan normalmente los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, mancomunidades y/o Diputaciones.

Diversos estudios y las propias trabajadoras del SAD a través de sus organizaciones llevan denunciando el alto grado de exposición a riesgos laborales de su actividad, la siniestralidad laboral del sector, y el desamparo en el que se encuentran ante la precariedad. A lo largo de estos últimos años estos problemas se han agravado, debido a los recortes presupuestarios a la Dependecia, lo que ha motivado que las administraciones adjudiquen los contratos para el SAD atendiendo exclusivamente a las ofertas más baratas, sin importar la calidad en la atención a los/as usuarios/as, ni las condiciones de vida y trabajos de las cuidadoras.

La aportación estatal al sistema se ha ido reduciendo paulatinamente, de manera que el propio Gobierno reconoció en sucesivos informes que la batería de recortes en dependencia ha supuesto un “ahorro” de más de 4.000 millones de euros. Recientemente conocemos el anuncio de una importante inversión en esta materia (2.230 millones de Euros) que se encuentra a la espera de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y que, por lo tanto, aún no se puede dar por realizada.

La externalización del SAD a través de contrataciones públicas sin criterios sociales ha derivado en inestabilidad y rotatividad de las personas trabajadoras en dicho servicio. Entre las personas usuarias y profesionales se crea un vínculo que va mas allá de la relación prestacional, incidiendo de manera directa en la salud de las personas dependientes, teniendo en cuenta el carácter integral del concepto salud.

La apuesta por la municipalización de la ayuda a domicilio responde a una cuestión práctica y de sentido común que, entre otras cosas, permitiría un mejor funcionamiento, un mayor control del servicio por parte de la administración pública, así como la dignificación de las condiciones laborales de la plantilla y la continuidad de las decisiones que se toman desde el punto de vista empresarial.

Por todo ello el Grupo Municipal de IULV-CA somete al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente MOCIÓN:

1. Creación de una comisión que establezca un calendario para la municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio con el objetivo que no se vuelva a licitar para ser gestionado por empresas privadas.

2. Que se invite a los representantes de los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Dos Hermanas a participar en dicha comisión.

3. Instar al Gobierno del Estado a hacer cambios normativos necesarios para reconocerr las enfermedades profesionales asociadas a la actividad de las Auxiliares a Domicilio y a establecer la obligatoriedad de realizar evaluaciones de riesgos laborales específicas en los domicilios de los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio, que contemple específicamente la evaluación de los potenciales riesgos físicos ergonómicos, psicosociales y biológicos asociados a cada servicio.

4. Instar al Gobierno del Estado a reconocer el excepcional índice de penosidad asociado a la actividad laboral de la Ayuda a Domicilio y a aprobar la anticipación de edad de jubilación de estas trabajadoras.

5. Instar al Gobierno del Estado a realizar las modificaciones legislativas necesarias para priorizar la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte de la Administración Local.

Dos Hermanas, enero de 2019

Fran García Parejo, Portavoz IULV-CA

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