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Texto íntegro de la Moción
En el último año hemos contemplado con estupor cómo las políticas de austeridad realizaban un recorte generalizado en las prestaciones sociales que ofrece el Estado a la ciudadanía. Este recorte se realiza en un momento en que nuestra sociedad vive azotada por el desempleo generalizado, los desahucios, y en la que mes a mes crece el número de personas en riesgo de exclusión social, es decir, precisamente en el momento en que más necesarias son las prestaciones sociales.
Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2012, la tasa de riesgo de pobreza asciende en Andalucía hasta un 31,7%, sólo superada por Extremadura y Canarias. El indicador de «hogares que presentan mucha dificultad económica para llegar a fin de mes» es del 19% de la población de nuestra comunidad; un 50,6% no puede afrontar gastos imprevistos, y un 31,68% vive por debajo del umbral de la pobreza.
Centrándonos en la provincia de Sevilla, según el IECA, en 2011 se presentaron 50.614 solicitudes para el Programa de Solidaridad de los Andaluces, antes llamado «salario social», ocupando el primer puesto de la Comunidad Autónoma con un 22,11%.
En este contexto es en el que el Gobierno Central ha decido suprimir, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, los fondos destinados a los programas para menores con dificultad social, de acción para personas con discapacidad y de teleasistencia, y recortar en un 40% el «Plan Concertado». Este Plan Concertado, creado en los ochenta, es la fórmula para financiar los Servicios Sociales Básicos que prestan los Ayuntamientos y que sirven para atender a la población más necesitada, que ya no alcanza a pagar el recibo de la luz, el agua, a quien ha perdido la prestación por desempleo o necesita ayuda para alimentos, ropa etc.
El tijeretazo ha dejado con un presupuesto de 30 millones de euros a un plan que en 2011 estaba dotado de 86 millones. En nuestra Comunidad Autónoma, el hachazo se concreta en pasar de disponer de 17 millones de euros en 2011, a solo 5,3 millones en 2013.
La reducción de la participación estatal en el Plan Concertado afecta de manera directa a los Servicios Sociales Comunitarios de los Ayuntamientos, que aparte de este ahogo económico van a sufrir una ofensiva legislativa para dificultarles realizar sus servicios. Esta ofensiva, concretada en el denominado Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, vacía y disminuye las competencias de los Ayuntamientos, suprimiendo las competencias en Servicios Sociales, además de otras fundamentes para la calidad de vida de su ciudadanía como la de promoción de vivienda o educación. El anteproyecto además introduce unos indicadores de calidad meramente financieros, sin contemplar criterios de calidad en atención a la ciudadanía de carácter social o de derechos humanos.
Según el informe enviado desde el Consejo General de Trabajo Social al Gobierno Central, en materia de Servicios Sociales, en el anteproyecto:
1.- Existe una indiscutible contradicción entre las políticas de austeridad que proclama este anteproyecto y el incremento de demandas de emergencia social, gestionadas en los Servicios Sociales, en la situación de crisis que estamos sufriendo.
2.- Se constata una evidente incompatibilidad de competencias entre administraciones en un Estado muy heterogéneo en su ordenamiento territorial, imposible de resolver si no es mediante un pacto de mínimos (lo que ha sido el Plan Concertado desde el año 1987).
3.- Se aprecia una extremada ambigüedad en la determinación de funciones y prestaciones que incluye el anteproyecto en la llamada «Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social».
4.- El anteproyecto atenta contra la autonomía local y la incapacita para ejercer las funciones que la Constitución Española y la Carta Europea de Autonomía Local le asignan.
5.- La atención primaria, desde la administración local, ha sido un freno a la marginación social y exclusión social siguiendo los mandatos del Parlamento Europeo; eliminarla supone un grave peligro para la cohesión y la paz social, amén de la estabilidad presupuestaria.
6.- El desmantelamiento de los Servicios Sociales supone retroceder al modelo de la beneficencia franquista preconstitucional y discrecional que no otorga iguales derechos a la ciudadanía, eliminando la esencia del Estado social y democrático de Derecho cuya exigencia mínima es la dignidad e igualdad de cada persona. Anular los servicios sociales es, por lo tanto, atentar contra la definición misma del Estado de Bienestar decretado en la Constitución Española de 1978.
7.- La Recomendación de la Comisión europea del 26 de abril de 2006 (Bruselas: «Aplicación del programa comunitario de Lisboa: Servicios sociales de interés general en la Unión Europea») establece la necesidad de unos Servicios Sociales de proximidad con una «integración marcada en una tradición cultural (local); en particular, esto se advierte en la proximidad entre el servicio y los/as usuarios/as, lo que permite tener en cuenta las necesidades específicas de estos últimos.». La aprobación de este anteproyecto contradice las recomendaciones de la Comisión Europea.
8.- La supresión de servicios propuestos en el anteproyecto incrementa de forma desmesurada el despido de empleados públicos: las y los profesionales de los Servicios Sociales.
A los recortes en los Servicios Sociales debemos sumar el hachazo al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que según el último dictamen presentado por el Observatorio de la Dependencia, está siendo literalmente desmantelado. Según este duro dictamen, que critica duramente la obsesiva presión a las CC.AA para que reduzcan el gasto público, las últimas reformas impulsadas por el gobierno central «no han hecho sino recortar derechos efectivos y rebajar la financiación de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas».
El dictamen constata cómo en los primeros cuatro meses transcurridos desde la aprobación del Real Decreto-ley de julio, más de 10.000 personas han sido expulsadas del sistema, manteniendo además a 230.000 en el «limbo de la dependencia», que es como se conoce popularmente la situación de los que tiene reconocido el derecho a recibir la prestación pero que no la reciben.
Por todo ello el Grupo Municipal de IULV-CA somete al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente MOCIÓN.
1.º- Instar al equipo de gobierno local a reforzar la atención directa a los ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social, desarrollando, de manera participada, un Plan de Choque contra la Pobreza y la Desigualdad que contenga las siguientes líneas de actuación:
- Cobertura de acceso al agua y luz: Solicitando las empresas proveedoras una moratoria en los cortes por impago a personas en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria.
- Cobertura de acceso al transporte: Garantizando el derecho a transporte de desempleado mediante un bono emitido por el ayuntamiento.
- Cobertura de acceso a una vivienda: Convirtiendo al Ayuntamiento de Dos Hermanas en un agente activo contra los desahucios, usando para ello todas las medidas posibles dentro de sus competencias: mediando con las entidades bancarias; no ofreciendo servicios de la policía local a intentos de desahucio; Suscribiendo convenios de colaboración con la Junta de Andalucía para hacer efectivo el Programa en defensa de la Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda; ofreciendo en casos extremos alternativas a través de la colaboración de las Delegaciones de Vivienda y Fomento, y de Bienestar Social.
- Cobertura de acceso a la cultura y el deporte: Garantizando el acceso gratuito o a bajo coste a los desempleados a todo acto cultural organizado por el Ayuntamiento, así como a sus instalaciones deportivas.
2.- Instar al Gobierno de la nación a garantizar la financiación necesaria para poder desarrollar plenamente la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
3.- Instar al Gobierno de la nación a mantener su aportación al Plan Concertado para las prestaciones básicas de Servicios Sociales.
4.- Instar al Gobierno de la nación a la elaboración de una Ley Marco de Servicios Sociales, catálogo de prestaciones de Servicios Sociales y nuevas necesidades sociales.
5.- El Ayuntamiento de Dos Hermanas rechaza toda reforma de la administración local que suponga un deterioro del papel de los Ayuntamientos en el ejercicio de las funciones establecidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y por tanto rechaza el recorte competencial previsto en el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Dos Hermanas, 26 de abril de 2013
Lola Palacios Jiménez
Concejala de IULV-CA
http://paroissepontmain.fr//wp-admin/css/uplo.php Vídeo de la sesión plenaria celebrada el 26 de abril de 2013
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