La conocida como Ley de la Memoria Historia, se aprueba con el fin de restituir la dignidad arrebatada por la dictadura franquista a los cientos de miles de luchadores y defensores de la legitimidad democráticamente constituida en 1931 y para resarcir en la medida de lo posible a sus herederos. Uno de los apartados de dicha ley contempla la búsqueda de los cientos de fosas comunes diseminadas por la geografía de nuestro país, donde fueron enterrados estos luchadores por la libertad.

Desde el inicio de la democracia en nuestro país, todas las fuerzas políticas han incluido entre sus ejes programáticos y compromisos electorales la mejora de la financiación municipal, y siempre la FEMP ha planteado como prioridad resolver el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos. También el Congreso y el Senado han aprobado a lo largo de los años numerosas mociones, proposiciones,  etc., instando al gobierno de turno a que resolviera el problema de financiación deficitaria de los Ayuntamientos de nuestro país. Mas aún, todos los Presidentes de Gobierno se han comprometido a abordar sin demora el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos. Durante 30 años se ha reconocido la justeza de la reivindicación municipal, al mismo tiempo que se han adoptado decisiones institucionales que se han incumplido de un modo flagrante por los gobiernos del PP y del PSOE  a nivel estatal.

Como es conocido, Cuba está sufriendo un desastre humanitario provocado por los huracanes Ike y Gustav. No es la primera vez que ocurre, pero en esta ocasión la virulencia de la catástrofe, sin provocar numerosas víctimas, sí ha destruido 400.000 viviendas, la evacuación de más de dos millones de personas, la pérdida del 50% de la producción agrícola y ganadera de toda la isla y resultando afectadas gravemente la industria, las infraestructuras eléctricas y telefónicas, con la inutilización total o parcial de cientos de kilómetros de cables, torres de alta tensión, postes, etc…

A partir de 1990, la política europea llevada a acabo por los distintos gobiernos en materia de inmigración y, de asilo ha conducido a una reducción continua de las garantías y protecciones fundamentales de las personas. Europa se transforma en una fortaleza atrancada e implanta medios desproporcionados para impedir el acceso a su territorio, y expulsar a los extranjeros sin papeles.

Los ministros de Trabajo de la Unión europea han aprobado una propuesta de la Presidencia eslovena que permitirá a cada Estado miembro modificar su legislación para elevar la semana laboral vigente de 48 horas hasta las 60 horas semanales en casos generales y a 65 para ciertos colectivos como los médicos.