Desde nuestra entrada al Gobierno andaluz, IU Andalucía ha trasladado una postura muy clara, tanto desde nuestro grupo en el Parlamento andaluz, como desde nuestra participación en el Consejo de Gobierno: http://ocan.com.mx/?chydesa=app-conocer-gente-humanes-de-madrid&f72=21 la vivienda debe cumplir una función social y no una función especulativa.
La problemática que vivimos en el país, derivada de Damascus la crisis el capitalismo y las estafas perpetradas por los capitalistas, ha provocado en torno a 400 mil desahucios en el conjunto del Estado desde 2007. En Andalucía unos 86 mil.
Es por esto que IU Andalucía, no sin trabas del socio de gobierno, mejor apps para conocer personas ha impulsado este Decreto-Ley en defensa de la función social de la vivienda, a propuesta de la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por nuestra compañera Elena Cortés.
¿Qué supone este Decreto-Ley?
- Consagra la vivienda como derecho protegido, combatiendo su concepto como mera mercancía.
- Supone un giro radical en la forma de concebir la vivienda: de la vivienda como mercancía, a la vivienda como derecho.
- Da respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social, económica y habitacional.
- Supone un ejercicio de defensa del interés general frente a los intereses particulares de la banca y las grandes empresas.
- Apunta directamente a los culpables de la crisis en beneficio de sus víctimas.
- Con él Andalucía se sitúa a la vanguardia absoluta en España en defensa del derecho a la vivienda.
¿Y cómo?
Frente a otros gobiernos autonómicos o el gobierno central, IU da estricto cumplimiento a su programa y al pacto de Gobierno, estableciendo una serie de medidas concretas que garanticen esta función social, de las que destacan:
- La vivienda es un derecho humano, y las administraciones públicas deben hacer efectiva su regulación. Una vivienda vacía es el mayor exponente del uso antisocial de la propiedad privada.
- No es posible ni decente que un país que permite el despojo masivo de viviendas no impulse medidas para que las viviendas deshabitadas de los bancos no puedan disponerse para el alquiler.
- Expropiación temporal (tres años) del uso de las viviendas a las personas jurídicas (bancos, filiales, entidades de gestión»¦.) que estén en proceso de ejecución o hayan sido embargadas a aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social y no tengan alternativa habitacional. Ante la incapacidad del Gobierno central de asumir su responsabilidad y terminar con los desahucios ilegítimos, IU en el gobierno andaluz exprime sus competencias para impedir los desahucios.
- Sanciones de hasta 9.000 euros a personas jurídicas (bancos, inmobiliarias) que tengan viviendas vacías.
- Incentivos al alquiler para personas físicas: aseguramiento de los riesgos que conlleva el arrendamiento, garantizando el cobro de la renta y el arreglo de eventuales desperfectos; medidas fiscales que determinen las respectivas Administraciones; subvenciones que serán recogidas en el próximo Plan de Vivienda.
- Las políticas públicas al servicio del interés general y con el objetivo de regular desde lo público el mercado del alquiler y garantizar el acceso a la vivienda de quienes necesitan una vivienda y no pueden acceder a la propiedad mediante una hipoteca perpetua.
El Decreto-Ley es plenamente garantista y arbitra un procedimiento contradictorio que garantiza la seguridad jurídica de sus actores en tanto que deja fuera:
- Las residencias secundarias.
- Las residencias de recreo.
- Las viviendas reguladas por la legislación turística.
El Decreto-Ley no comporta en ningún caso sanciones a personas físicas por tener viviendas vacías.
El objetivo del Decreto-Ley es hacer aflorar el máximo número posible de las 700.000 – 1.000.000 de viviendas vacías.
ES UN DECRETO-LEY DE JUSTICIA SOCIAL Y COMBATE VARIOS FENÓMENOS EN ANDALUCíA:
- 700.000 a 1 millón de viviendas vacías. Más del 20% del total.
- 45 desahucios al día en Andalucía (86.000 desde 2007).
- 16,9% de alquiler (frente a 33% en Europa).
- 50.000 familias demandan actualmente una vivienda en alquiler en los registros municipales de vivienda.
El Decreto-Ley tiene un potente anclaje jurídico en la Declaración Universal de los DDHH, en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía, en la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo…
- Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que es firmante España, que establecen que toda persona tiene derecho a una vivienda.
- Artículo 47 de la Constitución Española, que establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, un derecho que ahora mismo es papel mojado.
- Artículo 33 de la Constitución, también, que establece la «función social» del derecho de propiedad. Ojo: función social del derecho de propiedad (es pertinente reseñarlo, dado que si la propiedad tiene un anverso, que es el derecho, también tiene un reverso, que es su función social. Ello en previsión de un probable discurso que tilde de anticonstitucional el decreto).
- Artículo 40 de la Constitución, que establece que los poderes públicos promoverán «una distribución de la renta más equitativa».
- Artículo 128 de la Constitución, que señala que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general».
- Artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
- Sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que ha evidenciado que en España se ha violado el derecho a la vivienda y el derecho a la tutela judicial efectiva durante 20 años.
- Informe de la relatora de vivienda de la ONU.
El Decreto-Ley se suma a una amplia batería de medidas puestas ya en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda, desde la llegada de IU al gobierno andaluz, y que pretenden paliar la situación de emergencia que se vive en Andalucía y arrebatar la regulación del derecho a la vivienda a los mercados para la soberanía andaluza, entre las que destacan:
- Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda: Mil desahucios parados en sus primeros tres meses y medio.
- Paralización de desahucios en el parque público de vivienda. IU en el gobierno no va añadir más dolor al dolor ni va a contribuir a agrandar la brecha de la emergencia habitacional.
- En este apartado cabe destacar que la estrategia del PP es mentir. Andalucía es la única Comunidad Autónoma en la que no se producen desahucios en el parque público, desde junio 2012. En el BOJA (Boletín de la Junta de Andalucía) aparecen los procedimientos administrativos que verifican la situación de emergencia de las familias en riesgo de exclusión para la posterior paralización de los desahucios. Ni prevaricamos ni nos desentendemos de los miles de personas que viven en el parque público de vivienda.
- Apuesta por la rehabilitación (45 millones presupuestados en 2013).
El Decreto-Ley avanza en una dirección por la que ya han recorrido un largo trayecto países con legislaciones que defienden con muchas más garantías el derecho a la vivienda, caso de Reino Unido, Francia, Dinamarca y Holanda.
Cabe reseñar que la política en materia de vivienda ha dado un giro radical en lo que se ha venido haciendo desde los anteriores gobiernos andaluces. Esto es un argumento que también le sirve a la derecha, que parece no entender que este es otro gobierno, para mostrar datos de la anterior gestión. ¿Y por qué sucede esto? Porque IU ha decidido gobernar de otra manera.
¿Qué puede ocurrir ahora?
Pues es previsible porque ya lo vienen haciendo desde hace tiempo atrás:
Izquierda Unida Andalucía se va a enfrentar a la Troika mediática, a una derecha incapaz de aceptar que hay otra forma de hacer las cosas, al poder económico que va a ver en este decreto una amenaza real a su política de avaricia y especulación. Mientras Andalucía camina en la senda de regular el derecho humano a la vivienda desde lo público, el PP articula medidas ultraliberales dejando en el mercado y a criterio de la oferta y la demanda el derecho a la vivienda, con el objetivo de volver a construir una burbuja inmobiliaria, ahora desde el alquiler.
A esto hay que sumar el aumento en intención de voto que nos sitúa ya por encima del PSOE en intención directa de voto.
Somos un problema para el régimen y somos conscientes de ello.
Motivos más que suficientes para que salgamos a la vez a defender que Sí SE PUEDE y que en Andalucía, Izquierda Unida lo está consiguiendo porque #HayAlternativa.
#ViviendaPorDerecho
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