El debate de la aprobación de las tasas fiscales del año próximo tiene que partir, necesariamente, de dos elementos de análisis inevitables: primero, de las ordenanzas aprobadas el año pasado; y segundo, de los tiempos de crisis que vivimos.

Como es sabido, las ordenanzas fiscales que se aplican este año se aprobaron a finales del año pasado con el voto favorable global de nuestro grupo, fruto de un acuerdo que se produjo dos días antes del pleno, mediante el cual se modificaba casi por completo la propuesta inicial del grupo de gobierno. El gobierno local quería aplicar una subida del IPC de entonces, que, recordemos, estaba en torno al 5 por ciento, y dejar al mínimo el IBI. Tras aceptar la propuesta de Izquierda Unida, con algunas excepciones, no se subieron las tasas y se mantuvo el IBI como estaba.

Hoy, un año después de aquel acuerdo, se puede concluir que fue un acuerdo justo para la ciudadanía y beneficioso para las arcas municipales, porque las tasas se han ajustado a la inflación real de 2009 y el mantenimiento del IBI ha servido para compensar, al menos en parte, la bajada generalizada de la recaudación producida en aquellos impuestos relacionados con la construcción.

La propuesta de Izquierda Unida ha debido seguir siendo lo suficientemente razonable para el gobierno local porque, para el próximo 2010, el gobierno local mantiene prácticamente la misma receta. Y nuestro grupo, por lógica, va a apoyar esa filosofía como criterio o filosofía global.

Pero, como sabéis, hemos presentado algunas propuestas que, por lo leído en prensa, no van a ser tenidas en cuenta. Los objetivos de estas propuestas tenían en cuenta el segundo de los elementos mencionados, la crisis, y añadía factores que se pueden considerar propios de una política fiscal de izquierdas:

1. Aumentar la progresividad en la presión fiscal.
2. Aumentar la recaudación para ofrecer mejores servicios públicos.
3. Paliar las dificultades económicas recaudatorias a las personas con menos recursos.

En lo concreto, Izquierda Unida proponía una modificación de la Ordenanza de RSU, es decir, la conocida como tasa de basuras, donde proponíamos una modificación del calculo de la cuota, que, en vez de tomar como referencia el consumo de agua, se haría aplicando un 0.07% sobre el valor catastral de la vivienda. Con esta nueva fórmula, la recaudación para el 2010 sería similar a la de 2009, es decir, no se produciría merma de ingresos, pero sí sería más progresiva, en la medida en que los habitantes con más patrimonio inmobiliario pagarían proporcionalmente más que los que tienen menos. Añadíamos a la propuesta la posibilidad de revisiones anuales y la de realizar pagos timestrales.

Esta modificación supondría, por ejemplo, que una familia que viviera en Cantely pagaría de basura unos 21 € de media y una de La Motilla pagaría 105 euros, cuando ahora la media de ambos ronda los 60 € anuales.

Respecto a esto último, mantendríamos las mismas condiciones actuales para comercios e industrias.

Tenemos que decir que, pese a lo dicho en la prensa por Ana Sánchez, nuestra propuesta encaja con la legalidad, como establece el articulo 24 de la Ley de Haciendas Locales, que especifica que la cuota de las tasas podrá ser progresiva en función de “criterios genéricos de capacidad económica”. En este sentido, nos gustaría saber cuál es esa sentencia que dice que no se puede hacer, porque nosotros la hemos buscado y no la hemos encontrado.

Como criterio general, también hemos propuesto, en base a la situación de crisis, la exención del pago de las tasas para las familias que ingresen menos de 500 €, así como planes personalizados de fraccionamiento en el pago de impuestos y tasas sin recargos.

Como llevamos haciendo varios años, hemos mantenido la propuesta de incrementar el IBI de las viviendas vacías y la desaparición o reducción a simbólicas de las tasas de la Universidad Popular.

Ya lo he dicho en dos ocasiones: no hemos recibido otra respuesta a nuestras aportaciones que lo leído en prensa. Creemos que hubiéramos merecido, al menos, un “no” por escrito, o en persona. Pero bueno, así son las cosas. En todo caso, y como tenemos por costumbre hacer política por la razón y no por el resentimiento, vamos a votar a favor de todas las ordenanzas fiscales, con excepción, lógicamente, de aquellas en las que no se nos han aceptado nuestras propuestas. Nos abstendremos en las de la Universidad Popular y votaremos en contra de las tasas de basura.

(Turno de réplica)

Me parece sorprendente que la delegada de Hacienda de un gobierno local socialista siga expresando año tras año su satisfacción por tener una de las presiones fiscales más bajas del Estado. Entendería que un dirigente de un partido liberal hiciera esta declaración. Pero admito que no lo entiendo en una dirigente de una formación política que se define como socialdemócrata. La subfinanciación de los ayuntamientos, de lo que hablaremos dentro de un rato, es resultado de la baja presión fiscal. De ahí que estar satisfecho de tener una baja presión fiscal implica que estamos satisfechos de estar muy retrasados en nuestro Estado Social, lo cual no deja de ser sorprendente e incoherente en una persona que se considera socialdemócrata.

Ya sabemos que un político tiene que ser consciente de que subir los impuestos es muy impopular, lo cual no es necesariamente cierto. Depende de quien es el que paga los impuestos y para qué fines. Si a la ciudadanía se le pregunta “¿Está usted a favor de subir los impuestos a fin de reducir el déficit del Estado?”. La respuesta será, por gran mayoría, un no. En cambio, si a la ciudadanía se le pregunta “¿Está usted de acuerdo en que la gente más rica de Dos Hermanas pague más impuestos para mejorar la la escuela pública, o las escuelas de infancia, o los servicios domiciliarios, o la vivienda social, o el Plan Municipal de Empleo?” la respuesta sería abrumadoramente positiva. Como decía recientemente el profesor Vicenç Navarro, es normal que la derecha se oponga, utilizando improperios para definir tales medidas redistributivas como “demagógicas”, “anticuadas”, “imitación de Robin Hood”, y otros insultos cuando la izquierda pide que se redistribuyan los recursos.

En Dos Hermanas se aplican unas tasas de basura similares a las que se van a pagar en el Ayuntamiento de Madrid. Este año hemos contactado con nuestro grupo municipal de allí para enterarnos bien del fondo y de la forma del asunto. No nos han dicho que Gallardón se haya fijado en Dos Hermanas, no, pero sí nos han recordado que quien quitó las tasas de basura en Madrid no fue el PP, sino el PSOE de Juan Barranco, y que lo hizo de manera similar a como lo proponemos en Izquierda Unida: incrementando la cuota del IBI.

El pago de la tasa de basura proporcional al consumo de agua es, por decirlo en términos futbolísticos, un “boleón” en el que se producen irracionalidades a partir del momento en que se tiene en cuenta el número de personas a la hora de facturar, o en el caso de los contadores comunitarios, como donde yo vivo, que, por mucho que ahorre, pago la misma tasa de basura que quienes despilfarran agua. La concepción de la tasa de basura como “componente ecológico” es fácilmente asumible en la propuesta: se puede establecer un mínimo obligatorio, que podría ser de 20 ó 25 euros, y el resto se podría calcular en función del IBI. Sería una fórmula mixta.

En cuanto al cobro del IBI en las viviendas vacías, no entiendo por qué en unos casos sí y en otros no. No entiendo por qué el año pasado se estableció el cobro de una tasa a los operadores de telefonía móvil, sin saber si la íbamos a cobrar, y no se puede establecer ese mismo criterio para las viviendas vacías. Que se haga la ordenanza, y luego se aplique si se puede o para cuando se pueda.