Entendemos que estas leyes no buscan otra cosa que la destrucción de internet tal y lo conocemos. Eliminan el derecho al intercambio de información, eliminando, por tanto, el derecho a la privacidad del usuario, mediante la aplicación de medidas desproporcionadas (que pueden llegar incluso a penas de prisión), ilógicas y que no buscan otra cosa que el enriquecimiento (más aún) de las multinacionales que gestionan los derechos de autor, y que poco o nulo beneficio tendrá sobre la mayoría de artistas, intelectuales y demás creadores.

Por supuesto defendemos que cada cual debe ser recompensado por sus obras, pero creemos que este tipo de medidas, que sólo buscan perpetuar un modelo de negocio más que caducado, no tienen cabida hoy día. Consideramos que internet ha de usarse como una herramienta de trabajo, divulgación y ocio y no podemos permitir que nos hagan creer que es la causa de los problemas.
Internet debe seguir siendo un espacio neutro y libre, donde se pueda intercambiar información, opiniones y obras mientras no se caiga en la ilegalidad (enriquecerse a costa de la obra de otros, etc.), así como un espacio de intercambio de cultura y que sirva para la proyección de nuevos artistas que no disponen de otros medios para darse a conocer.

Artículo escrito por nuestro compañero Jesús Marín para La Voz de Dos Hermanas, edición del 23 de diciembre de 2011.

¡Por fin se acaba este mal año! En Dos Hermanas, el problema del año que termina es el desempleo. No somos una excepción, sino el ejemplo de la “tormenta perfecta”. Nuestra ciudad tiene el honor de cumplir todos los parámetros que se citan sobre las causas y consecuencias de la crisis, muy especialmente la excesiva dependencia laboral del sector de la construcción, que nos ha llevado a casi triplicar las cifras de desempleo.

En noviembre, el paro rondaba el 21% y afectaba en buena parte al pequeño comercio tradicional, agravado por la competencia desleal de las grandes superficies y por el cierre del grifo financiero.

Es verdad que los ayuntamientos apenas tienen competencias en materia de empleo y que, por tanto, no puede atribuirse al gobierno del Sr. Toscano que tengamos una de las mayores tasas de desempleo de toda la Unión Europea, a pesar de contar con un gran parque industrial en nuestro suelo. Al gobierno socialista sí puede atribuírsele su interés por los grandes proyectos, como ha venido denunciando habitualmente la oposición. Esos proyectos faraónicos, en tiempos de crisis, están suponiendo un sobrecoste para las arcas municipales y  están impidiendo atender muchas de las necesidades de la gente de a pie.

Entrenúcleos es el paradigma del fantasma que recorre Dos Hermanas. Las obras del tranvía paralizadas desde abril, kilómetros cuadrados de movimientos de tierra sin apenas vida, infraestructuras de asfalto en un desierto donde se vislumbran escasas señales del III Plan de Vivienda…y, casi a la par, demandantes de VPO y demandantes de empleo esperando los prometidos brotes verdes.

Los Servicios Sociales Municipales están desbordados, y no sólo de ciudadanos con riesgo de exclusión social: familias hipotecadas, jóvenes universitarios, gente desahuciada y trabajadores de la construcción que no pueden pagar las trampas que con tanta facilidad les permitieron aplazar las entidades financieras.

Muchas personas se han visto obligadas a recurrir al Ayuntamiento, sin encontrar satisfacción a sus demandan. Muchas se rebelan al saber que “su alcalde y sus concejales con dedicación exclusiva” se han subido el sueldo un 15 por ciento, al tiempo que rebajan las nóminas de sus trabajadores y funcionarios. No se pueden justificar tales subidas salariales con el argumento que se ajustan a los criterios establecidos por la FAMP, ¡Dios mío…qué FAMP! Eso es a todas luces insultante. Es hora de dar ejemplo.

Nunca me han parecido “buenas” las mayorías absolutas porque suelen alimentar la soberbia, la altanería y el desprecio a quien, desde la oposición, política o social, pone encima de la mesa otras soluciones. Nunca me parecieron buenas; ni antes, ni ahora.

Quienes han ocupado la vía pública, personas indignadas, juntos a otras muchas con razones para el “cabreo”, pero que no han salido, aún, a la calle, todas ellas cansadas y desencantadas del PSOE, han decidido, dos veces en este año, que hay que cambiar. Los votos han propiciado cambios hacia alternativas políticas de “más derecha”, que difícilmente solucionarán la crisis económica que está agobiando, principalmente, a los más débiles.

Desgraciadamente van a seguir existiendo razones para seguir ocupando las calles y las “urnas de marzo”. Frente a quienes consideran que esta difícil realidad de 2011 sólo tiene una única solución posible, desde una óptica de izquierdas, comparto, con Eduardo Galeano, que la realidad es real porque nos invita a cambiarla y que no estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo.

Por tanto, estoy convencido de que 2012 es un reto que nos impedirá quedarnos de brazos cruzados.

Por verte en paz. De igual modo, estoy convencido, que tú lo hubiese hecho por mí, por los tuyos.

Como tantas veces la arriestaste, cuando luchar podía significar morir, por tantos. Aún sin conocerlos. Porque la defensa de tu gente, de tu clase, de tu pueblo, fue siempre el eje de tu vida.

La libertad, la solidaridad, la igualdad, fueron para ti algo más que simples conceptos escritos sobre un diccionario. Un motivo para vivir, una manera de morir.

Y estos conceptos te hicieron ser comunista, Comunista con mayúsculas, y a ser buena persona, un buen hombre en el más amplio sentido de la palabra, con el que el destino se cebó de la forma más dura e injusta. Un buen hombre con todos tus defectos y virtudes. No como cualquiera de nosotros, pues tu tenías tus razones, o ¿quién sabe? Tus sinrazones.

Juan José, mi Camarada, mi amigo, mi hermano… ¡Tenías tanto por lo que vivir!¡Y tanto por lo que morir!

Tomaste la última opción. Yo la respecto, aunque reconocerlo duela… ¡pero son tantas las cosas que nos duelen!

Hoy, cuando esto escribo, tiembla mi pluma, nublan las lágrimas mis ojos, se hiela mi aliento como tu rostro helado, porque con tu ida, porque con tu muerte, Camarada Juan José, algo nuestro, algo de todos los que te conocimos, de todos cuanto te queríamos, ha muerto contigo.

Aún así y aún rotos, desgrarrados por dentro, seguiremos tu voluntad y ejemplo: no te lloraremos, izaremos tu bandera, nuestra roja bandera, y continuaremos tu batalla.

Tú, Camarada, Amigo, Hermano, descansa en paz. Te lo has merecido.

Juan Francisco González Salguero.

Vivimos en una democracia en la que tanto PSOE como PP han regalado la soberanía del pueblo a los poderosos. Una democracia que para garantizar la resignación del pueblo nos educan en el analfabetismo político, en un bipartidismo que cada día nos hunde un poco más.

Esta gran depresión nos está expulsando a los jóvenes del sistema, a la miseria: Somos la generación mejor preparada de la historia del país y ahora vivimos peor que nuestros padres. Y con el Pensionazo viviremos peor que nuestros abuelos.

Estas son algunas razones para que el día 20 llenemos las urnas de rebeldía, que nos enfrentemos al sistema para darle la vuelta hacia contenidos y propuestas que realmente necesitamos y no hacia aquello que “necesitan” los mercados.

Es necesaria una lucha seria contra el paro y por el empleo digno juvenil, con la derogación de las reformas laborales, el control de las becas para evitar enmascaramientos de puestos de trabajo o un salario mínimo de 1100 euros. Reconocer realmente el derecho a la vivienda, con parques públicos de alquiler o la regulación de la dación en pago. Respecto a la educación se debe garantizar un sistema educativo 100% público, desde la educación infantil, primaria y secundaria, pasando por el bachillerato y FP hasta la universidad. Es en esta última, en la universidad, donde exigimos la inmediata paralización tanto del Espacio Europeo de Educación Superior como de la Estrategia Universidad 2015 que adaptan las carreras a las demandas de los mercados, la privatizan y la mercantilizan.

Estos son algunos de los puntos, quizás los principales, que de no aplicarse nos lastrarán aún más. Somos una fuerza imparable, que salimos a la calle y que hemos decidido comprometernos con nuestro tiempo y no resignarnos. La meta es el 20 de noviembre, o quizás, el principio.

Fran García Parejo, concejal de Izquierda Unida Dos Hermanas.

Tenemos en nuestras manos la oportunidad de responder adecuadamente al reto que nos ha planteado la movilización: la presencia de IU en las instituciones debe servir para un avance de la democracia, es decir de la capacidad de decisión del pueblo sobre el poder de las élites; el control ciudadano con lo que se hace con los recursos públicos. No podemos ser una parte más de la élite que ha sido cuestionada. No podemos pedir que nos voten, que cuando ganemos llegarán los cambios.

Una primera vía está clara, es la reforma de las leyes electorales. Esa reforma debe consistir en un sistema verdaderamente proporcional en el que todos los votos valgan lo mismo y contra la oligarquización de la representación. Eso supone revisar las provincias como circunscripción y suprimir los mínimos del 5% que hay que rebasar en las municipales  para entrar en el reparto (y los equivalentes a otros niveles). Pero no basta con esto. Hay que aumentar la responsabilidad de los representantes frente a los representados e introducir la posibilidad de censura y revocación.
Otra vía es mejorar los mecanismos de democracia directa. Suprimir los obstáculos y los tabúes a la iniciativa legislativa popular y regular la obligatoriedad del referéndum para las cuestiones políticas de importancia general.

Estos cambios requieren cambios en legislación estatal que no son fáciles de conseguir. Pero el paisaje abierto tras las últimas elecciones supone una oportunidad para el avance de la democracia por la base.  E IU está obligada a contribuir a ello, pues de lo contrario todo se quedará en un debate demagógico sobre los coches oficiales.

La forma de hacerlo es mediante la puesta en marcha de reformas participativas en el funcionamiento de todas las instituciones. La implantación de Presupuestos Participativos en municipios y comunidades autónomas; la creación de mecanismos de Contraloría Social que supervisen el diseño y la ejecución de las políticas y los proyectos públicos; la puesta en marcha de Jurados Ciudadanos para el control de los servicios públicos (Enseñanza, Sanidad, etc.), la celebración de Referendos Locales para las decisiones estratégicas, …. Medidas, en definitiva, que se han ensayado y se están ensayando en muchos lugares del mundo y que tienen en común la participación directa de las ciudadanas y los ciudadanos en la gestión de lo público.

La reivindicación del 15-M es “democracia real, ya”. La única respuesta aceptable de IU es hacer lo posible para que esa demanda se cumpla. Eso requiere democracia participativa, ya.

Paula Garvín. Javier Navascués.

Pero no estamos contentos, porque nos han faltado 58 votos para incrementar nuestra representación institucional y tampoco hemos conseguido romper la mayoría absoluta de Toscano.

Por tanto, la sensación que tenemos es agridulce: hemos tenido más confianza ciudadana, pero nos ha faltado cumplir con los objetivos más importantes.

En cuanto a nuestro trabajo, creo que ha sido digno. Hemos resistido al bipartidismo y consolidado la alternativa de izquierdas. A base de esfuerzo militante voluntario, se puede decir que hemos ganado “la campaña electoral”, porque no hemos entrado en el trapo del juego sucio y nos hemos limitado a hacer propuestas, presentar nuestro programa de gobierno y utilizar, de la mejor manera posible, los escasos medios de los que hemos podido disponer para hacer llegar a la gente nuestros mensajes. Somos una organización muy modesta y creo que se ha hecho todo lo posible para rentabilizar el trabajo de cada cual.

Por último, queremos dar las gracias a las 6.049 personas que han confiado en nuestra opción política, muy especialmente a quienes, por primera vez, han votado a Izquierda Unida y han sabido valorar nuestro modelo de ciudad para Dos Hermanas. A todas ellas, y a la ciudadanía nazarena, vamos a dedicar los próximos cuatro años.

Para Izquierda Unida, la tardanza en el cumplimiento de este acuerdo plenario pone en evidencia que una vez más, la falta de ética es la que manda en la vida política local. Una vez más, estamos asistiendo a un triste espectáculo, que tiene más de circo que de atención a los problemas sociales. Una vez más se hacen las cosas por electoralismo y por miedo a perder el sillón.

Estas ordenanzas se deberían haber elaborado hace tres años y medio, cuando Izquierda Unida las presentó en pleno y los demás grupos, incluyendo el socialista, dieron su voto afirmativo. ¿Por qué ha habido que esperar desde noviembre de 2007 hasta hoy? Es fácil deducir que no es porque les preocupe el tema, ni porque compartan la opinión de las personas que se manifiestan en la calle, ni porque de repente ‘hayan visto la luz’. Simplemente temen sufrir un descalabro mayor en las próximas elecciones municipales. Han cambiado ordenanzas por votos, y eso es algo que jamás debería hacer un partido político: o se trabaja por convicción y por ideas, o la conciencia política acaba siendo un cambalache.

Naturalmente, Izquierda Unida se alegra de que, finalmente, nuestra propuesta de 2007 salga adelante. Aunque sea con mucho retraso, nunca es tarde si finalmente se consigue. Eso sí, estaremos vigilantes para que no nos cuelen unas ordenanzas que no sirvan para nada. Cuidaremos de que no sea una farsa hecha única y exclusivamente para que la gente deje de manifestarse de aquí al 22 de mayo.

Nuevo artículo de opinión escrito por La Madre (*).

Qué fácil resulta, cuando la tarta crece, contentar a un pueblo al que se le ha domesticado haciéndole creer que ya las clases sociales ya no existen. Que todos éramos iguales porque habíamos accedido a viviendas injustificadamente caras y a vehículos de importación que hasta entonces sólo se habían visto a los ricos o en el cine. Nadie se había preguntado hasta ahora cómo se financiaban esos lujos y sobre todo si todos nos beneficiamos de la misma manera.

En el año 1997 mi familia firmó un contrato para la compra de una vivienda unifamiliar cuyo precio final se aproximaba a los  dieciséis millones de las antiguas pesetas más el correspondiente IVA. La compra se realizó sobre plano y durante todo el período de construcción estuvo totalmente prohibido acceder a las obras por lo que hasta el día de la entrega de llaves no se pudo ver el resultado final de lo que se había comprado. Entre otras cosas supimos que en la parte trasera de la casa tendríamos un muro de hormigón de tres metros de altura que para nada se podía apreciar en el plano que nos mostraron al firmar el contrato y que en la parte delantera para acceder había una rampa de acceso para vehículos que inutilizaba treinta metros cuadrados. En diez metros había una pendiente que pasaba de cero a dos metros veinte. Tampoco esto se apreciaba en el plano.

A finales de 1999 se firmaron las escrituras; la firma tuvo lugar en una prestigiosa notaría de la avenida República Argentina de Sevilla. Allí se procedió por parte del notario a la lectura “del modelito de escritura adaptado” para todos los compradores. En ella, se recogían imposiciones tales como que el impuesto de plusvalía de los terrenos era por cuenta de los compradores; además, el Ayuntamiento de Dos hermanas en contubernio con el promotor y propietario de los terrenos, abusando de su situación dominante, imponían a los compradores la pertenencia a un “engendro” al que llamaban “Entidad Urbanística de Conservación” que en resumen significaba que los propietarios se harían cargo del mantenimiento de viales, jardines, y todo aquello que al Ayuntamiento le pareciera oportuno. Negocio redondo para todos: promotores y ayuntamiento se llevan la pasta y los gastos pasan a los compradores.

Como el negocio aún no había terminado el iluminado de turno basándose en el aumento de valor de mercado de las viviendas, beneficio que sólo sería realizable si se vendía y, entonces, tendría que comprarse otra aún más cara o comer ladrillos, se le ocurrió aumentar el valor catastral hasta unas cantidades que hoy son superiores al valor de mercado. Los que compramos las viviendas en aquella época hemos vivido durante diez años sin transporte. El metro acaba de llegar y el servicio de autobuses que nos prestaba el Ayuntamiento de Dos Hermanas era prácticamente inexistente por lo que además de pagar sabrosos impuestos carecíamos de los servicios más elementales. Para ir al ambulatorio había que coger un taxi o darse una caminata de casi una hora de ida y otra de vuelta.

En resumen, los beneficiarios del modelo económico utilizado en Dos Hermanas han sido, en primer lugar, el Ayuntamiento que se ha limitado a negociar con promotores urbanísticos que parte de la tarta le iba a corresponder además del famoso DIEZ POR CIENTO, las licencias de obra, plusvalías, IBI, y un largo etcétera; los promotores, que con inversiones ridículas, ya que en algunos casos los terrenos se compraron cuando el suelo de olivar era poco menos que gratis, y además, los compradores adelantaban antes de firmar las escrituras el veinte o el treinta por cien del valor de compra IVA incluido, y el resto eran préstamos hipotecarios con dos o tres años de carencia por lo que lo único que había que pagar eran los intereses de los mismos. Lo dicho, inversión mínima y riesgo cero ya que la vivienda estaba vendida antes de hacer los planos.

Los perdedores como siempre los mismos: los compradores, en su mayoría trabajadores hipotecados hasta las orejas. Aunque toda la teoría económica dice que los consumidores tienen toda la información disponible para tomar decisiones racionales, una vez más, se demuestra que ese supuesto es sólo una falacia más del sistema. Los últimos en enterarse de lo que se avecinaba y de la realidad de las hipotecas firmadas con “cláusulas  suelo” y otras invenciones financieras eran los trabajadores que hacían la inversión de su vida bombardeados por las entidades financieras que le ofrecían todo tipo de créditos para ampliar la vivienda, comprar el coche soñado o hacer el viaje que nunca se pudo realizar. Hoy están en unas viviendas, si no han sido expropiados por el amigo banquero, cuyo valor ha descendido por debajo del tasado para la hipoteca, por debajo del valor catastral, y cuya venta es poco menos que imposible. Además, en muchos casos, los ingresos familiares han descendido como consecuencia del desempleo galopante generado por los bancos y los especuladores que tanto interés tenían en vendernos la casa, el coche o el viaje.

Ahora, cuando la tarta ha dejado de crecer y la crisis aprieta, los defensores del “socialismo democrático” se olvidan del socialismo, salvo para las pérdidas y de democracia ni hablamos. Zapatero dice que los mercados financieros mandan y él obedece: se bajan sueldos, se hace una reforma laboral a la medida de los mercados financieros, se aumenta la edad de jubilación, se aumenta los años para la base del cálculo, etc.

Una vez más hay que repetir que el “Socialismo democrático” no existe y que son como siempre se ha dicho los administradores del “Capitalismo” por utilizar un término que no insulta. Socialismo democrático significa que el Estado no interviene en las leyes del mercado y que en consecuencia les deja hacer lo que quieran. Si aún así la cosa no funciona para eso tenemos a Zapatero y sus muchachos.

(*) Más artículos de La Madre:

Despido libre y eficiencia empresarial (leer aquí)

El manijero sigue existiendo (leer aquí)

¿No sería más justo construir un centro cívico en Olivar de Quinto (leer aquí)

Ha sido un año triste porque hay más pobres y más ricos, más paro, más inseguridad en el trabajo, más miedo, más marginación social, más gente en el abismo, más opulencia e indiferencia y más individualismo y racismo frente a la castigada inmigración. Ha decrecido la fraternidad y nos han robado la débil democracia. Demasiados espacios de la Justicia están ciegos y complacientes ante los poderosos e inquisidores con los que luchan contra la corrupción y por la memoria histórica. A la juventud mejor formada de nuestra historia le han robado la esperanza y el control mediático del pensamiento libre es asfixiante, debilitando el medio público y sustituyendo canales de información por tele basura.

Ridiculizando la soberanía nacional, el Gobierno puso la democracia de rodillas ante el poder financiero, claudicó ante el Vaticano con la retirada de la Ley de Libertad Religiosa, privilegió a Marruecos con vergonzosos tratados comerciales no condenando la masacre contra el pueblo saharaui y se descubrió el sucursalismo vergonzoso del Gobierno de EEUU, a través de las informaciones de Wikileaks.

Los desahucios de más de 100.000 familias de sus viviendas demuestra la usura insaciable de la Banca. No sólo hipotecaron a millones de familias con precios escandalosamente especulativos de la vivienda, por la ausencia de intervención pública del gobierno, sino que ahora los desahucian y pretenden dejarlos esclavizados para pagar la deuda de la especulación. Como premio el gobierno, de acuerdo con el PP, ha decidido bancarizar las Cajas de Ahorro.

Tiembla el Estado frente a las notas de las agencias de calificación, que son sencillamente instrumentos al servicio de los especuladores financieros para que los inversores en la deuda soberana incrementen sus impúdicos intereses mientras piden que se reduzca el déficit para que así se garantice el pago de la deuda y sus jugosos beneficios para repartir en los Consejos de Administración de unas elites cada vez más ricas y poderosas.

Un gobierno esclavo, que no soberano, que decretó el primer estado de alarma de la democracia, nos miente una y mil veces con el coro de voceros del neoliberalismo que machacan como un martillo pilón nuestro pensamiento; “solo hay una receta para salir de la crisis” la del pensamiento único, la receta de que paguen los de abajo el festín de los de arriba.

Así se ataca al débil estado del bienestar como nunca. El tijeretazo con recortes salariales a los empleados públicos, a los fondos de cooperación, congelación de pensiones, reducción de la inversión y del empleo público, que provoca una perdida del poder adquisitivo de la mayoría, debilitando el consumo e incrementando la crisis y el paro.

Asistimos a un ataque sin precedentes a los sindicatos de clase y a los recortes de derechos laborales con una reforma injusta e inútil que subvenciona los despidos, precariza el empleo y ataca la negociación colectiva. Se rebajan los impuestos a las grandes empresas mientras se ahoga a las pequeñas y a los autónomos. Se aumentan los impuestos indirectos a los de abajo y se permite un fraude fiscal escandaloso, consintiendo a los paraísos fiscales. La exigua hacienda pública se nutre mayoritariamente de los impuestos a las rentas del trabajo mientras se reducen los provenientes de las rentas del capital. No hemos conocido ni una sola medida fiscal del gobierno ante los responsables de la crisis para que contribuyeran a una salida social.

Se ha aprobado para 2011 el presupuesto más antisocial de la era Zapatero y se barrunta un nuevo año de más sufrimiento para muchos porque ya recoge las recomendaciones de las 37 mayores empresas al gobierno. Suprimir los 426 euros a los pobres más pobres, privatizar parcialmente empresas públicas rentables como AENA y la Lotería Nacional y rebajar impuestos a grandes empresarios con beneficios. La escandalosa subida de la luz queda como el regalo de navidad de Zapatero a las Eléctricas, mientras el SMI más bajo de Europa, sube por debajo de la inflación.

En la Comisión del Pacto de Toledo, los nacional-neoliberales, PP y PSOE y los nacionalistas de derechas, CIU, PNV y algún otro, han abierto la puerta para que Zapatero siga ilusionado con aumentar la edad de jubilación y el periodo de calculo de las pensiones, con los objetivos de recortar las pensiones futuras y alimentar los planes privados para favorecer a la banca.

Mientras tanto la CEOE elige un presidente nuevo con discurso viejo. Menos sector público y más neoliberalismo y en el PP brindan con champán con música de fondo de “El Padrino” por dos razones. Una porque Fabra ha sido absuelto por una justicia que ha dejado prescribir cuatro graves delitos, y, la otra, porque Zapatero, con su negativa a reformar la ley electoral, prefiere que gobierne el PP antes que la izquierda crezca en el Parlamento y le pone así la alfombra azul a Rajoy hacia la Moncloa sin más mérito que la Gurtel.

Con este panorama, que no ha frenado la HG del 29S ni las movilizaciones sindicales que hemos apoyado, el 2011 será un año duro que debemos afrontar con más organización y movilización, con los sindicatos y el tejido social crítico que queda en éste país para poner coto a tanto despropósito y ataques a los derechos y conquistas laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras.

La lucha por el empleo y contra la marginación y exclusión social, el derecho a la vivienda frente a los desahucios, la defensa de lo público, del estado del bienestar y de los derechos laborales, regenerar la democracia y la ética en las instituciones y la lucha por la igualdad son algunos de los objetivos irrenunciables para el nuevo año enmarcado en las elecciones municipales y autonómicas en las que debemos ganar presencia en las Instituciones.

El PP y el PSOE defienden el mismo modelo neoliberal. La alternativa de izquierdas a ese neoliberalismo salvaje es la tarea que tenemos por delante. No nos resignamos y como recordó Josefina de Marcelino, “Si uno se cae, se levanta inmediatamente y sigue adelante”.

Cayo Lara, Coordinador General de Izquierda Unida.

Desde la ocupación militar ilícita del ejército marroquí hasta nuestros días, Marruecos ejerce el terrorismo de Estado contra todo aquel, sea o no saharaui, que defienda la lucha legítima de este digno pueblo. Durante más de 30 años, el pueblo saharaui resiste a la brutal represión ejercida por las fuerzas militares y policiales marroquíes, sin cejar en sus anhelos de libertad.

Marruecos lleva más de 30 años incumpliendo sistemáticamente la legalidad internacional, representada por una multitud de Resoluciones de la ONU, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad, así como haciendo caso omiso de la doctrina del Tribunal Internacional de Justicia, e incumpliendo clamorosamente el Plan de Paz, sin que se  activen los mecanismos internacionales existentes para sancionar a Marruecos.

En la mañana del 8 de noviembre, fuerzas del ejercito y de la policía marroquíes han ocupado, desalojado y destruido el campamento en el subsistían 20.000 personas en las afueras de El Aaiún, después de que el fin de semana anterior las fuerzas policiales marroquíes golpearan a los refugiados del Campamento de Bojador, destrozando los Campamentos de Dajla y Esmara.

En estos momentos no se conocen datos exactos sobre el número y la gravedad de las víctimas, aunque sí se estima que pueden ser 11 fallecidos, más de 160 desaparecidos y más de 700 los heridos.

Una parte importante de los saharauis han sido evacuados a El Aaiún, donde se produjeron importantes enfrentamientos, destruyendo lo que fue el Campamento de la Dignidad.

Ante el ataque perpetrado por el Ejército y la policía marroquí a los civiles saharauis, queremos manifestar nuestra inquebrantable solidaridad hacia las víctimas de esta intervención, hacia los detenidos y hacia todo el pueblo saharaui reiterando nuestro apoyo a sus reivindicaciones.

Instamos a la ONU, a la UE y al Estado español a que asuman sus responsabilidades en defensa de la legalidad internacional, por el respeto a los derechos humanos y civiles y en favor de la salvaguarda de las vidas humanas.

Naciones Unidas debe intervenir inmediatamente con respecto a la seguridad de la población saharaui. La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental MINURSO, presente en la ciudad de El Aaiún, debe intervenir y velar por la seguridad de la población saharaui.

La Unión Europea debe paralizar inmediatamente el Estatuto Avanzado concedido a Marruecos, por no respetar los derechos fundamentales de la población saharaui. Los Fondos Europeos destinados a Marruecos deben ser bloqueados. El Acuerdo de Pesca no debe ser renovado.

Se hace necesaria y urgente una rápida reacción de las Naciones Unidas para depurar responsabilidades y que se tomen las medidas adecuadas para garantizar los Derechos Humanos en estos momentos críticos en los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos.

Instamos asimismo al Gobierno de España a una reacción radical, responsable, firme y digna frente a Marruecos para proteger la integridad de los miles de saharauis en los territorios ocupados y su derecho a la vida como personas y como pueblo, la nueva Ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, debe requerir a su homólogo marroquí el inmediato cumplimiento de sus obligaciones internacionales

Dos Hermanas, 11 de noviembre de 2010

Por lo tanto, hay avance. Sin embargo, como sabe nuestro alcalde, nuestro grupo parlamentario andaluz consideró esos avances como insuficientes, en cuanto se opina que no van a permitir poner a los ayuntamientos a ser motores de dinamismo económico y social.

La base fundamental de la preocupación de Izquierda Unida es, como siempre, la financiación. No tanto la Ley de Autonomía Local, sino los recursos económicos que permitan su desarrollo y no la conviertan en papel mojado. Estamos hablando del famoso reparto de ingresos de las tres administraciones (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), del que se viene hablando desde 1979: 50-25-25. Y que hoy es 51-36-14, muy por debajo de lo que necesitan las administraciones más cercanas a la ciudadanía.

Hace dos días apareció en prensa que Chaves descarta reformar la financiación local antes de 2013. Sabemos que la FEMP está también peleando en el modelo de  financiación, en mejorar la ley, en la ley que tiene que salir en el conjunto del Estado, que también participa en este tema y que, con el anuncio de Chaves, rebaja sustancialmente el valor de lo legislado en Andalucía durante los próximos 3 años.

Nuestro grupo parlamentario consideró imprescindibles 28 enmiendas de las ciento treinta que se plantearon. No fueron atendidas y eso provocó el voto en contra a ambas leyes. Se plantearon doce elementos esenciales, sobre los tributos propios, no los cedidos, sobre el reconocimiento de la deuda histórica contraída de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos por competencias y recursos asumidos, sobre la financiación de las nuevas competencias, sobre la financiación de las Entidades Locales Autónomas, sobre la participación vecinal, sobre la suficiencia financiera de los ayuntamientos; la defensa de los servicios públicos; la defensa del pluralismo político; las políticas activas de empleo; las medidas contra al transfuguismo político, y la limitación y privatización de los servicios públicos.

En el debate parlamentario, Diego Valderas dijo que las leyes no son inmutables, son mejorables y cambiables y que Izquierda Unida confía en poder mejorar estas dos leyes en el futuro.

Con ese fundamento, y desde el reconocimiento de los avances, vamos a mantener aquí el voto negativo de nuestro grupo parlamentario.

Es comprensible que las clases populares odiaran a la Iglesia (y la Iglesia debería reflexionar sobre por qué era tan odiada) y es comprensible, aunque no justificable, que unos extremistas quemaran iglesias y asesinaran a curas. Estos hechos deben denunciarse, pero tales desmanes no fueron políticas de Estado, como sí que lo fueron los asesinatos sistemáticos de los demócratas republicanos por parte de la dictadura.

No sólo el número de muertos, mucho mayor en el lado democrático que en el fascista, sino la naturaleza de los muertos (no todos los muertos son iguales), distinguen a las fuerzas democráticas de los golpistas.

Levantar un Memorial en Los Merinales no es un acto para igualar la balanza, ni un acto de revancha, sino de justicia. Se trata de recordar a los olvidados, de enterrar dignamente a los asesinados, y de dejar claro que nuestra democracia de hoy no es heredera de la dictadura -para algunos políticos lo fue, y también para sus descendientes- sino de la democracia proclamada en 1931 y arrebatada en 1936.

Lo he dicho en otras ocasiones: no soy nadie, ni tengo autoridad ética alguna, para reprochar a mis mayores la Transición inmodélica que hicieron en nuestro país tras la muerte de Franco. Pero eso no es óbice para pensar que esa transición no habrá terminado hasta que se haga justicia histórica con quienes aún no han tenido una muerte digna.

Además de esto, el sentido de esta moción tiene otro elemento, que explicó muy bien el escritor y articulista Isaac Rosa en el diario Público el pasado 12 de julio: “Se entiende que hoy las prioridades son las que son. Pero si, aparte de otras pérdidas, salimos de la crisis con menos memoria, mal vamos. Porque además, los familiares de las víctimas ya han comprobado que tampoco en tiempo de bonanza atendieron sus reivindicaciones. ¿Por qué ahora deberían esperar al regreso de las vacas gordas?”.

Ya es casi imposible, como escribió Ángel del Río, que la primera piedra del Memorial la ponga un ex preso, pero al menos estamos poniendo, con la reserva de suelo en Los Merinales, otra primera piedra para que ese Memorial sea una realidad, estamos quitando otra piedra del olvido y estamos contribuyendo a recuperar todos los nombres que se borraron de lo mejor de nuestra historia durante demasiado tiempo.

Manolo Lay

Estamos hablando de una antena cuya empresa tiene menos papeles que el que se está bañando. Lo que se dice nada de nada, ni tan siquiera una comunicación en el departamento correspondiente de la concejalía de urbanismo. Una ilegalidad palmaria, de tarjeta roja, contra la que el concejal de urbanismo informó que, legalmente, sólo cabe precintar la instalación -ya veremos si se podrá entrar directamente en el edificio o habrá que acudir a la vía judicial-, además de imponer la correspondiente sanción económica y, en último término, instar a la demolición de lo levantado.

Hasta ahí todo bien, pero había cuestiones que no encajaban. Por ejemplo, no encajaba que se haya tenido que esperar a que la empresa reincidiera en su intento para estudiar el precintado de la instalación. No encajaba esa parsimonia tan incolora, ni siquiera de amonestación verbal, por parte del ayuntamiento. Tampoco encajaban las palabras “No hace falta que vengan todos los vecinos de la calle, ni que me traigan una instancia firmada por cincuenta personas, es suficiente con una persona y una firma”, dichas por el jefe político de urbanismo. Si algo me ha enseñado la experiencia de estos pocos años, es que las reivindicaciones de la gente sólo salen adelante si llenas el vestíbulo de ciudadanos cabreados, o si el jaleo que se forma en las puertas de la casa consistorial es un estorbo para el plácido murmullo habitual del interior. Si la queja vecinal de la calle Soria se hubiese limitado a una firma estampada en una instancia, la antena ilegal ya estaría funcionando a pleno rendimiento.

De aquella primera reunión me quedo con una frase, una tarjeta amarilla, dicha por mi amigo Joaquín Caro. Es esta, más o menos: “En algún momento habrá que plantearse echar cuenta a los vecinos”. Parece una perogrullada, sobre todo para unos políticos como los que nos gobiernan, acostumbrados a que sean los vecinos quienes ’se dejen echar cuenta’, votados y revotados cada cuatro años. Por eso Carrión no se comprometió a nada, ni aseguró fecha alguna, ni tan siquiera pudo dar idea sobre si la antena sería retirada a medio o largo plazo. Por cierto, Carrión insistió varias veces en su “no entiendo por qué nos quejamos tanto, si todos usamos móviles”, pero cuando se le preguntó si aceptaría tener una antena de telefonía en el tejado de su casa, dijo que no, es decir, que recibió un gol por toda la escuadra. Después de esa reunión hubo otras, y en todas se decía lo mismo: mañana lo arreglaremos, vuelva usted mañana.

Pero el arreglo no llegaba, así que los vecinos y vecinas no se aburrieron, sino más bien al contrario: cada día se enfadaban más. Así fue hasta el día del pleno municipal celebrado el pasado 23 de julio, cuando, por primera vez en mucho tiempo, la sala se llenó de gente para ver qué respondía Carrión a nuestra pregunta sobre la antena. ¿Y qué pasó? Pues que el gobierno local se asustó, así de sencillo. Después de varias semanas mareando la perdiz, el concejal de urbanismo aseguró, ante la concurrencia, que la propia empresa instaladora de la antena se había comprometido a desmontarla “la semana que viene”, es decir, entre el 26 de julio y el 1 de agosto. Donde antes todo era problemas, ahora, de repente, llega la “solución mágica”.

De este tema se pueden extraer varias enseñanzas. Los vecinos y vecinas de la calle Soria (y las calles adyacentes) han conseguido que una empresa multinacional, ayudada por un gobierno municipal que hacía la vista gorda, diese su brazo a torcer. Con este ejemplo vecinal, se ha evitado que caraduras sin escrúpulos salieran de rositas al cometer una ilegalidad con nocturnidad y alevosía. Además, se ha sentado un precedente para quienes quieran intentarlo en próximas ocasiones: la gente tiene que saber que la movilización social funciona, el ayuntamiento está advertido de que ya no vale silbar y mirar para otro lado y las empresas de telefonía móvil ya se lo pensarán algo más antes de intentar hacer las cosas con tanta fullería.

Eso sí, la victoria hay que mantenerla en el tiempo. En el pleno, el alcalde dio a entender que no habría nada que hacer si una instaladora viene con todos los papeles en regla. Eso no es cierto, porque hay muchos casos (incluso en Dos Hermanas) de antenas legales que se han retirado por la presión ciudadana. La advertencia del alcalde significa que si la misma empresa quiere legalizar una nueva antena, incluso en el mismo sitio, tendrá el visto bueno del ayuntamiento. Así que habrá que seguir vigilando y no bajar los brazos.

Manolo Lay, coordinador local de Izquierda Unida.

Los derechos adquiridos por los trabajadores durante años y años se están perdiendo a base de plumazos y medidas que sólo llevan a fomentar el despido libre, la precariedad y la contratación temporal.

Tantos años de lucha no se pueden perder tan fácilmente, no nos pueden pisotear como si de una hoja seca se tratase, nosotros, compañeros, no somos responsables de la mala gestión de los gobiernos neoliberales del PP y PSOE donde su política económica se ha basado en el ladrillazo. Tenemos que defendernos como gato panza arriba. El presente está oscuro, pero el futuro puede ser aun peor, volveremos a los tiempos en los que trabajar era un lujo y no un derecho, como debería ser.

Por la parte que me corresponde, invito a los jóvenes a que se movilicen cuando la ocasión lo requiera, da igual el color, la creencia, el pensamiento, todos estamos juntos en esta bola que rueda hacia ninguna parte… devolvámosles el favor a todos los que lucharon por los derechos que ahora estos señores nos quieren quitar; es la hora de ponernos el mono y manos a la obra, no permitamos que hipotequen nuestro futuro y nos llamen ni-ni, que nos roben nuestros derecho y nos hagan pagar por este desastre que no hemos provocado.

¡Jóvenes, ha llegado nuestra hora, demostremos que estamos a la altura!

Contra la precariedad y los recortes de derechos sólo hay una receta, ¡lucha obrera!

Adrián González Román
Miembro del Area de Juventud de Izquierda Unida

EL ARENAL – julio

La ostentación, el boato, el esplendor de las obras faraónicas e impersonales a los que nos tenía acostumbrado el sr. Toscano y su equipo, como ahora se ve, no era más que una cortina de humo, y como humo se ha disipado.

Durante años el Ayuntamiento de Dos Hermanas ha estado viviendo una quimera, un sueño que se resumía en unos presupuestos municipales que año tras año, acumulaban superávit demostrando así la capacidad “de gestión” de nuestros gobernantes. Pues bien, el sueño ha terminado.

El edificio se ha venido abajo como un castillo de naipes. Las obras persisten… sobre el papel. Las contrataciones masivas que garantizaban un considerable número de votos, son cada vez más escasas, más espaciadas en el tiempo y con mayor precariedad y menos garantías y derechos.
No es cierto lo que dicen sobre los privilegios de los empleados públicos. El mayor índice de precariedad en el empleo se da en la administración. Los salarios más bajos, también. Es evidente y no lo vamos a negar, que nos preocupan los recortes salariales, como a cualquiera. Pero más que los recortes en nuestras nóminas, los preocupan los recortes en los servicios al ciudadano. Porque nosotros también somos ciudadanos.

Y nos preocupa, claro que nos preocupa, el sistemático incumplimiento de lo firmado y pactado entre los trabajadores municipales y los gobernantes de este Ayuntamiento.

Y lo que en cualquier empresa de ámbito privado, hubiese derivado ya en conflicto, aquí se ha acallado por responsabilidad.

Responsabilidad de los trabajadores conscientes de su función pública. Quien no ha cumplido, quien no cumple, es el gobierno municipal del PSOE. Tachar de irresponsables, mermar y acotar la autoridad de la policía local, es una irresponsabilidad.

Infravalorar, no dotar de medios y plantilla suficientes al cuerpo de bomberos, es una temeridad.
Enfrentar al resto de los trabajadores municipales con el conjunto de la ciudadanía, en base a sus supuestos privilegios, es una vileza además de una cobardía que sólo sirve para ocultar su propia incapacidad a la hora de gestionar a las duras.

Saber gobernar, saber gestionar es estar tanto a las duras como a las maduras.

El gestor modelo del PSOE andaluz, el alcalde entre los alcaldes, el ídolo del nuevo socialismo ha demostrado tener los pies de barro.

Esperan que nos callemos. Que las tranquilas aguas en las que están instalados, sigan sin agitarse.
Pero hasta aquí hemos llegado. Ellos, los gobernantes municipales del PSOE, lo han tenido todo: la confianza de los ciudadanos, el dinero de las instituciones europeas, la complicidad de los trabajadores… y lo han derrochado, tirado, todo.

Toca cambiar. Respetar las reglas del juego. Sin más engaños ni más trampas.

Nosotros no lo hemos provocado.

¡¡Que lo paguen ellos!!

Juan Francisco González Salguero, responsable de organización de Izquierda Unida y trabajador del Ayuntamiento de Dos Hermanas

Blog ManoloLay.com

Cuando la cuerda se tensa siempre se rompe por el lado más débil. Este dicho popular se puede aplicar a la crisis internacional, que estamos pagando las clases más humildes; pero también explica lo que está sucediendo con el conflicto entre la policía local y el ayuntamiento, donde el pato (el incremento de multas) lo están pagando los ciudadanos. Ahora bien ¿quiénes son los que tensan la cuerda? En un caso está claro: la crisis que sufrimos los de abajo la han provocado los mercados especulativos. ¿Y en el asunto de las multas, son los policías los culpables? Rotundamente no: los trabajadores y trabajadoras que tienen como misión ejercer la autoridad y garantizar el respeto y la seguridad en Dos Hermanas, por mucho que su actuación pudiera ser reprochable, son también víctimas.

En un Estado Democrático y de Derecho, la función de la policía es cumplir y hacer cumplir las leyes. Y los tribunales de justicia, por su parte, tienen la misión de velar por el cumplimiento de lo uno y lo otro. Si los agentes han abusado de su poder en las noches del 18 de mayo y siguientes, el poder judicial está ahí para asegurar nuestros derechos como ciudadanos. Y si lo que han hecho es actuar a la japonesa, sancionando con rigor a quienes verdaderamente estaban incumpliendo las normas de tráfico, también se verá.

Si se ha actuado mal, por tanto, la justicia lo dirá. Obviamente, a nadie le gusta que le pongan una multa, y menos con la que está cayendo. Pero también es cierto que el ayuntamiento que ahora ordena a la policía local que su trabajo “se circunscriba a garantizar la seguridad vial, informar y ayudar a los ciudadanos que lo precisen y auxiliar a la Policía Nacional” y “en materia de multas por estacionamiento, sólo se actúe en los casos que produzcan obstrucción al tráfico”, es el mismo que obligó a sus agentes a sancionar sistemáticamente a todos aquellos motoristas que fueran sin casco. ¿Acaso estos motoristas obstruían el tráfico? ¿Acaso no se incrementó espectacularmente entonces el número habitual de sanciones?

Es conocido el hartazgo de muchísimas personas ante la impunidad con que nos saltamos, como conductores, las leyes de circulación vial. No conozco a nadie que no haya criticado alguna vez la laxitud con que se trata a quienes aparcan en doble fila, en los vados, en las plazas reservadas para minusválidos o encima de las aceras y pasos de cebra. Ahora queda en evidencia que esta laxitud no es fruto de la dejadez de funciones de la policía, sino de las instrucciones de sus jefes políticos en el ayuntamiento. Poner multas crea alarma social, y la alarma social se traduce en críticas al gobierno de turno, y las críticas al gobierno son las que quitan votos y hacen perder las elecciones.

Pero estos argumentos, gusten o no, ocultan el verdadero meollo de la cuestión: ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Cuál es el motivo de la rebelión policial? ¿Se han vuelto majaretas nuestros agentes del orden? ¿Son una panda de niñatos? ¿Son nuestros garantes de la ley y la justicia actores y actrices de una nueva versión de Loca Academia de Policía? No, ni mucho menos.

El gobierno de Toscano está haciendo todo lo posible para que los árboles de las multas oculten a la ciudadanía el bosque de problemas que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras de nuestro ayuntamiento desde hace mucho tiempo, los policías y los que no lo son (que, por cierto, ya veremos qué pasa con el resto). Este es el quid de la cuestión. Nuestro alcalde se ha encargado de que nadie sepa por qué está pasando lo que está pasando. ¿Alguien conoce el fondo del asunto? ¿Alguien ha leído una nota de prensa con la opinión de los sindicatos sobre este tema? ¿Alguien sabe que están pidiendo el cumplimiento de lo que consideran sus derechos? ¿Por qué, en una sociedad democrática, se niega a los ciudadanos el derecho a conocer todas las posiciones en un conflicto? Tal vez porque vivamos en una democracia formal, pero no real.

Insisto, por si no ha quedado todavía claro: ignoro si todas las multas se han puesto cumpliendo la ley, pero, con independencia de eso, la policía local de Dos Hermanas tiene todo mi apoyo en sus reivindicaciones. Además, no tengo el menor reparo en afirmar que podemos presumir, pese a la precariedad y las dificultades con que realizan su trabajo, de contar con una inmensa mayoría de excelentes profesionales, bien preparados y aptos para asumir el complicado rol de hacer cumplir el Ordenamiento democrático en nuestro término municipal, que tiene miga y no es poca cosa. Otra cosa distinta es, desde hace mucho tiempo, en manos de quiénes están y de quiénes son los que dirigen su labor.

Y no sólo eso: pienso que la actuación del alcalde de nuestra ciudad ha sido incendiaria y, como representante del pueblo, completamente desafortunada y censurable. Su manera de “tomar cartas en el asunto”, en vez de servir para calmar un conflicto, ha servido para echar gasolina en la hoguera. Además de hacer de juez y parte, ha tomado el peor de los caminos: el de utilizar al jurado popular (la ciudadanía) para criminalizar a un colectivo de personas que tienen todo el derecho del mundo a exigir lo que consideran justo. Y en un Estado Democrático como el nuestro, hacer eso es cuestionar los principios básicos y elementales de las personas y poner en peligro la convivencia social. Y si mañana, o pasado, unos ciudadanos cabreados se enfrentan a los agentes de la policía local, será difícil reprocharles que lo hayan hecho porque nuestros gobernantes han decidido calentar el ambiente y poner al pie de los caballos a nuestros agentes de policía.

Cuando un equipo de fútbol no va bien y pierde partidos, lo habitual es que la directiva del club cambie al entrenador. Esa decisión es complicada y a veces equivocada, pero lo que nunca resulta de recibo es que se pida a la afición que se eche encima de los jugadores cuando salten al campo, o que se vaya a los entrenamientos a decirles lo que se merecen. Eso es lo que ha ocurrido aquí, con las declaraciones televisadas de algunos responsables de –no lo olvidemos- un grupo de trabajadores y trabajadoras que velan por nuestra seguridad y que, con razones o sin ellas, han decidido dejarse de paños calientes y han dicho que ya está bien de pagar los platos rotos de una crisis que no han provocado.

Dicho esto, creo, sinceramente, que poner multas no es la solución, que es un error. Pero también creo que, si el equipo no funciona, tal vez el cambio de entrenador contribuya a ganar el próximo partido. Cualquier cosa, menos dar la imagen pública de que el alcalde es el poli bueno y los trabajadores son la encarnación del poli malo. Eso está bien y queda hasta gracioso para las películas de Bud Spencer y Terence Hill, pero en una “ciudad para vivir” resulta cutre y contraproducente. Espero, de todo corazón, que no nos lamentemos por ello.

El Arenal – Mayo 2010

El terrorismo de Estado, ese que instauraron los golpistas en 1936 y permaneció formalmente hasta 1975, sigue contaminando las médulas espinales de nuestro sistema patrio. Y no sólo en política, sino también en esa pata de la supuesta separación de poderes, el poder Judicial.

No hay que ser tan cándido, ni parezcamos serlo: la independencia judicial es deseable, pero en este caso –y en muchos otros- no existe. El argumento “hay que dejar que la Ley actúe” lo hemos oído muchas veces también, incluso en los plenos del ayuntamiento, tanto en unos escaños como en otros; pero todos conocemos el dicho popular “quien hace la ley hace la trampa”, sobre todo cuando la trampa está en manos de quienes aplican la ley.

El régimen del Generalísimo Franco no vino por la gracia de Dios, sino que era un régimen declaradamente totalitario y que llevó a cabo una verdadera limpieza étnica al identificar a las mujeres y hombres leales a la República Española como una raza a exterminar, los llamados rojos. ¿Existe alguna duda, por tanto, para que llamemos a esa limpieza como un genocidio asimilado?

Hoy esos comportamientos se denominarían sin lugar a dudas como un régimen de terrorismo de Estado; nuestro propio ordenamiento jurídico condena sin paliativos la “exaltación del terrorismo”. En este sentido se está siendo demasiado permisivo con actos y expresiones que entran de lleno en el delito de apología del terrorismo. Cuando Mayor Oreja calificó la etapa franquista como “un período de extraordinaria placidez” estaba justificando casi cuarenta años de terrorismo institucional, es decir, estaba cometiendo un delito de exaltación tipificado hoy en la Ley de Partidos que él mismo promovió y apoyó. Si hacemos analogías con otros periodos negros de la Historia contemporánea, es como si un ministro de Angela Merkel dijese públicamente del nazismo lo mismo que el ex ministro de Aznar, con el agravante de que allí están prohibidos los partidos que hacen apología del régimen hitleriano.

Falange Española no sólo tiene el presente de aparecer de vez en cuando en pegatinas que vemos por las calles. Como escribió recientemente Francisco González de Tena, “fue una herramienta fundamental en el exterminio sistemático y planificado de cientos de miles de inocentes ciudadanos españoles, y sus botas, correajes y símbolos son un referente básico del régimen de terror al que hemos aludido”. Según el citado autor, en el enjuiciamiento a Garzón “Estamos ante un desprecio sistemático de los argumentos legales del Ministerio Público, algo que es esencial en cualquier procedimiento. La voz autorizada de la Fiscalía ha sido ignorada de forma contumaz por la Sala, cuando exigía el archivo de la causa. No se han admitido las pruebas para la defensa del ahora acusado. No se han admitido los testigos cualificados propuestos por la defensa, que demostraría la extemporaneidad de una Ley de Amnistía (invocada reiteradamente como referente último por tan peculiares acusadores) cuya nulidad ha sido reclamada hasta la saciedad por todas las instancias internacionales con responsabilidad legal en la defensa de los Derechos Humanos, como el Relator de Naciones Unidas. No se le ha dado la relevancia debida a la contaminación ideológica y de animadversión personal de algunos de los integrantes del Tribunal. Y, como resumen de estos graves defectos formales –que invalidarían cualquier otro procedimiento, pero no por lo visto este– no se considera que todo este cúmulo de evidentes irregularidades colocan al magistrado acusado injustamente en una situación de clara indefensión”.

No podemos olvidar que a Falange se le ha dado amparo en el Tribunal Supremo para erigirse en acusador del magistrado Garzón con el inaceptable argumento de “haber atentado contra el honor de Franco”. Es grave que un grupo con esa ideología tenga página web y siga perpetuando homenajes en el Valle de los Caídos –junto a determinados elementos reaccionarios de la Iglesia-, pero es más grave que el propio presidente del Tribunal Supremo, el señor Dívar, lo considere “libre de toda sospecha”. Y también es gravísimo que el magistrado Varela y demás compañeros de procedimiento aceptan entusiasmados la personación de tan cualificados herederos del horror para proceder a una chapuza judicial que a punto han estado de resolverse coincidiendo con la conmemoración del 79 aniversario de la proclamación de la II República, algo que, con toda seguridad, hubieran celebrado como nuevo Día de la Victoria.

Asuntos como el de Garzón pone en evidencia, una vez más, que nuestro país sufrió una transición incompleta. Quienes debieron estar sentados en el juicio de Nuremberg, como lo estuvieron los generales de Hitler, se fueron de rositas gracias a la Ley de Amnistía. Y hoy, esos mismos, o sus herederos, son los responsables del Golpe de Estado Judicial, el único que se puede perpetrar dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, tal y como recoge nuestra Constitución. Antes se fusilaba y enterraba en las cunetas; ahora se fusila y entierra en los tribunales. Algo hemos avanzado.

Manolo Lay, portavoz de Izquierda Unida.