Desde el inicio de la democracia en nuestro país, todas las fuerzas políticas han incluido entre sus ejes programáticos y compromisos electorales la mejora de la financiación municipal, y siempre la FEMP ha planteado como prioridad resolver el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos. También el Congreso y el Senado han aprobado a lo largo de los años numerosas mociones, proposiciones,  etc., instando al gobierno de turno a que resolviera el problema de financiación deficitaria de los Ayuntamientos de nuestro país. Mas aún, todos los Presidentes de Gobierno se han comprometido a abordar sin demora el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos. Durante 30 años se ha reconocido la justeza de la reivindicación municipal, al mismo tiempo que se han adoptado decisiones institucionales que se han incumplido de un modo flagrante por los gobiernos del PP y del PSOE  a nivel estatal.

Lejos de avanzar en la mejora de la financiación, en estos años se han producido decisiones y hechos que han ido agravando la situación hasta límites insostenibles. Los ayuntamientos, ante la dejadez de otras administraciones, han ido asumiendo competencias impropias que se están financiando con recursos municipales cuando deberían ser financiadas por otras administraciones; si a ello unimos una financiación insuficiente e injusta, un modelo desigual, confuso y parcial, decisiones como la retirada del IAE sin la compensación oportuna por parte del Estado y la creciente demanda social de servicios, podemos concluir que se ha llegado a una situación realmente limite.

Así lo entendió la Asamblea de la FEMP celebrada el año pasado, que centró buena parte de su debate y resoluciones en la necesidad de abordar sin más demora este reto, exigiendo al gobierno de la nación y a los gobiernos autonómicos que asumieran sus responsabilidades y que abordaran, junto a los ayuntamientos, un nuevo marco de financiación local que no podía aislarse del debate de la financiación autonómica, sino caminar de forma conjunta y que debía perseguir, desde la corresponsabilidad competencial y financiera, el objetivo de asumir los retos de la ciudadanía para el siglo XXI.

Los ayuntamientos, los pueblos y las ciudades, han sido auténtico motor de cambio en nuestro país en los últimos 30 años, pueden y deben jugar un papel clave para conseguir la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y para incrementar la cohesión social, pueden y deben ser la institución que con mayor rapidez y eficacia, pueden dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, pueden y deben ser espacios de convivencia e integración y son sin ninguna duda el primer lugar al que acuden los ciudadanos buscando solución a sus problemas, unas veces de competencia municipal y la mayoría de veces de competencia de otras administraciones. Para cubrir estos objetivos son imprescindibles más recursos. A pesar de todo esto, la situación de los ayuntamientos es hoy lamentable, peor en porcentaje de asignación de recursos que hace 25 años.

Desde IU hemos trabajado, en el marco de la FEMP y a través de nuestra representación en las instituciones del Estado y de las comunidades autónomas, para que esta situación mejore y para que se aborde este tema con urgencia; lo hemos hecho con lealtad, pero dejando claro que en esta materia no caben ya soluciones a medias y que es el momento de abordar este asunto junto con el nuevo modelo de financiación autonómica. Ya no caben demoras, demagogias, ni disculpas.

Cuando el debate se encontraba en esta fase nos hemos visto sorprendidos por las propuestas del Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, que ha incluido en el anteproyecto de presupuestos del 2009 una REBAJA de los recursos que van destinados a los Ayuntamientos. Es la primera vez, en los años de democracia, que la asignación municipal podría reducirse en los Presupuestos Generales del Estado. Si no fuera tan grave, parecería un sarcasmo.

Se hace esta propuesta por parte del gobierno en el marco de un debate sobre la supuesta necesidad de austeridad en las cuentas publicas, austeridad que, por cierto, sólo se prevé para la administración municipal, que está sufriendo de un modo considerable la reducción de sus recursos como consecuencia de la crisis económica y el parón de la construcción.

Desde IU queremos mostrar nuestro total desacuerdo con esta propuesta por considerarla injusta y errónea desde el punto de vista político y social, por suponer un claro incumplimiento de los compromisos electorales del Gobierno del PSOE y porque, una vez más, se está pretendiendo que la parte más frágil de la administración siga asumiendo grandes retos con escasos recursos.
Todos sabemos que en épocas de crisis es imprescindible que existan recursos suficientes para paliar las necesidades de las clases populares que son víctimas del paro, las hipotecas, el aumento de los precios en productos básicos, etc. Todos sabemos que esos ciudadanos, al primer lugar al que acuden con su angustia y sus necesidades, es a los Ayuntamientos. Por ello, reducir la aportación estatal a los ayuntamientos es, sin duda, reducir el gasto social que podría ayudar a que no paguen la crisis en solitario, una vez más, los de siempre.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía somete a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente

MOCIÓN

1º Exigir al Presidente de Gobierno que retire la propuesta de participación de ingresos del Estado prevista para los ayuntamientos anunciada por el Ministerio de Economía y Hacienda, por ser claramente insuficiente, y que se comprometa a incrementar esta partida de un modo considerable respecto a la aprobada en los presupuestos del 2008, de acuerdo con la FEMP.
2º Exigir al Presidente de Gobierno que garantice un debate conjunto sobre financiación autonómica y local que permita abordar la necesaria financiación local de un modo global y con un modelo concertado entre gobierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos, cumpliendo los mandatos realizados por el Congreso y el Senado en resoluciones aprobadas en esta materia.
3º Exigir al Presidente del gobierno que ponga en marcha un nuevo modelo de financiación local que garantice la suficiencia financiera de las entidades locales, la igualdad de los municipios y la prestación de servicios básicos de calidad para todos los ciudadanos con independencia del municipio (grande o pequeño).
4º Exigir al presidente del Gobierno el reconocimiento de la deuda histórica municipal que se ha ido acumulando a lo largo de los años como consecuencia de la asunción de competencias de otras administraciones con recursos de los propios ayuntamientos y que están cuantificados en cerca de 7.000 millones de euros, estableciendo los mecanismos correspondientes para su compensación.
5º Exigir al Presidente del Gobierno el compromiso para la aprobación de una nueva Ley de Gobierno local y una nueva Ley de financiación Local que, con el más amplio consenso político, establezca el nuevo marco competencial municipal con la financiación adecuada y suficiente en el presente periodo de sesiones parlamentario.
6º Exigir a las comunidades autónomas la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a abrir la participación de los Ayuntamientos en los ingresos de las comunidades autónomas, con objeto de cumplir el mandato constitucional de suficiencia financiera de las corporaciones locales que hoy asumen, sin compensación alguna, competencias claramente autonómicas.
7º Apoyar cuantas iniciativas realice la FEMP para conseguir estos objetivos, ante la insostenibilidad de la situación de financiación municipal existente en este momento, sin excluir las medidas de presión y reivindicativas que se consideren oportunas.
8º Proponer a la FEMP la realización de plenos en todos los ayuntamientos del Estado español en la misma fecha para mostrar el desacuerdo con la situación actual, exigir un acuerdo de financiación justo y suficiente y apoyar cuantas medidas se consideren oportunas para conseguir estos objetivos.
9º De la presente moción se dará traslado al Presidente del Gobierno de España, al ministro de Economía, a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, a la presidencia de gobierno de la Comunidad autónoma de Andalucía, a los grupos parlamentarios andaluces y al movimiento asociativo de la ciudad.

Dos Hermanas, junio de 2008

Manuel Lay, portavoz

(*) Esta moción fue rechazada, con los votos en contra de PSOE y PP