El 11 de Diciembre han sido juzgados once trabajadores sindicalistas de CCOO, pertenecientes a la empresa metalúrgica Extruperfil, por participar en una serie de movilizaciones desarrolladas a finales de 2003 para reivindicar y denunciar los continuos incumplimientos por parte de la citada empresa en aspectos sobre la seguridad en el trabajo, salud laboral, jornada, etc., reivindicaciones éstas que son derechos recogidos en la legislación laboral y que la empresa, lejos de cumplirlos, tomó la determinación de emplear una feroz represión sobre los trabajadores.

La petición fiscal para cada uno de estos 11 trabajadores consistía inicialmente en una multa de 3.000 euros y 3 años y medio de prisión por unos supuestos delitos de daños materiales y atentado a los trabajadores, si bien esa petición ha sido retirada en el mismo juicio, quedando limitada, en la práctica, a la imputación de una falta a parte de esos trabajadores.

Pero mientras esto ocurre, y con independencia de la condena finalmente impuesta a estos sindicalistas, convendría puntualizar una serie de datos y cifras que pueden “ilustrar” y acercarnos a la cruda realidad de muchos trabajadores españoles.

Los datos del Instituto de Estudios Económicos afirman que en el primer trimestre del año 2006, el 33% de todos los contratos de trabajo eran temporales (1,4% más que en 2005), mientras la media de la Unión Europea es del 13%.

Paralelamente a la temporalidad en el empleo, existe una cuantía excepcionalmente baja de los salarios en un elevado porcentaje de los españoles. En este año 2007, el salario mínimo interprofesional es de 570,6 euros, poco más que el umbral de la pobreza. A título comparativo, baste decir que en 2006, el salario mínimo en Francia fue de 1.254 euros, es decir, más del doble que el español.

Y si hablamos de pobreza, en España ésta alcanza niveles nada desdeñables. Para calibrar el grado de la misma se suelen distinguir 2 niveles: Pobreza relativa, que es la que afecta a personas con ingresos menores que el 50% de la renta neta media disponible, y pobreza severa, que afecta a las personas con ingresos inferiores al 25% de la citada renta. A finales de 2006 un 20% aproximadamente de la población (más de 8,5 millones de personas) vivía en la pobreza relativa, mientras que un 3% (más de 1.300.000 personas) padecía los efectos de la pobreza severa.

En el lado opuesto podríamos citar los salarios de los banqueros (varios cientos de miles de euros mensuales, supongo que como mínimo) o el de los futbolistas más cotizados, que pueden superar ampliamente el millón de euros al mes.

Según datos publicados por el diario El País (27/5/2007), los 541 directivos de las mayores empresas españolas cobraron en el año 2006 una media de 900.000 euros anuales (directores y consejeros delegados cobraron una media de más de 2 millones anuales).

Y siguiendo con más datos, según un informe de la OCDE, publicado por El País el 24/6/2007, mientras que los beneficios empresariales aumentaron un 73% entre 1999 y 2006, el salario medio de los españoles perdió un 4% de poder adquisitivo entre 1995 y 2005, siendo el único país de la OCDE en el que se ha producido un retroceso de este tipo.

La siniestralidad laboral es extraordinariamente elevada. Según El País Digital del 22/5/2007, en España 6,6 trabajadores de cada 100.000 mueren por accidentes laborales (la media en la Unión Europea es de 4,8), lo que supone una media diaria de casi 4 trabajadores muertos, siendo el sector más afectado el de la construcción.

Los problemas derivados de un accidente laboral persisten incluso después de celebrado el juicio. Según el coordinador de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía General del Estado, Juan Manuel Oña, los procesos penales que rigen estos casos “se quedan aparcados en los juzgados, a veces de forma interesada por parte de los empresarios y otras por la falta de jueces de instrucción especializados, y su resolución tiene una tramitación media de más de tres años”.

Con un 8,5 de paro, un 33% de contratos temporales, un salario mínimo rayando el umbral de la pobreza, un 20% de pobreza relativa, un 3% de pobreza severa y una tasa de siniestralidad laboral de casi 4 trabajadores muertos diariamente, no se puede decir que se cumpla precisamente el artículo 35.1 de la Constitución referente al derecho al trabajo y a una remuneración suficiente de los españoles, máxime cuando en el otro lado de la balanza están los beneficios astronómicos de las empresas y los salarios escandalosos de sus ejecutivos.

Ahora bien, en un sistema democrático la Justicia debe de tener una exigencia básica de igualdad, la cual se traduce en la profundización de la democracia económica. Mientras que el Derecho ha de ser un instrumento al servicio de la justicia social y de la nivelación de asimetrías.

En mi opinión, si el Derecho laboral tiene su origen en el intento de limar la asimetría que padece el trabajador frente al empresario, el Derecho penal surge para asegurar los derechos del infractor frente a la venganza privada y la arbitrariedad del poderoso, de la misma forma que el Derecho administrativo busca asegurar unas garantías básicas al ciudadano frente al poder del Estado.

Rebelarse, como señala Albert Camus en “El hombre rebelde”, es hacer posible lo que es necesario. Si algo es necesario es precisamente la justicia en un mundo copado por la injusticia y repleto de víctimas. De ahí se desprende que no se puede avanzar en el camino de la justicia sin ponerse descaradamente del lado de las víctimas. Es imposible luchar contra la injusticia sin ejercer el disenso con lo injusto dado. En un mundo sustancialmente desigual son proféticas las palabras de Erik Fromm: «Si la capacidad de desobediencia constituyó el comienzo bíblico de la historia humana, la obediencia podría muy bien provocar su fin».

Una vez más, la Constitución Española es papel mojado y desde un punto de vista social, España dista mucho de ser una Democracia y un Estado de Derecho.

De todo ello, pueden dar fe estos 11 trabajadores (Jesús, José María, Alexis, Luciniano, Francisco, Rubén, Joaquín, Marcos, Miguel, Enrique y Alfonso) que con su actitud son un ejemplo de dignidad obrera. Vaya desde aquí mi más sincera admiración y apoyo solidario.

Ángel López Mora, Sección Sindical de CC.OO. en el Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Más información:

• Encierro solidario con los trabajadores procesados de Extruperfil (Sección Foto-Denuncias, ver aquí)
• Solidaridad con los trabajadores procesados de Extruperfil (Comunicado conjunto Unión Local CC.OO. – Comité Local del PCA – Consejo Local de IULV-CA, Sección Asamblea, ver aquí)