Me colé en la primera reunión de Carrión con tres vecinas y un vecino de la calle Soria que protestaban por el intento de poner en funcionamiento una antena de telefonía móvil en el bloque de viviendas que hace esquina en esa calle con Reyes Católicos. Al parecer, después de un primer intento, se aprovechó la algarabía popular por el triunfo de la selección española de fútbol para continuar con un segundo; pero no contaron con el contrataque del vecindario, así que la policía local apareció a los diez minutos de comenzar a trabajar la subcontrata y diez minutos más tarde ya estaba la nueva denuncia puesta. Los vecinos pararon la instalación, una vez más, pero con la inseguridad de saber qué iba a pasar al día (o la noche) siguiente.

Estamos hablando de una antena cuya empresa tiene menos papeles que el que se está bañando. Lo que se dice nada de nada, ni tan siquiera una comunicación en el departamento correspondiente de la concejalía de urbanismo. Una ilegalidad palmaria, de tarjeta roja, contra la que el concejal de urbanismo informó que, legalmente, sólo cabe precintar la instalación -ya veremos si se podrá entrar directamente en el edificio o habrá que acudir a la vía judicial-, además de imponer la correspondiente sanción económica y, en último término, instar a la demolición de lo levantado.

Hasta ahí todo bien, pero había cuestiones que no encajaban. Por ejemplo, no encajaba que se haya tenido que esperar a que la empresa reincidiera en su intento para estudiar el precintado de la instalación. No encajaba esa parsimonia tan incolora, ni siquiera de amonestación verbal, por parte del ayuntamiento. Tampoco encajaban las palabras “No hace falta que vengan todos los vecinos de la calle, ni que me traigan una instancia firmada por cincuenta personas, es suficiente con una persona y una firma”, dichas por el jefe político de urbanismo. Si algo me ha enseñado la experiencia de estos pocos años, es que las reivindicaciones de la gente sólo salen adelante si llenas el vestíbulo de ciudadanos cabreados, o si el jaleo que se forma en las puertas de la casa consistorial es un estorbo para el plácido murmullo habitual del interior. Si la queja vecinal de la calle Soria se hubiese limitado a una firma estampada en una instancia, la antena ilegal ya estaría funcionando a pleno rendimiento.

De aquella primera reunión me quedo con una frase, una tarjeta amarilla, dicha por mi amigo Joaquín Caro. Es esta, más o menos: “En algún momento habrá que plantearse echar cuenta a los vecinos”. Parece una perogrullada, sobre todo para unos políticos como los que nos gobiernan, acostumbrados a que sean los vecinos quienes ’se dejen echar cuenta’, votados y revotados cada cuatro años. Por eso Carrión no se comprometió a nada, ni aseguró fecha alguna, ni tan siquiera pudo dar idea sobre si la antena sería retirada a medio o largo plazo. Por cierto, Carrión insistió varias veces en su “no entiendo por qué nos quejamos tanto, si todos usamos móviles”, pero cuando se le preguntó si aceptaría tener una antena de telefonía en el tejado de su casa, dijo que no, es decir, que recibió un gol por toda la escuadra. Después de esa reunión hubo otras, y en todas se decía lo mismo: mañana lo arreglaremos, vuelva usted mañana.

Pero el arreglo no llegaba, así que los vecinos y vecinas no se aburrieron, sino más bien al contrario: cada día se enfadaban más. Así fue hasta el día del pleno municipal celebrado el pasado 23 de julio, cuando, por primera vez en mucho tiempo, la sala se llenó de gente para ver qué respondía Carrión a nuestra pregunta sobre la antena. ¿Y qué pasó? Pues que el gobierno local se asustó, así de sencillo. Después de varias semanas mareando la perdiz, el concejal de urbanismo aseguró, ante la concurrencia, que la propia empresa instaladora de la antena se había comprometido a desmontarla “la semana que viene”, es decir, entre el 26 de julio y el 1 de agosto. Donde antes todo era problemas, ahora, de repente, llega la “solución mágica”.

De este tema se pueden extraer varias enseñanzas. Los vecinos y vecinas de la calle Soria (y las calles adyacentes) han conseguido que una empresa multinacional, ayudada por un gobierno municipal que hacía la vista gorda, diese su brazo a torcer. Con este ejemplo vecinal, se ha evitado que caraduras sin escrúpulos salieran de rositas al cometer una ilegalidad con nocturnidad y alevosía. Además, se ha sentado un precedente para quienes quieran intentarlo en próximas ocasiones: la gente tiene que saber que la movilización social funciona, el ayuntamiento está advertido de que ya no vale silbar y mirar para otro lado y las empresas de telefonía móvil ya se lo pensarán algo más antes de intentar hacer las cosas con tanta fullería.

Eso sí, la victoria hay que mantenerla en el tiempo. En el pleno, el alcalde dio a entender que no habría nada que hacer si una instaladora viene con todos los papeles en regla. Eso no es cierto, porque hay muchos casos (incluso en Dos Hermanas) de antenas legales que se han retirado por la presión ciudadana. La advertencia del alcalde significa que si la misma empresa quiere legalizar una nueva antena, incluso en el mismo sitio, tendrá el visto bueno del ayuntamiento. Así que habrá que seguir vigilando y no bajar los brazos.

Manolo Lay, coordinador local de Izquierda Unida.