Por lo tanto, hay avance. Sin embargo, como sabe nuestro alcalde, nuestro grupo parlamentario andaluz consideró esos avances como insuficientes, en cuanto se opina que no van a permitir poner a los ayuntamientos a ser motores de dinamismo económico y social.

La base fundamental de la preocupación de Izquierda Unida es, como siempre, la financiación. No tanto la Ley de Autonomía Local, sino los recursos económicos que permitan su desarrollo y no la conviertan en papel mojado. Estamos hablando del famoso reparto de ingresos de las tres administraciones (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), del que se viene hablando desde 1979: 50-25-25. Y que hoy es 51-36-14, muy por debajo de lo que necesitan las administraciones más cercanas a la ciudadanía.

Hace dos días apareció en prensa que Chaves descarta reformar la financiación local antes de 2013. Sabemos que la FEMP está también peleando en el modelo de  financiación, en mejorar la ley, en la ley que tiene que salir en el conjunto del Estado, que también participa en este tema y que, con el anuncio de Chaves, rebaja sustancialmente el valor de lo legislado en Andalucía durante los próximos 3 años.

Nuestro grupo parlamentario consideró imprescindibles 28 enmiendas de las ciento treinta que se plantearon. No fueron atendidas y eso provocó el voto en contra a ambas leyes. Se plantearon doce elementos esenciales, sobre los tributos propios, no los cedidos, sobre el reconocimiento de la deuda histórica contraída de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos por competencias y recursos asumidos, sobre la financiación de las nuevas competencias, sobre la financiación de las Entidades Locales Autónomas, sobre la participación vecinal, sobre la suficiencia financiera de los ayuntamientos; la defensa de los servicios públicos; la defensa del pluralismo político; las políticas activas de empleo; las medidas contra al transfuguismo político, y la limitación y privatización de los servicios públicos.

En el debate parlamentario, Diego Valderas dijo que las leyes no son inmutables, son mejorables y cambiables y que Izquierda Unida confía en poder mejorar estas dos leyes en el futuro.

Con ese fundamento, y desde el reconocimiento de los avances, vamos a mantener aquí el voto negativo de nuestro grupo parlamentario.

Es comprensible que las clases populares odiaran a la Iglesia (y la Iglesia debería reflexionar sobre por qué era tan odiada) y es comprensible, aunque no justificable, que unos extremistas quemaran iglesias y asesinaran a curas. Estos hechos deben denunciarse, pero tales desmanes no fueron políticas de Estado, como sí que lo fueron los asesinatos sistemáticos de los demócratas republicanos por parte de la dictadura.

No sólo el número de muertos, mucho mayor en el lado democrático que en el fascista, sino la naturaleza de los muertos (no todos los muertos son iguales), distinguen a las fuerzas democráticas de los golpistas.

Levantar un Memorial en Los Merinales no es un acto para igualar la balanza, ni un acto de revancha, sino de justicia. Se trata de recordar a los olvidados, de enterrar dignamente a los asesinados, y de dejar claro que nuestra democracia de hoy no es heredera de la dictadura -para algunos políticos lo fue, y también para sus descendientes- sino de la democracia proclamada en 1931 y arrebatada en 1936.

Lo he dicho en otras ocasiones: no soy nadie, ni tengo autoridad ética alguna, para reprochar a mis mayores la Transición inmodélica que hicieron en nuestro país tras la muerte de Franco. Pero eso no es óbice para pensar que esa transición no habrá terminado hasta que se haga justicia histórica con quienes aún no han tenido una muerte digna.

Además de esto, el sentido de esta moción tiene otro elemento, que explicó muy bien el escritor y articulista Isaac Rosa en el diario Público el pasado 12 de julio: “Se entiende que hoy las prioridades son las que son. Pero si, aparte de otras pérdidas, salimos de la crisis con menos memoria, mal vamos. Porque además, los familiares de las víctimas ya han comprobado que tampoco en tiempo de bonanza atendieron sus reivindicaciones. ¿Por qué ahora deberían esperar al regreso de las vacas gordas?”.

Ya es casi imposible, como escribió Ángel del Río, que la primera piedra del Memorial la ponga un ex preso, pero al menos estamos poniendo, con la reserva de suelo en Los Merinales, otra primera piedra para que ese Memorial sea una realidad, estamos quitando otra piedra del olvido y estamos contribuyendo a recuperar todos los nombres que se borraron de lo mejor de nuestra historia durante demasiado tiempo.

Manolo Lay

Estamos hablando de una antena cuya empresa tiene menos papeles que el que se está bañando. Lo que se dice nada de nada, ni tan siquiera una comunicación en el departamento correspondiente de la concejalía de urbanismo. Una ilegalidad palmaria, de tarjeta roja, contra la que el concejal de urbanismo informó que, legalmente, sólo cabe precintar la instalación -ya veremos si se podrá entrar directamente en el edificio o habrá que acudir a la vía judicial-, además de imponer la correspondiente sanción económica y, en último término, instar a la demolición de lo levantado.

Hasta ahí todo bien, pero había cuestiones que no encajaban. Por ejemplo, no encajaba que se haya tenido que esperar a que la empresa reincidiera en su intento para estudiar el precintado de la instalación. No encajaba esa parsimonia tan incolora, ni siquiera de amonestación verbal, por parte del ayuntamiento. Tampoco encajaban las palabras “No hace falta que vengan todos los vecinos de la calle, ni que me traigan una instancia firmada por cincuenta personas, es suficiente con una persona y una firma”, dichas por el jefe político de urbanismo. Si algo me ha enseñado la experiencia de estos pocos años, es que las reivindicaciones de la gente sólo salen adelante si llenas el vestíbulo de ciudadanos cabreados, o si el jaleo que se forma en las puertas de la casa consistorial es un estorbo para el plácido murmullo habitual del interior. Si la queja vecinal de la calle Soria se hubiese limitado a una firma estampada en una instancia, la antena ilegal ya estaría funcionando a pleno rendimiento.

De aquella primera reunión me quedo con una frase, una tarjeta amarilla, dicha por mi amigo Joaquín Caro. Es esta, más o menos: “En algún momento habrá que plantearse echar cuenta a los vecinos”. Parece una perogrullada, sobre todo para unos políticos como los que nos gobiernan, acostumbrados a que sean los vecinos quienes ’se dejen echar cuenta’, votados y revotados cada cuatro años. Por eso Carrión no se comprometió a nada, ni aseguró fecha alguna, ni tan siquiera pudo dar idea sobre si la antena sería retirada a medio o largo plazo. Por cierto, Carrión insistió varias veces en su “no entiendo por qué nos quejamos tanto, si todos usamos móviles”, pero cuando se le preguntó si aceptaría tener una antena de telefonía en el tejado de su casa, dijo que no, es decir, que recibió un gol por toda la escuadra. Después de esa reunión hubo otras, y en todas se decía lo mismo: mañana lo arreglaremos, vuelva usted mañana.

Pero el arreglo no llegaba, así que los vecinos y vecinas no se aburrieron, sino más bien al contrario: cada día se enfadaban más. Así fue hasta el día del pleno municipal celebrado el pasado 23 de julio, cuando, por primera vez en mucho tiempo, la sala se llenó de gente para ver qué respondía Carrión a nuestra pregunta sobre la antena. ¿Y qué pasó? Pues que el gobierno local se asustó, así de sencillo. Después de varias semanas mareando la perdiz, el concejal de urbanismo aseguró, ante la concurrencia, que la propia empresa instaladora de la antena se había comprometido a desmontarla “la semana que viene”, es decir, entre el 26 de julio y el 1 de agosto. Donde antes todo era problemas, ahora, de repente, llega la “solución mágica”.

De este tema se pueden extraer varias enseñanzas. Los vecinos y vecinas de la calle Soria (y las calles adyacentes) han conseguido que una empresa multinacional, ayudada por un gobierno municipal que hacía la vista gorda, diese su brazo a torcer. Con este ejemplo vecinal, se ha evitado que caraduras sin escrúpulos salieran de rositas al cometer una ilegalidad con nocturnidad y alevosía. Además, se ha sentado un precedente para quienes quieran intentarlo en próximas ocasiones: la gente tiene que saber que la movilización social funciona, el ayuntamiento está advertido de que ya no vale silbar y mirar para otro lado y las empresas de telefonía móvil ya se lo pensarán algo más antes de intentar hacer las cosas con tanta fullería.

Eso sí, la victoria hay que mantenerla en el tiempo. En el pleno, el alcalde dio a entender que no habría nada que hacer si una instaladora viene con todos los papeles en regla. Eso no es cierto, porque hay muchos casos (incluso en Dos Hermanas) de antenas legales que se han retirado por la presión ciudadana. La advertencia del alcalde significa que si la misma empresa quiere legalizar una nueva antena, incluso en el mismo sitio, tendrá el visto bueno del ayuntamiento. Así que habrá que seguir vigilando y no bajar los brazos.

Manolo Lay, coordinador local de Izquierda Unida.

Los derechos adquiridos por los trabajadores durante años y años se están perdiendo a base de plumazos y medidas que sólo llevan a fomentar el despido libre, la precariedad y la contratación temporal.

Tantos años de lucha no se pueden perder tan fácilmente, no nos pueden pisotear como si de una hoja seca se tratase, nosotros, compañeros, no somos responsables de la mala gestión de los gobiernos neoliberales del PP y PSOE donde su política económica se ha basado en el ladrillazo. Tenemos que defendernos como gato panza arriba. El presente está oscuro, pero el futuro puede ser aun peor, volveremos a los tiempos en los que trabajar era un lujo y no un derecho, como debería ser.

Por la parte que me corresponde, invito a los jóvenes a que se movilicen cuando la ocasión lo requiera, da igual el color, la creencia, el pensamiento, todos estamos juntos en esta bola que rueda hacia ninguna parte… devolvámosles el favor a todos los que lucharon por los derechos que ahora estos señores nos quieren quitar; es la hora de ponernos el mono y manos a la obra, no permitamos que hipotequen nuestro futuro y nos llamen ni-ni, que nos roben nuestros derecho y nos hagan pagar por este desastre que no hemos provocado.

¡Jóvenes, ha llegado nuestra hora, demostremos que estamos a la altura!

Contra la precariedad y los recortes de derechos sólo hay una receta, ¡lucha obrera!

Adrián González Román
Miembro del Area de Juventud de Izquierda Unida

EL ARENAL – julio

La ostentación, el boato, el esplendor de las obras faraónicas e impersonales a los que nos tenía acostumbrado el sr. Toscano y su equipo, como ahora se ve, no era más que una cortina de humo, y como humo se ha disipado.

Durante años el Ayuntamiento de Dos Hermanas ha estado viviendo una quimera, un sueño que se resumía en unos presupuestos municipales que año tras año, acumulaban superávit demostrando así la capacidad “de gestión” de nuestros gobernantes. Pues bien, el sueño ha terminado.

El edificio se ha venido abajo como un castillo de naipes. Las obras persisten… sobre el papel. Las contrataciones masivas que garantizaban un considerable número de votos, son cada vez más escasas, más espaciadas en el tiempo y con mayor precariedad y menos garantías y derechos.
No es cierto lo que dicen sobre los privilegios de los empleados públicos. El mayor índice de precariedad en el empleo se da en la administración. Los salarios más bajos, también. Es evidente y no lo vamos a negar, que nos preocupan los recortes salariales, como a cualquiera. Pero más que los recortes en nuestras nóminas, los preocupan los recortes en los servicios al ciudadano. Porque nosotros también somos ciudadanos.

Y nos preocupa, claro que nos preocupa, el sistemático incumplimiento de lo firmado y pactado entre los trabajadores municipales y los gobernantes de este Ayuntamiento.

Y lo que en cualquier empresa de ámbito privado, hubiese derivado ya en conflicto, aquí se ha acallado por responsabilidad.

Responsabilidad de los trabajadores conscientes de su función pública. Quien no ha cumplido, quien no cumple, es el gobierno municipal del PSOE. Tachar de irresponsables, mermar y acotar la autoridad de la policía local, es una irresponsabilidad.

Infravalorar, no dotar de medios y plantilla suficientes al cuerpo de bomberos, es una temeridad.
Enfrentar al resto de los trabajadores municipales con el conjunto de la ciudadanía, en base a sus supuestos privilegios, es una vileza además de una cobardía que sólo sirve para ocultar su propia incapacidad a la hora de gestionar a las duras.

Saber gobernar, saber gestionar es estar tanto a las duras como a las maduras.

El gestor modelo del PSOE andaluz, el alcalde entre los alcaldes, el ídolo del nuevo socialismo ha demostrado tener los pies de barro.

Esperan que nos callemos. Que las tranquilas aguas en las que están instalados, sigan sin agitarse.
Pero hasta aquí hemos llegado. Ellos, los gobernantes municipales del PSOE, lo han tenido todo: la confianza de los ciudadanos, el dinero de las instituciones europeas, la complicidad de los trabajadores… y lo han derrochado, tirado, todo.

Toca cambiar. Respetar las reglas del juego. Sin más engaños ni más trampas.

Nosotros no lo hemos provocado.

¡¡Que lo paguen ellos!!

Juan Francisco González Salguero, responsable de organización de Izquierda Unida y trabajador del Ayuntamiento de Dos Hermanas

Blog ManoloLay.com

Cuando la cuerda se tensa siempre se rompe por el lado más débil. Este dicho popular se puede aplicar a la crisis internacional, que estamos pagando las clases más humildes; pero también explica lo que está sucediendo con el conflicto entre la policía local y el ayuntamiento, donde el pato (el incremento de multas) lo están pagando los ciudadanos. Ahora bien ¿quiénes son los que tensan la cuerda? En un caso está claro: la crisis que sufrimos los de abajo la han provocado los mercados especulativos. ¿Y en el asunto de las multas, son los policías los culpables? Rotundamente no: los trabajadores y trabajadoras que tienen como misión ejercer la autoridad y garantizar el respeto y la seguridad en Dos Hermanas, por mucho que su actuación pudiera ser reprochable, son también víctimas.

En un Estado Democrático y de Derecho, la función de la policía es cumplir y hacer cumplir las leyes. Y los tribunales de justicia, por su parte, tienen la misión de velar por el cumplimiento de lo uno y lo otro. Si los agentes han abusado de su poder en las noches del 18 de mayo y siguientes, el poder judicial está ahí para asegurar nuestros derechos como ciudadanos. Y si lo que han hecho es actuar a la japonesa, sancionando con rigor a quienes verdaderamente estaban incumpliendo las normas de tráfico, también se verá.

Si se ha actuado mal, por tanto, la justicia lo dirá. Obviamente, a nadie le gusta que le pongan una multa, y menos con la que está cayendo. Pero también es cierto que el ayuntamiento que ahora ordena a la policía local que su trabajo “se circunscriba a garantizar la seguridad vial, informar y ayudar a los ciudadanos que lo precisen y auxiliar a la Policía Nacional” y “en materia de multas por estacionamiento, sólo se actúe en los casos que produzcan obstrucción al tráfico”, es el mismo que obligó a sus agentes a sancionar sistemáticamente a todos aquellos motoristas que fueran sin casco. ¿Acaso estos motoristas obstruían el tráfico? ¿Acaso no se incrementó espectacularmente entonces el número habitual de sanciones?

Es conocido el hartazgo de muchísimas personas ante la impunidad con que nos saltamos, como conductores, las leyes de circulación vial. No conozco a nadie que no haya criticado alguna vez la laxitud con que se trata a quienes aparcan en doble fila, en los vados, en las plazas reservadas para minusválidos o encima de las aceras y pasos de cebra. Ahora queda en evidencia que esta laxitud no es fruto de la dejadez de funciones de la policía, sino de las instrucciones de sus jefes políticos en el ayuntamiento. Poner multas crea alarma social, y la alarma social se traduce en críticas al gobierno de turno, y las críticas al gobierno son las que quitan votos y hacen perder las elecciones.

Pero estos argumentos, gusten o no, ocultan el verdadero meollo de la cuestión: ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Cuál es el motivo de la rebelión policial? ¿Se han vuelto majaretas nuestros agentes del orden? ¿Son una panda de niñatos? ¿Son nuestros garantes de la ley y la justicia actores y actrices de una nueva versión de Loca Academia de Policía? No, ni mucho menos.

El gobierno de Toscano está haciendo todo lo posible para que los árboles de las multas oculten a la ciudadanía el bosque de problemas que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras de nuestro ayuntamiento desde hace mucho tiempo, los policías y los que no lo son (que, por cierto, ya veremos qué pasa con el resto). Este es el quid de la cuestión. Nuestro alcalde se ha encargado de que nadie sepa por qué está pasando lo que está pasando. ¿Alguien conoce el fondo del asunto? ¿Alguien ha leído una nota de prensa con la opinión de los sindicatos sobre este tema? ¿Alguien sabe que están pidiendo el cumplimiento de lo que consideran sus derechos? ¿Por qué, en una sociedad democrática, se niega a los ciudadanos el derecho a conocer todas las posiciones en un conflicto? Tal vez porque vivamos en una democracia formal, pero no real.

Insisto, por si no ha quedado todavía claro: ignoro si todas las multas se han puesto cumpliendo la ley, pero, con independencia de eso, la policía local de Dos Hermanas tiene todo mi apoyo en sus reivindicaciones. Además, no tengo el menor reparo en afirmar que podemos presumir, pese a la precariedad y las dificultades con que realizan su trabajo, de contar con una inmensa mayoría de excelentes profesionales, bien preparados y aptos para asumir el complicado rol de hacer cumplir el Ordenamiento democrático en nuestro término municipal, que tiene miga y no es poca cosa. Otra cosa distinta es, desde hace mucho tiempo, en manos de quiénes están y de quiénes son los que dirigen su labor.

Y no sólo eso: pienso que la actuación del alcalde de nuestra ciudad ha sido incendiaria y, como representante del pueblo, completamente desafortunada y censurable. Su manera de “tomar cartas en el asunto”, en vez de servir para calmar un conflicto, ha servido para echar gasolina en la hoguera. Además de hacer de juez y parte, ha tomado el peor de los caminos: el de utilizar al jurado popular (la ciudadanía) para criminalizar a un colectivo de personas que tienen todo el derecho del mundo a exigir lo que consideran justo. Y en un Estado Democrático como el nuestro, hacer eso es cuestionar los principios básicos y elementales de las personas y poner en peligro la convivencia social. Y si mañana, o pasado, unos ciudadanos cabreados se enfrentan a los agentes de la policía local, será difícil reprocharles que lo hayan hecho porque nuestros gobernantes han decidido calentar el ambiente y poner al pie de los caballos a nuestros agentes de policía.

Cuando un equipo de fútbol no va bien y pierde partidos, lo habitual es que la directiva del club cambie al entrenador. Esa decisión es complicada y a veces equivocada, pero lo que nunca resulta de recibo es que se pida a la afición que se eche encima de los jugadores cuando salten al campo, o que se vaya a los entrenamientos a decirles lo que se merecen. Eso es lo que ha ocurrido aquí, con las declaraciones televisadas de algunos responsables de –no lo olvidemos- un grupo de trabajadores y trabajadoras que velan por nuestra seguridad y que, con razones o sin ellas, han decidido dejarse de paños calientes y han dicho que ya está bien de pagar los platos rotos de una crisis que no han provocado.

Dicho esto, creo, sinceramente, que poner multas no es la solución, que es un error. Pero también creo que, si el equipo no funciona, tal vez el cambio de entrenador contribuya a ganar el próximo partido. Cualquier cosa, menos dar la imagen pública de que el alcalde es el poli bueno y los trabajadores son la encarnación del poli malo. Eso está bien y queda hasta gracioso para las películas de Bud Spencer y Terence Hill, pero en una “ciudad para vivir” resulta cutre y contraproducente. Espero, de todo corazón, que no nos lamentemos por ello.

El Arenal – Mayo 2010

El terrorismo de Estado, ese que instauraron los golpistas en 1936 y permaneció formalmente hasta 1975, sigue contaminando las médulas espinales de nuestro sistema patrio. Y no sólo en política, sino también en esa pata de la supuesta separación de poderes, el poder Judicial.

No hay que ser tan cándido, ni parezcamos serlo: la independencia judicial es deseable, pero en este caso –y en muchos otros- no existe. El argumento “hay que dejar que la Ley actúe” lo hemos oído muchas veces también, incluso en los plenos del ayuntamiento, tanto en unos escaños como en otros; pero todos conocemos el dicho popular “quien hace la ley hace la trampa”, sobre todo cuando la trampa está en manos de quienes aplican la ley.

El régimen del Generalísimo Franco no vino por la gracia de Dios, sino que era un régimen declaradamente totalitario y que llevó a cabo una verdadera limpieza étnica al identificar a las mujeres y hombres leales a la República Española como una raza a exterminar, los llamados rojos. ¿Existe alguna duda, por tanto, para que llamemos a esa limpieza como un genocidio asimilado?

Hoy esos comportamientos se denominarían sin lugar a dudas como un régimen de terrorismo de Estado; nuestro propio ordenamiento jurídico condena sin paliativos la “exaltación del terrorismo”. En este sentido se está siendo demasiado permisivo con actos y expresiones que entran de lleno en el delito de apología del terrorismo. Cuando Mayor Oreja calificó la etapa franquista como “un período de extraordinaria placidez” estaba justificando casi cuarenta años de terrorismo institucional, es decir, estaba cometiendo un delito de exaltación tipificado hoy en la Ley de Partidos que él mismo promovió y apoyó. Si hacemos analogías con otros periodos negros de la Historia contemporánea, es como si un ministro de Angela Merkel dijese públicamente del nazismo lo mismo que el ex ministro de Aznar, con el agravante de que allí están prohibidos los partidos que hacen apología del régimen hitleriano.

Falange Española no sólo tiene el presente de aparecer de vez en cuando en pegatinas que vemos por las calles. Como escribió recientemente Francisco González de Tena, “fue una herramienta fundamental en el exterminio sistemático y planificado de cientos de miles de inocentes ciudadanos españoles, y sus botas, correajes y símbolos son un referente básico del régimen de terror al que hemos aludido”. Según el citado autor, en el enjuiciamiento a Garzón “Estamos ante un desprecio sistemático de los argumentos legales del Ministerio Público, algo que es esencial en cualquier procedimiento. La voz autorizada de la Fiscalía ha sido ignorada de forma contumaz por la Sala, cuando exigía el archivo de la causa. No se han admitido las pruebas para la defensa del ahora acusado. No se han admitido los testigos cualificados propuestos por la defensa, que demostraría la extemporaneidad de una Ley de Amnistía (invocada reiteradamente como referente último por tan peculiares acusadores) cuya nulidad ha sido reclamada hasta la saciedad por todas las instancias internacionales con responsabilidad legal en la defensa de los Derechos Humanos, como el Relator de Naciones Unidas. No se le ha dado la relevancia debida a la contaminación ideológica y de animadversión personal de algunos de los integrantes del Tribunal. Y, como resumen de estos graves defectos formales –que invalidarían cualquier otro procedimiento, pero no por lo visto este– no se considera que todo este cúmulo de evidentes irregularidades colocan al magistrado acusado injustamente en una situación de clara indefensión”.

No podemos olvidar que a Falange se le ha dado amparo en el Tribunal Supremo para erigirse en acusador del magistrado Garzón con el inaceptable argumento de “haber atentado contra el honor de Franco”. Es grave que un grupo con esa ideología tenga página web y siga perpetuando homenajes en el Valle de los Caídos –junto a determinados elementos reaccionarios de la Iglesia-, pero es más grave que el propio presidente del Tribunal Supremo, el señor Dívar, lo considere “libre de toda sospecha”. Y también es gravísimo que el magistrado Varela y demás compañeros de procedimiento aceptan entusiasmados la personación de tan cualificados herederos del horror para proceder a una chapuza judicial que a punto han estado de resolverse coincidiendo con la conmemoración del 79 aniversario de la proclamación de la II República, algo que, con toda seguridad, hubieran celebrado como nuevo Día de la Victoria.

Asuntos como el de Garzón pone en evidencia, una vez más, que nuestro país sufrió una transición incompleta. Quienes debieron estar sentados en el juicio de Nuremberg, como lo estuvieron los generales de Hitler, se fueron de rositas gracias a la Ley de Amnistía. Y hoy, esos mismos, o sus herederos, son los responsables del Golpe de Estado Judicial, el único que se puede perpetrar dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, tal y como recoge nuestra Constitución. Antes se fusilaba y enterraba en las cunetas; ahora se fusila y entierra en los tribunales. Algo hemos avanzado.

Manolo Lay, portavoz de Izquierda Unida.

Artículo de Enrique Santiago (Secretario de refundación y relaciones políticas de IU) y Jorge García (Miembro de la Presidencia de IU) en el periódico Diagonal.

Con este artículo queremos continuar el debate que se ha abierto en torno al proceso de refundación de la izquierda con la participación entre otros de Tomás Rodríguez Villasante o Armando Fernández Steinko. Sin duda es para nosotros un honor dialogar con compañeros de tanta valía, y mucho más en un medio como Diagonal, que es una de las iniciativas más importantes entre los medios críticos. Podemos considerar éste como un primer éxito, pues uno de nuestros principales objetivos es abrir un debate sobre la necesidad de un proceso de refundación de la izquierda.

Se han puesto sobre la mesa de debate las dificultades y las suspicacias. Conocemos las dificultades de IU para lanzar el proceso de refundación de la izquierda: posible falta de credibilidad, deriva hacia posiciones electoralistas, paulatina desvinculación de los movimientos sociales, conflictos y peleas internas, etc. No seremos nosotros quienes neguemos hechos que han sido públicos y notorios –más atribuibles a un núcleo dirigente que al conjunto de la organización–, pero junto a eso entendemos que es básico señalar que hay cosas que están cambiando en IU, que después de la IX Asamblea Federal se han reducido enormemente los conflictos internos, que la organización ha vuelto a dirigirse hacia la acción política y la movilización social, y que se están recomponiendo lazos con otras organizaciones y movimientos.

Abrir posibilidades

Y sobre todo creemos que no se resalta suficientemente la apuesta unánime que hace la militancia de IU en torno a la necesidad de lanzar lo que hemos llamado el proceso de refundación de la izquierda. Es decir, que pese a la situación de debilidad por la que pasaba la organización, la militancia de IU ha sido capaz de lanzar una iniciativa que abre posibilidades reales de recomposición de la izquierda en el Estado español.

En esta línea es importante dejar claro que IU lanza este proceso, pero que no espera tutelarlo ni acotarlo. Para nosotros se trata de una propuesta abierta que no define el resultado final del proceso, en la que caben todos y todas las que luchan contra el neoliberalismo. Se trata de construir, con otras y otros muchos, un nuevo proyecto político que supere la situación actual de la izquierda en el Estado; pero se trata de hacerlo sin tirar por la borda el capital político que tiene actualmente IU, que no es poco.

Evidentemente no tenemos todas las respuestas, por eso para nosotros es importante encontrar, dialogando con otros y otras, la respuesta a la pregunta que lanzaba Villasante en un artículo previo: “¿cómo hacer ese impulso sin ir de partido de vanguardia, de coordinador de los grupos motores, de mezclarlo con la refundación de IU, que la gente pueda sentirse protagonista de un proceso de refundación de la izquierda?”

Entendemos las suspicacias que pueda haber en algunos sectores de la izquierda en cuanto a la utilización electoralista de este proceso, pero creemos que es completamente injustificada. La dinámica que planteamos está completamente alejada de una operación electoralista, en primer lugar porque se trata de un proceso capilar y sostenido en el tiempo, y en segundo lugar porque está completamente desacoplado del ciclo electoral.

De hecho este diseño también ha tenido muchas críticas en sentido contrario, por situarse fuera de los tiempos político/electorales de la política partidaria realmente existente. Lo que nosotros creemos es que cuanto más alejado esté el proceso de la dinámica electoral mejor saldrá el proceso y mejores resultados conseguiremos a medio plazo. Y a la inversa, si hay gente en IU que pretende utilizar la refundación como una mera operación electoral, conseguirá que fracase el proceso y además peores resultados electorales.

Sinceridad

Apostamos sinceramente por la utilización de métodos participativos, como hemos planteado desde el principio del proceso y como hemos plasmado en el documento Foros y Grupos Motores en el Proceso de Refundación de la Izquierda o en la Guía participativa para la refundación de la Izquierda, y tenemos bien claro que de su uso sistemático va a depender en buena medida el éxito de la refundación. De hecho, parece claro que muchos de los problemas de IU, y de otras muchas organizaciones de la izquierda, han venido de la ausencia de reglas democráticas claras, y de la escasa introducción de métodos y técnicas que hayan permitido ampliar la participación a la hora de elaborar política y de tomar decisiones. Los espacios en torno a los cuales planteamos que se articule el proceso son los foros que pueden ser locales o sectoriales, funcionan de forma democrática y participativa, y tienen tres objetivos básicos:

a. El primer objetivo es servir de espacios de encuentro, el de convertirse en ‘plazas’ en las que puedan converger todos los ciudadanos activos o que aspiren a serlo.

b. El segundo objetivo es el de generar sinergias entre las diferentes luchas e iniciativas locales con el fin de potenciarlas y de crear otras nuevas con más y mejores fuerzas.

c. Su tercer objetivo es iniciar un proceso de discusión programática y organizativa sobre lo que debería y/o podría ser el nuevo movimiento político y social. El valor de esta discusión es que estará íntimamente unida a los dos puntos anteriores: por un lado a la comunicación y el intercambio de puntos de vista, por otro a las experiencias de lucha y a las iniciativas locales concretas.

Todo esto buscando un objetivo claro: construir un nuevo movimiento político y social que agrupe al conjunto de la izquierda alternativa. Definir entre todas y todos, en pie de igualdad, una alternativa política al neoliberalismo.

Ése es el planteamiento que hacemos desde la humildad, conociendo las resistencias y debilidades internas, y el escepticismo de muchos y muchas a las que nos queremos dirigir. Una propuesta sincera para un proceso de convergencia política y social que permita refundar la izquierda sin atajos. Una propuesta abierta que sólo puede mejorar con debates como éste.

Enrique Santiago
Secretario de refundación y relaciones políticas de IU

Jorge García
Miembro de la Presidencia de IU

La Ley andaluza recoge varias de las reivindicaciones que hizo Izquierda Unida en la aprobación del III Plan, y que no fueron tenidas en cuenta por el Gobierno local. Por ejemplo, pedimos que una parte del parque de viviendas protegidas fuesen en régimen de alquiler. Ahora que vivimos en tiempos de crisis y los bancos son muy reticentes a ofrecer hipotecas, la vivienda en alquiler podría ser una de las salidas a la demanda de personas con escasez de recursos; de hecho, la promoción del arrendamiento no sólo se contempla en la ley andaluza, sino que está siendo una de las grandes apuestas de todos los gobiernos.

En el caso de Dos Hermanas, con una tasa de paro muy elevada, muchos solicitantes del III Plan corren el riesgo de quedarse fuera por falta de empleo o de ingresos permanentes para aportarlos a la hora de solicitar las hipotecas a los bancos. Para estos casos, la vivienda municipal en alquiler –con o sin opción a compra- garantizaría el derecho a una vivienda digna sin necesidad de solicitar préstamos bancarios y, además, supondría un menor coste para los arrendatarios, ya que la Ley establece que las cantidades mensuales a satisfacer por las unidades familiares, si se trata de acceso a la vivienda en régimen de alquiler, nunca superarán la cuarta parte de los ingresos.

De cualquier forma, convendría también que el ayuntamiento de Dos Hermanas asumiese la obligación, recogida también por la Ley, de promover fórmulas que favorezcan la susbsidiación de los préstamos para aquellos demandantes a los que los bancos les denieguen los préstamos hipotecarios.

Otro de los aspectos que no contempla el III Plan es el de los alojamientos transitorios. Según la nueva Ley, los planes de vivienda municipales deberán incluir “aquellos alojamientos transitorios que se consideren necesarios y los equipamientos que se deben reservar a tal fin”. Este derecho también ha sido una de las reivindicaciones habituales de Izquierda Unida en Dos Hermanas para aquellas personas con riesgo o en situación de exclusión social y que no puedan acceder a una vivienda protegida. En la normativa andaluza se establece que el derecho a alojamiento transitorio debe exigirse a través de los correspondientes servicios sociales del ayuntamiento.

Aspectos que no recoge la nueva Ley

De todos los grupos políticos presentes en el Parlamento andaluz, Izquierda Unida fue el que planteó el mayor número de enmiendas, con un total de 43. Una parte fue aceptada por la mayoría socialista, pero el rechazo a asuntos importantes provocó nuestro voto en contra al texto final, si bien se valora la nueva Ley como positiva respecto de la situación anterior.

Respecto a las enmiendas rechazadas y no incorporadas a la Ley, destacamos:

1.- La intervención pública en el mercado inmobiliario que permita priorizar la puesta en uso de las viviendas vacías, la edificación de los solares existentes y el desarrollo de las actuaciones urbanísticas residenciales previstas por el planeamiento urbanístico.

2.- Las actuaciones dirigidas a evitar la desocupación permanente de las viviendas, en el que se establece que la Junta, en coordinación con las administraciones locales, impulsará políticas de fomento para potenciar la incorporación al mercado, preferentemente en alquiler, de las viviendas vacías o permanentemente desocupadas.

3.- Junto al registro público municipal de demandantes de vivienda, Izquierda Unida pedía la creación del registro público municipal de recursos de vivienda, como instrumento básico para la determinación de los recursos de vivienda y suelo en desuso o con uso deficiente, apto para satisfacer, mediante su intervención, las necesidades de alojamiento del municipio.

4.- La creación del Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana, como plataforma para la planificación, el estudio y el análisis del entorno y de la realidad social y económica andaluza en el sector de la vivienda, colaborando así con los trabajos que realice el Consejo Consultivo y Asesor de la Vivienda de Andalucía y cualquier otro organismo público.

5.- La creación del Instituto Andaluz de Realojamiento e Inserción Social, que tendrá como fin aplicar las políticas autonómicas sobre actuaciones en núcleos chabolistas de Andalucía.

6.- Programas de autoconstrucción de viviendas, de manera que garantizara los materiales, el proyecto técnico y la dirección de obras, el seguro de los autoconstructores, así como el seguimiento de este modelo en todas sus fases constructivas en colaboración con los ayuntamientos, mientras que la Consejería competente complementaría con dinero para materiales, a fin de que los parados puedan hacer viviendas a través del PER (Aepsa)”.

7.- La modificación de la Ley de Expropiación Forzosa, de tal manera que se agilicen los procesos de expropiación por parte de los ayuntamientos para la construcción de vivienda pública.

INFORME SOBRE LA NUEVA LEY REGULADORA DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN ANDALUCÍA
(Publicada en el BOJA del 3 de marzo de 2010)

¿Qué regula la Ley?

1. La nueva Ley pretende dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución española y al nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía en lo relativo al derecho a una vivienda digna, adecuada y de calidad.

2. Se entiende por vivienda digna la edificación fija y habitable, accesible a personas con necesidades especiales.

3. Se entiende por vivienda de calidad la que está adaptada a las condiciones climáticas, minimización de impactos ambientales, reducción del ruido, gestión adecuada de los residuos generados, ahorro y uso eficiente del agua y la energía y utilización de energías renovables.

4. Para hacer cumplir ese derecho, la actividad de las administraciones públicas fomentarán:

- viviendas de promoción libre para aquellas personas que tengan recursos económicos suficientes.

- viviendas protegidas, en propiedad o en alquiler, garantizando que las cantidades mensuales que hayan de satisfacerse por las unidades familiares no superen la tercera parte de sus ingresos, si se trata de acceso a la vivienda en régimen de propiedad, o la cuarta parte de los mismos si se trata de acceso en régimen de alquiler.

- la rehabilitación y conservación del parque de viviendas existente.

¿Cómo se garantiza el derecho a la vivienda?

1. La Ley establece ayudas públicas y otras medidas de fomento para las viviendas protegidas:

a) Préstamos cualificados.

b) Subsidiaciones de los préstamos.

c) Ayudas para facilitar el pago de las cantidades entregadas anticipadamente a la adquisición de la vivienda.

d) Ayudas para facilitar el pago del precio de la vivienda o de la renta del alquiler.

e) Ayudas específicas a los jóvenes u otros colectivos con especial dificultad para el acceso a la vivienda.

f) Ayudas a las personas promotoras.

g) Ayudas para fomentar la oferta de viviendas en régimen de alquiler y el arrendamiento con opción de compra, dando prioridad para el acceso a estas modalidades a las unidades familiares con rentas más bajas.

h) Medidas para el desarrollo del suelo residencial con destino a viviendas protegidas. Se fomentarán especialmente las actuaciones de los promotores públicos.

2. En cuanto a la vivienda libre y la mejora del parque residencial, la Ley ofrece:

a) Incentivos para la salida al mercado de viviendas desocupadas.

b) Oferta de viviendas en régimen de alquiler.

c) Ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios.

d) Medidas para el desarrollo del suelo residencial.

Planes Municipales de Vivienda.

Según la nueva Ley, los Planes Municipales de Vivienda tienen que tener, como mínimo, el siguiente contenido:

a) Cuáles son las necesidades de vivienda de las familias residentes en el municipio. Para ello se ha creado el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

b) Las propuestas de viviendas de promoción pública y su localización.

c) Los alojamientos transitorios que se consideren necesarios y los equipamientos que se deben reservar a tal fin.

d) Las propuestas de actuaciones dirigidas a fomentar la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque de viviendas y que mejoren la eficiencia de uso de dicho parque de viviendas.

e) Medidas para la progresiva eliminación de la infravivienda.

f) Las propuestas de cuantificación y localización de las viviendas protegidas, en sus diferentes programas.

g) El establecimiento de los procedimientos de adjudicación.

h) Las medidas necesarias para el seguimiento y aplicación del Plan.

¿Qué son los alojamientos transitorios?

1. Según la Ley, “Las Administraciones Públicas andaluzas favorecerán el alojamiento transitorio de las personas físicas con riesgo o en situación de exclusión social y vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que no puedan acceder a una vivienda protegida y respecto de las cuales quede acreditada su necesidad habitacional a través de los correspondientes servicios sociales de los ayuntamientos de los municipios en los que residan”.

2. El alojamiento podrá satisfacerse mediante edificaciones que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la residencia colectiva.

3. Los alojamientos deberán incluir servicios comunes que faciliten la plena realización de su finalidad social.

La protección del derecho a la vivienda

Las personas podrán exigir, por vía judicial, el cumplimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada.

Puesta en marcha de los planes de vivienda

Los ayuntamientos deberán aprobar en un plazo máximo de dos años, contados desde la entrada en vigor de la Ley, sus respectivos planes de vivienda y suelo; mientras tanto podrán seguir funcionando con lo previsto en la normativa urbanística.

Si la crisis nos ha enseñado que los gobiernos no pueden regalar la economía al libre albedrío de los mercados, deberíamos también darnos cuenta de que la tierra, la salud y el sustento tampoco pueden dejarse en las manos (nada limpias, muchas veces) de las multinacionales químicas o de la alimentación. Sin embargo, eso es lo que viene sucediendo en las últimas décadas, como tal vez hayas podido ver en la película El jardinero fiel, inspirada en unos ensayos ilegales llevados a cabo en niños nigerianos por empresas farmacéuticas en 1996.

Entra en el despacho de cualquier parlamentario de la Unión Europea y comprobarás la importancia y, sobre todo, la enorme influencia de esas grandes multinacionales en la política comunitaria. Mis compañeros de allí, la ex-eurodiputada Kechu Aramburu y el eurodiputado Willy Meyer, me han hablado de las “suculentas tentaciones” de imperios económicos como Bayer, Basf, Nestlé, etc. Tal vez eso explica que el chocolate pueda seguir llamándose chocolate sin llevar cacao (antes había que traerlo de África) y que la “terrible” gripe A haya sido un auténtico negocio para los laboratorios y un derroche de dinero de los contribuyentes en vacunas que al final hemos tenido que enviar a Argentina, por si acaso allí hicieran falta.

En el último pleno del ayuntamiento, desde Izquierda Unida pedimos que nuestra ciudad se declarase “Ciudad libre de transgénicos”. Y lo hemos hecho porque, según el Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino, en Dos Hermanas hay uno o varios campos de experimentación con productos agrícolas transgénicos al aire libre. Nadie sabe dónde están exactamente esos terrenos, porque todo esto se hace con la más absoluta falta de transparencia y control, y sin registros públicos de los cultivos. De hecho, también el gobierno local y el propio Toscano aseguraron que ignoran dónde están esos campos que el ministerio ubica aquí; al menos, eso sí, se ha comprometido a “intentar informarse sobre el tema”.

¿Son buenos los alimentos transgénicos? El alcalde, aunque reconoció no saber nada del tema, dijo que “podría suponer una solución para acabar con el hambre en el mundo”. A priori parecería una buena idea, pero no es así. Hay variedades de patata diseñadas para producir plásticos y todo tipo de compuestos químicos, pero también está previsto que sus residuos sean utilizados para alimentación animal, por lo que la contaminación de toda la cadena alimentaria es prácticamente inevitable, con los consiguientes riesgos para la salud (de ahí la pregunta que hacía al principio de esta carta). La patata transgénica de la multinacional BASF es un terrible ejemplo de ese modelo de agricultura y de alimentación que se pretende imponer: solamente una de cada cuatro patatas producidas en la Unión Europea se destina a alimentación humana; alrededor de la mitad va a parar a piensos animales, y la cuarta parte restante se utiliza como materia prima en la producción de almidón, de alcohol y de otros productos industriales. Lo mismo viene ocurriendo con el algodón, la remolacha, el maíz, etc.

¿Por qué no queremos que en Dos Hermanas haya campos de este tipo? Por primera vez, el Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino reconoció en octubre de 2009 la existencia de personas y de empresas que han sufrido los efectos de la política de transgénicos llevada a cabo por el Gobierno español. En el orden del día de aquella reunión aparecía un punto en el que se decía textualmente: “Coexistencia de maíz modificado genéticamente con maíz convencional y ecológico. Experiencias de agricultores afectados”. Pese a ese reconocimiento, el Estado español sigue siendo el único país de la Unión Europea que cultiva el llamado “maíz insecticida”, que muestra una serie de consecuencias sobre el medio ambiente y la salud, como la imposibilidad de evitar la contaminación a otros agricultores, la generación de resistencias en plagas y los efectos tóxicos a largo plazo sobre seres humanos. Frente a esta posición, países como Francia, Alemania, Austria, Grecia, Luxemburgo, Irlanda, Polonia, Hungría o Italia han puesto freno a los transgénicos en sus territorios.

No, los transgénicos no son la solución al hambre; más bien todo lo contrario: el cultivo extensivo de maíz en Estados Unidos, México o Brasil para hacer biocombustibles está provocando una de las mayores crisis alimentarias en muchos países de África y América. Pero, además de eso, está demostrado que, hoy en día, nuestro planeta produce suficiente agricultura y ganadería para que a ningún ser humano le falte de comer. A eso deberíamos añadir que con los miles de millones de euros y dólares que los Estados han entregado a los bancos para tapar sus agujeros (que ellos mismos cavaron) se hubiera saciado al tercer mundo durante todo lo que queda del siglo XXI. No, la solución a la desnutrición no es el cultivo de productos transgénicos, sino la redistribución justa de la riqueza.

Como el gobierno local votó en contra de nuestra propuesta, en Dos Hermanas se seguirá experimentando con productos transgénicos en campos que nadie sabe dónde están. Pero, si llega el momento en que los ciudadanos y ciudadanas lleven a Izquierda Unida a la alcaldía, nuestra ciudad será declarada libre de transgénicos. Y no sólo por el presente, sino, sobre todo, por entregar a nuestros hijos un futuro lo más limpio y saludable posible.

Manolo Lay, portavoz municipal de Izquierda Unida

(Enviado por un solicitante de viviendas del III Plan Municipal a través de nuestro Formulario de contacto “Buzón”)

Hola, por fin se ha arrojado algo (no mucha) de luz al III Plan de la Vivienda. Aunque fueron ustedes, a través de Manolo Lay, quienes ya avanzaron lo que se diría en las reuniones informativas, me gustaría destacar ciertos aspectos del III Plan tras haber asistido a la primera reunión informativa:

1. El año 2009 será el que se tome como referencia para los datos fiscales. Hay que tener unos ingresos familiares corregidos entre 7381euros y el 2.5 del IPREM. Me gustaría destacar la torpeza de elegir este año como referencia, en plena crisis, con muchísima gente que no podrá aportar tales ingresos en ese año. También me gustaría destacar que los datos fiscales originalmente requeridos eran los del año 2007, con lo cual, algunos privilegiados (que casi nos da vergüenza tener un trabajo y un sueldo digno) superaremos por muy poco el 2.5 del IPREM en 2009. Sé que muchas personas pensarán “ya quisiera yo tener ese problema”, cierto. Pero os puedo asegurar que con un 2.6 del IPREM no te da para meterte en una vivienda libre sin hipotecar tu vida. De forma que pagamos el pato de haber extendido tanto en el tiempo el proceso. En tierra de nadie, ni para acceder a una VPO de R. Especial (las de R. General valen 145.000 euros), ni para acceder a una de renta libre. Nota: Mamá, creo que te quedan varios años más aguantándome.

2. Financiación. El proceso está el aire, así de claro, y así lo reconocen ellos. Ni una sola de las promotoras ha logrado a día de hoy (09/03/10) la financiación. Lo más “simpático” de esto es que dan a elegir 3 de las 14 promociones, con lo cual, o tienes información privilegiada, o dependes de la suerte para saber si estás eligiendo una de las que lograrán financiación primero. Quiero decir, que no se construirán las 5100 viviendas de forma simultánea, ni mucho menos. Irán por lotes pequeños (la Banca ya no quiere ladrillo) y el que tenga suerte accederá a uno de los primeros lotes y el que no pues accederá a la vivienda vete tú a saber en cuántos años.

En fin, una auténtica pena de proceso. Si todo hubiera sido ágil en 2006 y si, como muy bien apuntó en su día Manolo Lay anticipándose a los hechos, se hubiera constituido una empresa municipal que respaldara la construcción, no había estos problemas de financiación.

Pues nada, esa es la situación actual.

Un saludo y suerte a todos.

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EL ARENAL – marzo 2010

Comentario enviado a nuestro Buzón.

Desde aquí quiero hacer un llamamiento a la juventud entre la cual me encuentro, y a nuestros dirigentes de izquierdas dormidos en un momento de crisis laboral y social como el que tenemos en la actualidad.
Es el momento de retomar una Izquierda nueva, fuerte, y de una vez por todas una verdadera Izquierda sin tibieces ni medias tintas.
No hago este comentario desde la crítica y sí desde el ánimo para que sigamos luchando contra este capitalismo que está descentralizando el empleo y minando a una juventud dormida y sin ideas.
Compañeros/as es el momento. Como dijo el padrino de todos…. Andaluces levantaos.
Un saludo.

Dice la Wikipedia que un cortijo es, en su origen, una “edificación que responde a las necesidades de grandes explotaciones”, que, por su extensión, “da respuesta funcional a la necesidad de alojamiento de trabajadores, estables o jornaleros, al de los propietarios cuando estaban, pues el absentismo era la norma general”. En política, del término “cortijo” han salido algunas expresiones despectivas, como “el amo del cortijo”, referida a gobernantes que se portan como caciques, o “perro cortijero”, algo así como la persona que sólo atiende a la voz de su amo (alcalde, diputado, etc.)

En una democracia avanzada, las leyes relacionadas con la política local deberían servir, entre otras cosas, para evitar que alcaldes y alcaldesas manden en sus municipios como si fueran sus cortijos particulares. ¿Y cómo? Pues estableciendo mecanismos que fomenten la participación ciudadana: creando distritos que permitan la descentralización de la gestión política y administrativa, promoviendo que los ciudadanos y ciudadanas tengan más poder en la toma de decisiones, propiciando la figura del “defensor del pueblo” a nivel local y, en definitiva, intentando evitar que un alcalde o alcaldesa se convierta en un auténtico cacique que sólo rinde cuentas cada cuatro años. Es lo que en nuestro país se ha pretendido con la Ley de Grandes Ciudades, tanto en su regulación estatal como autonómica, y es lo que nuestro máximo mandatario nazareno, Francisco Toscano, ha evitado y está evitando a toda costa.

Hasta el año pasado, cuando nuestro grupo municipal pidió en un pleno que Dos Hermanas se acogiese a la ley estatal de Grandes Ciudades, a la que teníamos derecho por contar con más de 100.000 habitantes, nuestro alcalde y su grupo municipal rechazaron la propuesta porque “había que esperar a que el parlamento andaluz desarrollase una regulación específica sobre el tema en nuestra comunidad autónoma”. Pero llegado octubre de 2009, y con una ley autonómica ya aprobada en Andalucía, Toscano se destapa con que esa ley, para lo único que sirve es para conceder “títulos nobiliarios” a los alcaldes de las capitales de provincia, y que él no es partidario de que Dos Hermanas se considere una gran ciudad, a efectos legales, porque eso atenta contra la “autonomía municipal” y supone implantar una “burocracia absurda e innecesaria”.

Te aseguro que cuando Toscano dijo eso, a eso de las 13,15 horas del pasado 23 de octubre de 2009, un servidor no supo dónde meterse. Nuestro alcalde estaba considerando que más democracia es más burocracia, un argumento que da pie a quienes opinan, por ejemplo, que los parlamentos autonómicos no sirven para nada o que los alcaldes, como en los viejos tiempos, tienen que ser meros “delegados del gobierno de la nación”. Eso sí, votados en elecciones.

Mi opinión es que una democracia participativa es necesaria para que el gobierno municipal esté en manos de la ciudadanía, para que los presupuestos se aprueben en función de lo que se opina en los barrios, para que las obras no se concedan prácticamente a dedo, para evitar la corrupción y para que, en suma, futuro de un pueblo o una ciudad no se decida entre las cuatro paredes de un despacho. Es evidente que esto no lo instaura la Ley de Grandes Ciudades al cien por cien, pero, al menos, permite que se pueda poner en marcha.

Por contra, la desregulación de la convivencia, es decir, que no haya leyes que concedan derechos y establezcan obligaciones, es una navaja bien afilada que suelen utilizar quienes prefieren gobernar como les da la gana, es decir, como los amos de los cortijos, los Gil, los Julián Muñoz y los caciques de El Ejido. Lo que critica Toscano de la ley es justo lo que sucede habitualmente con la no-ley: que los alcaldes con “autonomía municipal” hacen y deshacen a sus anchas, como nobles déspotas.

En cierta ocasión una concejala socialista me dijo que Toscano sabe muy bien qué es lo que necesita Dos Hermanas. Tal vez sea cierto, pero estoy convencido de que la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de Cantely, Montequinto o Las Portadas, por poner tres ejemplos al azar, también saben muy bien qué es lo que necesitan sus barrios respectivos, y que a esa inmensa mayoría nadie le ha pedido nunca su opinión. Tal vez porque nada tienen que ver con cortijos, ni con amos de cortijos, ni con perros cortijeros.

www.manololay.com

Intervención de nuestro portavoz municipal, Manolo Lay, en apoyo al  principal punto del orden del día del pleno de septiembre de 2009: la adjudicación de las parcelas donde el ayuntamiento de Dos Hermanas tiene previsto la construcción de las viviendas del III Plan Municipal.

La adjudicación de las parcelas donde se van a construir las más de 5.000 viviendas municipales se ha producido, casualmente, en la señalada fecha del 11 de septiembre. Tal día como este 11-S no sólo hay que recordar el lamentable atentado de las Torres Gemelas, que todos condenamos, sino también el aniversario del golpe de estado de la CIA en Chile. Y lo traigo aquí porque ese fatídico 11 de septiembre de 1973 se puede considerar, al menos desde el punto de vista económico global, el día en que nació la puesta en práctica de las políticas neoliberales y ultraconservadoras que han originado la crisis económica galopante que ahora sufrimos. Porque fue en aquel país donde, por primera vez y con el dictador Pinochet, se implantó el modelo de la Escuela de Chicago. Fue en aquel Chile donde los tristemente llamados “Chicago Boys” de Miltron Friedman no sólo acabaron con la esperanza de libertad y justicia social en un país, sino que implantaron un sistema de desregulación del mercado, de privatización de servicios públicos y esenciales y, sobre todo, de la aplicación de la especulación financiera sin límites.

No lo olvidemos: ese modelo fracasado también se ha aplicado en España, contaminó las políticas de Felipe González y ha sido y sigue siendo ferozmente defendido por Aznar. Y sigue siendo la base ideológica de las propuestas de la CEOE, del presidente del Banco de España y de los partidos conservadores. También del ex ministro Solbes, aunque, por suerte, parece que no de Zapatero.

Ese modelo de crecimiento, en nuestro país, ha ido acompañado del fenómeno de la construcción y la especulación urbanística. Pero hoy, pese a todo, en Dos Hermanas no tenemos más remedio que seguir echando mano de la construcción para solucionar dos problemas: primero, el de la falta de vivienda para las personas que la necesitan; y segundo, el intento de paliar, al menos con empleo de ese sector, las graves dificultades económicas que sufren muchos ciudadanos y ciudadanas desempleados de esta ciudad. Y yo apuntaría un novedoso tercero: el de la construcción de viviendas sin el fin prioritario de la especulación.

Por tanto, es momento de intentar cambiar el modelo económico que ha venido funcionando en las últimas décadas, pero, también y al mismo tiempo, de actuar con urgencia para evitar el sufrimiento de los menos favorecidos por la crisis.

Este punto del orden del día del pleno ha venido para ese doble intento, y por eso lo hemos apoyado. En Izquierda Unida estamos convencidos de que medidas de urgencia como estas no pueden ser rechazadas en momentos como estos. Habrá que pensar, como se está pensando a nivel estatal, en crear un nuevo modelo económico sostenible también a nivel local, porque, al igual que está ocurriendo en nuestro país, y creo que todos estamos de acuerdo en esto, la salida de la crisis será más larga por culpa de un crecimiento basado en el ladrillo; pero mientras eso llega, habrá que dar salida a las exigencias sociales. En Izquierda Unida esperamos que el nuevo modelo que se cree, si es que verdaderamente se crea, esté más relacionado con los puños en alto que se vieron el otro día en el mitin de Zapatero que con los cuellos duros de los seguidores del neoliberalismo salvaje.

Esperemos que los problemas financieros no impidan construir esas viviendas y que se mueva cielo y tierra para que todo salga bien, para que las futuras constructoras no tengan dificultades de financiación.

Es sabido que Izquierda Unida tiene sus reparos en muchas de las cuestiones relacionadas con el modelo de crecimiento de esta ciudad y con la política de vivienda que se ha venido llevando a cabo. También, con la forma final que se da a este III Plan. Pero eso, hoy, queda en un segundo plano si, tal y como se prevé, antes de finales de 2012 podamos decir que el resultado ha sido óptimo, que se ha creado empleo y que se ha dado cuenta del derecho a una vivienda digna. Por eso hoy no es el momento de la crítica, sino el de la apuesta. Creo que eso es lo que hoy nos están pidiendo los ciudadanos y ciudadanas de Dos Hermanas.

Creo que un día la Historia hablará de las primeras Corporaciones democráticas de Abril de 1979, elegidas por sufragio universal, después de un dilatado periodo de dictadura.

Con estas palabras se inició el documento de reflexiones e informe del primer mandato municipal en Dos Hermanas, escrito por Manuel Benítez Rufo.

Permitidme, compañero alcalde, compañeras y compañeros de la Corporación, ciudadanas y ciudadanos aquí presentes, que ese día de la Historia al que se refirió Manolo sea hoy, aunque haya habido otros y haya otros más en el futuro. Permitidme que, como heredero del testigo de quienes, tal día como hoy, ganaron las elecciones municipales bajo las siglas del Partido Comunista de España, sea este portavoz municipal de Izquierda Unida quien hable de aquellos tiempos que, por mi edad, no viví con la intensidad de otras personas, algunas de ellas aquí presentes. Y permitidme que lo haga con la satisfacción de representar hoy aquel proyecto y, al mismo tiempo con la pena de no poder ni tan siquiera imaginar lo que pudo significar para aquellas personas, después de años de cárcel, exilio y lucha, pasar de la represión a ser elegidos por su pueblo para comenzar una nueva historia de esta ciudad.

Esa emoción, que nunca podré imaginar, ni siquiera puede deducirse de las primeras palabras de Manolo tras su toma de posesión como alcalde, dichas a las 12 del mediodía del 19 de abril. Palabras que hablaban de colaboración, amistad, fraternidad, voluntad, ilusión, entusiasmo y gobierno entre todos. Los que estuvisteis entonces en el salón de plenos recordaréis estas palabras, pero, sobre todo, recordaréis las sensaciones y las satisfacciones, algo que ningún papel puede recuperar y algo que yo, en este momento, ni siquiera puedo trasladaros con estas palabras.

En aquel documento-balance del primer mandato municipal, Manolo Benítez ponía en evidencia las dificultades de sacar adelante un gobierno democrático y de izquierdas que se regía por leyes mayoritariamente franquistas, como la Ley de Régimen Local de 1955. Desde entonces hasta hoy han cambiado muchas cosas, la mayoría de ellas a mejor. Tenemos el sistema de libertades más amplio de toda la historia española; tenemos garantías sociales y asistenciales más garantizadas que nunca; tenemos una calidad de vida que, pese a las desigualdades y a las penurias que sigue viviendo una parte de la ciudadanía, era impensable en cualquier tiempo pretérito que busquemos. Sólo la Constitución republicana de 1931 avanzó más en esas pretensiones de libertad, igualdad y fraternidad, pero fue frustrada por el yugo fascista.

Pese a todo lo que hoy nos queda por andar, la inmensa mayoría de la población está convencida de que aquellos años iniciaron una etapa que no tiene vuelta atrás. Podemos cuestionar mucho del sistema en que vivimos, incluso podemos cuestionar, como Izquierda Unida cuestiona, el sistema económico capitalista y la monarquía; pero lo que no cuestionamos es, sin duda, los logros de la democracia y la libertad que aquellos voluntariosos representantes del pueblo nazareno, andaluz y español consiguieron.

Como el propio Manolo reconoció, se cometieron muchos errores en aquellos cuatro primeros años del reciente periodo democrático. Pero, con los ecos permanentes de la dictadura y con un golpe de estado fascista en 1981, ¿quiénes somos nosotros, los que ahora disfrutamos de aquellos esfuerzos, para hablar de errores?

La Dos Hermanas de hoy poco tiene que ver con la de 1979. Las leyes democráticas surgidas tras la Constitución de 1978 han logrado que la descentralización permita a los ayuntamientos dar un servicio al pueblo que nuestros primeros concejales no pudieron imaginar. Y no sólo las leyes, sino su traducción económica y social: no hace falta que compare aquí los presupuestos de 1979 con los de 2009.

Sin embargo, los retos logrados no pueden evitar que nos marquemos nuevos retos. Aquella colaboración, amistad, fraternidad, voluntad, ilusión, entusiasmo y gobierno entre todos ha dado paso a la profesionalización de la política; la descentralización no ha logrado que las competencias de los ayuntamientos sean correspondidas con recursos económicos suficientes. En 1979, Manolo Benítez tuvo que salir al balcón de este ayuntamiento para hablar al pueblo, que no cabía en el salón de plenos, y Manolo Espada, del PSOE, pidió un minuto de silencio por los alcaldes republicanos fusilados del régimen franquista, haciendo especial mención a Manuel Rubio Doval. Hoy se ha cumplido aquella famosa frase final de Benítez Rufo: “Y ahora, marchémonos en orden, porque el orden ya es nuestro”; pero hoy, también, la institucionalización y la normalización democráticas han desmovilizado a la sociedad, y la participación ciudadana, a través de las asociaciones, partidos y centrales sindicales, como también dijo nuestro primer alcalde en su primer discurso, poco o nada tiene que ver con la que entonces se reclamaba. Con lo que costó de sufrimiento y lucha traer la democracia, en las últimas elecciones municipales apenas votó la mitad de la población nazarena, por no comparar el voto del primer estatuto de autonomía con respecto del segundo. Hoy sería impensable ver a la multitud ciudadana esperando las palabras del alcalde en la Plaza de la Constitución, y a los plenos sólo acuden periodistas.

Compañero alcalde, compañeras y compañeros de la Corporación, ciudadanos y ciudadanas aquí presentes: pese a todo, ha merecido la pena. Y, pese a que ha merecido la pena, tenemos que echar la vista atrás para recordar, pero también para mirar al futuro. Hay que dar un paso más, y dar ese paso pensando siempre en el siguiente. Y ese futuro lo tenemos que construir quienes estamos aquí, quienes vengan después y, por encima de todo, la sociedad en su conjunto. Como dijo Manolo “El pueblo bien informado se interesa más por los problemas del municipio y, como consecuencia, se puede desarrollar una política de gestión y participación de las masas en la cosa pública. Ejercicio necesario en la práctica de las amplias masas para hacer la revolución de la mayoría”.

Un abrazo muy fuerte a mis camaradas de entonces, aquí presentes, Eduardo Sánchez y Navarro, y también a Juan Varela. Gracias.