El Arenal – Mayo 2010

El terrorismo de Estado, ese que instauraron los golpistas en 1936 y permaneció formalmente hasta 1975, sigue contaminando las médulas espinales de nuestro sistema patrio. Y no sólo en política, sino también en esa pata de la supuesta separación de poderes, el poder Judicial.

No hay que ser tan cándido, ni parezcamos serlo: la independencia judicial es deseable, pero en este caso –y en muchos otros- no existe. El argumento “hay que dejar que la Ley actúe” lo hemos oído muchas veces también, incluso en los plenos del ayuntamiento, tanto en unos escaños como en otros; pero todos conocemos el dicho popular “quien hace la ley hace la trampa”, sobre todo cuando la trampa está en manos de quienes aplican la ley.

El régimen del Generalísimo Franco no vino por la gracia de Dios, sino que era un régimen declaradamente totalitario y que llevó a cabo una verdadera limpieza étnica al identificar a las mujeres y hombres leales a la República Española como una raza a exterminar, los llamados rojos. ¿Existe alguna duda, por tanto, para que llamemos a esa limpieza como un genocidio asimilado?

Hoy esos comportamientos se denominarían sin lugar a dudas como un régimen de terrorismo de Estado; nuestro propio ordenamiento jurídico condena sin paliativos la “exaltación del terrorismo”. En este sentido se está siendo demasiado permisivo con actos y expresiones que entran de lleno en el delito de apología del terrorismo. Cuando Mayor Oreja calificó la etapa franquista como “un período de extraordinaria placidez” estaba justificando casi cuarenta años de terrorismo institucional, es decir, estaba cometiendo un delito de exaltación tipificado hoy en la Ley de Partidos que él mismo promovió y apoyó. Si hacemos analogías con otros periodos negros de la Historia contemporánea, es como si un ministro de Angela Merkel dijese públicamente del nazismo lo mismo que el ex ministro de Aznar, con el agravante de que allí están prohibidos los partidos que hacen apología del régimen hitleriano.

Falange Española no sólo tiene el presente de aparecer de vez en cuando en pegatinas que vemos por las calles. Como escribió recientemente Francisco González de Tena, “fue una herramienta fundamental en el exterminio sistemático y planificado de cientos de miles de inocentes ciudadanos españoles, y sus botas, correajes y símbolos son un referente básico del régimen de terror al que hemos aludido”. Según el citado autor, en el enjuiciamiento a Garzón “Estamos ante un desprecio sistemático de los argumentos legales del Ministerio Público, algo que es esencial en cualquier procedimiento. La voz autorizada de la Fiscalía ha sido ignorada de forma contumaz por la Sala, cuando exigía el archivo de la causa. No se han admitido las pruebas para la defensa del ahora acusado. No se han admitido los testigos cualificados propuestos por la defensa, que demostraría la extemporaneidad de una Ley de Amnistía (invocada reiteradamente como referente último por tan peculiares acusadores) cuya nulidad ha sido reclamada hasta la saciedad por todas las instancias internacionales con responsabilidad legal en la defensa de los Derechos Humanos, como el Relator de Naciones Unidas. No se le ha dado la relevancia debida a la contaminación ideológica y de animadversión personal de algunos de los integrantes del Tribunal. Y, como resumen de estos graves defectos formales –que invalidarían cualquier otro procedimiento, pero no por lo visto este– no se considera que todo este cúmulo de evidentes irregularidades colocan al magistrado acusado injustamente en una situación de clara indefensión”.

No podemos olvidar que a Falange se le ha dado amparo en el Tribunal Supremo para erigirse en acusador del magistrado Garzón con el inaceptable argumento de “haber atentado contra el honor de Franco”. Es grave que un grupo con esa ideología tenga página web y siga perpetuando homenajes en el Valle de los Caídos –junto a determinados elementos reaccionarios de la Iglesia-, pero es más grave que el propio presidente del Tribunal Supremo, el señor Dívar, lo considere “libre de toda sospecha”. Y también es gravísimo que el magistrado Varela y demás compañeros de procedimiento aceptan entusiasmados la personación de tan cualificados herederos del horror para proceder a una chapuza judicial que a punto han estado de resolverse coincidiendo con la conmemoración del 79 aniversario de la proclamación de la II República, algo que, con toda seguridad, hubieran celebrado como nuevo Día de la Victoria.

Asuntos como el de Garzón pone en evidencia, una vez más, que nuestro país sufrió una transición incompleta. Quienes debieron estar sentados en el juicio de Nuremberg, como lo estuvieron los generales de Hitler, se fueron de rositas gracias a la Ley de Amnistía. Y hoy, esos mismos, o sus herederos, son los responsables del Golpe de Estado Judicial, el único que se puede perpetrar dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, tal y como recoge nuestra Constitución. Antes se fusilaba y enterraba en las cunetas; ahora se fusila y entierra en los tribunales. Algo hemos avanzado.

Manolo Lay, portavoz de Izquierda Unida.

Si la crisis nos ha enseñado que los gobiernos no pueden regalar la economía al libre albedrío de los mercados, deberíamos también darnos cuenta de que la tierra, la salud y el sustento tampoco pueden dejarse en las manos (nada limpias, muchas veces) de las multinacionales químicas o de la alimentación. Sin embargo, eso es lo que viene sucediendo en las últimas décadas, como tal vez hayas podido ver en la película El jardinero fiel, inspirada en unos ensayos ilegales llevados a cabo en niños nigerianos por empresas farmacéuticas en 1996.

Entra en el despacho de cualquier parlamentario de la Unión Europea y comprobarás la importancia y, sobre todo, la enorme influencia de esas grandes multinacionales en la política comunitaria. Mis compañeros de allí, la ex-eurodiputada Kechu Aramburu y el eurodiputado Willy Meyer, me han hablado de las “suculentas tentaciones” de imperios económicos como Bayer, Basf, Nestlé, etc. Tal vez eso explica que el chocolate pueda seguir llamándose chocolate sin llevar cacao (antes había que traerlo de África) y que la “terrible” gripe A haya sido un auténtico negocio para los laboratorios y un derroche de dinero de los contribuyentes en vacunas que al final hemos tenido que enviar a Argentina, por si acaso allí hicieran falta.

En el último pleno del ayuntamiento, desde Izquierda Unida pedimos que nuestra ciudad se declarase “Ciudad libre de transgénicos”. Y lo hemos hecho porque, según el Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino, en Dos Hermanas hay uno o varios campos de experimentación con productos agrícolas transgénicos al aire libre. Nadie sabe dónde están exactamente esos terrenos, porque todo esto se hace con la más absoluta falta de transparencia y control, y sin registros públicos de los cultivos. De hecho, también el gobierno local y el propio Toscano aseguraron que ignoran dónde están esos campos que el ministerio ubica aquí; al menos, eso sí, se ha comprometido a “intentar informarse sobre el tema”.

¿Son buenos los alimentos transgénicos? El alcalde, aunque reconoció no saber nada del tema, dijo que “podría suponer una solución para acabar con el hambre en el mundo”. A priori parecería una buena idea, pero no es así. Hay variedades de patata diseñadas para producir plásticos y todo tipo de compuestos químicos, pero también está previsto que sus residuos sean utilizados para alimentación animal, por lo que la contaminación de toda la cadena alimentaria es prácticamente inevitable, con los consiguientes riesgos para la salud (de ahí la pregunta que hacía al principio de esta carta). La patata transgénica de la multinacional BASF es un terrible ejemplo de ese modelo de agricultura y de alimentación que se pretende imponer: solamente una de cada cuatro patatas producidas en la Unión Europea se destina a alimentación humana; alrededor de la mitad va a parar a piensos animales, y la cuarta parte restante se utiliza como materia prima en la producción de almidón, de alcohol y de otros productos industriales. Lo mismo viene ocurriendo con el algodón, la remolacha, el maíz, etc.

¿Por qué no queremos que en Dos Hermanas haya campos de este tipo? Por primera vez, el Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino reconoció en octubre de 2009 la existencia de personas y de empresas que han sufrido los efectos de la política de transgénicos llevada a cabo por el Gobierno español. En el orden del día de aquella reunión aparecía un punto en el que se decía textualmente: “Coexistencia de maíz modificado genéticamente con maíz convencional y ecológico. Experiencias de agricultores afectados”. Pese a ese reconocimiento, el Estado español sigue siendo el único país de la Unión Europea que cultiva el llamado “maíz insecticida”, que muestra una serie de consecuencias sobre el medio ambiente y la salud, como la imposibilidad de evitar la contaminación a otros agricultores, la generación de resistencias en plagas y los efectos tóxicos a largo plazo sobre seres humanos. Frente a esta posición, países como Francia, Alemania, Austria, Grecia, Luxemburgo, Irlanda, Polonia, Hungría o Italia han puesto freno a los transgénicos en sus territorios.

No, los transgénicos no son la solución al hambre; más bien todo lo contrario: el cultivo extensivo de maíz en Estados Unidos, México o Brasil para hacer biocombustibles está provocando una de las mayores crisis alimentarias en muchos países de África y América. Pero, además de eso, está demostrado que, hoy en día, nuestro planeta produce suficiente agricultura y ganadería para que a ningún ser humano le falte de comer. A eso deberíamos añadir que con los miles de millones de euros y dólares que los Estados han entregado a los bancos para tapar sus agujeros (que ellos mismos cavaron) se hubiera saciado al tercer mundo durante todo lo que queda del siglo XXI. No, la solución a la desnutrición no es el cultivo de productos transgénicos, sino la redistribución justa de la riqueza.

Como el gobierno local votó en contra de nuestra propuesta, en Dos Hermanas se seguirá experimentando con productos transgénicos en campos que nadie sabe dónde están. Pero, si llega el momento en que los ciudadanos y ciudadanas lleven a Izquierda Unida a la alcaldía, nuestra ciudad será declarada libre de transgénicos. Y no sólo por el presente, sino, sobre todo, por entregar a nuestros hijos un futuro lo más limpio y saludable posible.

Manolo Lay, portavoz municipal de Izquierda Unida

Dice la Wikipedia que un cortijo es, en su origen, una “edificación que responde a las necesidades de grandes explotaciones”, que, por su extensión, “da respuesta funcional a la necesidad de alojamiento de trabajadores, estables o jornaleros, al de los propietarios cuando estaban, pues el absentismo era la norma general”. En política, del término “cortijo” han salido algunas expresiones despectivas, como “el amo del cortijo”, referida a gobernantes que se portan como caciques, o “perro cortijero”, algo así como la persona que sólo atiende a la voz de su amo (alcalde, diputado, etc.)

En una democracia avanzada, las leyes relacionadas con la política local deberían servir, entre otras cosas, para evitar que alcaldes y alcaldesas manden en sus municipios como si fueran sus cortijos particulares. ¿Y cómo? Pues estableciendo mecanismos que fomenten la participación ciudadana: creando distritos que permitan la descentralización de la gestión política y administrativa, promoviendo que los ciudadanos y ciudadanas tengan más poder en la toma de decisiones, propiciando la figura del “defensor del pueblo” a nivel local y, en definitiva, intentando evitar que un alcalde o alcaldesa se convierta en un auténtico cacique que sólo rinde cuentas cada cuatro años. Es lo que en nuestro país se ha pretendido con la Ley de Grandes Ciudades, tanto en su regulación estatal como autonómica, y es lo que nuestro máximo mandatario nazareno, Francisco Toscano, ha evitado y está evitando a toda costa.

Hasta el año pasado, cuando nuestro grupo municipal pidió en un pleno que Dos Hermanas se acogiese a la ley estatal de Grandes Ciudades, a la que teníamos derecho por contar con más de 100.000 habitantes, nuestro alcalde y su grupo municipal rechazaron la propuesta porque “había que esperar a que el parlamento andaluz desarrollase una regulación específica sobre el tema en nuestra comunidad autónoma”. Pero llegado octubre de 2009, y con una ley autonómica ya aprobada en Andalucía, Toscano se destapa con que esa ley, para lo único que sirve es para conceder “títulos nobiliarios” a los alcaldes de las capitales de provincia, y que él no es partidario de que Dos Hermanas se considere una gran ciudad, a efectos legales, porque eso atenta contra la “autonomía municipal” y supone implantar una “burocracia absurda e innecesaria”.

Te aseguro que cuando Toscano dijo eso, a eso de las 13,15 horas del pasado 23 de octubre de 2009, un servidor no supo dónde meterse. Nuestro alcalde estaba considerando que más democracia es más burocracia, un argumento que da pie a quienes opinan, por ejemplo, que los parlamentos autonómicos no sirven para nada o que los alcaldes, como en los viejos tiempos, tienen que ser meros “delegados del gobierno de la nación”. Eso sí, votados en elecciones.

Mi opinión es que una democracia participativa es necesaria para que el gobierno municipal esté en manos de la ciudadanía, para que los presupuestos se aprueben en función de lo que se opina en los barrios, para que las obras no se concedan prácticamente a dedo, para evitar la corrupción y para que, en suma, futuro de un pueblo o una ciudad no se decida entre las cuatro paredes de un despacho. Es evidente que esto no lo instaura la Ley de Grandes Ciudades al cien por cien, pero, al menos, permite que se pueda poner en marcha.

Por contra, la desregulación de la convivencia, es decir, que no haya leyes que concedan derechos y establezcan obligaciones, es una navaja bien afilada que suelen utilizar quienes prefieren gobernar como les da la gana, es decir, como los amos de los cortijos, los Gil, los Julián Muñoz y los caciques de El Ejido. Lo que critica Toscano de la ley es justo lo que sucede habitualmente con la no-ley: que los alcaldes con “autonomía municipal” hacen y deshacen a sus anchas, como nobles déspotas.

En cierta ocasión una concejala socialista me dijo que Toscano sabe muy bien qué es lo que necesita Dos Hermanas. Tal vez sea cierto, pero estoy convencido de que la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de Cantely, Montequinto o Las Portadas, por poner tres ejemplos al azar, también saben muy bien qué es lo que necesitan sus barrios respectivos, y que a esa inmensa mayoría nadie le ha pedido nunca su opinión. Tal vez porque nada tienen que ver con cortijos, ni con amos de cortijos, ni con perros cortijeros.

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Imagino que esta persona, como cualquiera de su clase, tal vez tenga chalé en la playa, irá a jugar al golf los fines de semana, disfrutará de buena posición en el Bernabeu y puede que hasta apueste a las carreras de caballos del hipódromo de Dos Hermanas. Es improbable que alguien así haya votado a ZP ni vaya a hacerlo en el futuro, como probablemente tampoco lo votarán la mayoría de personas como él, esas mismas a las que Hacienda les ha quitado el impuesto sobre el patrimonio.

La frase tiene sorna, obviamente, porque poco socialdemócrata debe ser un gobierno que quiere dejar de recaudar 1.800 millones de euros en impuestos a los más ricos. También tiene delito lo que dijo Rajoy el 3 de diciembre ante los micrófonos de Radio Nacional: que hay que bajar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas y, acto seguido, decir que esa medida la aplicaría el PP reduciendo el Impuesto sobre Sociedades. Tóquese las narices, señor Rajoy, ahora me entero de que los Carrefour son pymes…

La cosa esta de la crisis está poniendo sobre la parrilla la cara más dura de los políticos. Ahora resulta que, para unos, la culpa es del gobierno (como si ellos no hubieran gobernado hace cuatro telediarios); y para otros, la culpa es de la globalización y de Bush (como si ellos fuesen antisistema). El monstruo tiene progenitores, y está claro que ninguno de los dos son ni siquiera socialdemócratas.

Suecia, donde los restos de la socialdemocracia aún colean, también ha entrado en recesión. Allí los sueldos de los trabajadores y trabajadoras son mucho más altos que aquí, al igual que los impuestos y los beneficios sociales. La gente no tiene problemas (o no tantos) como aquí para conseguir una vivienda municipal, hay alquileres baratos, escuelas infantiles y asistencia social que aquí ni soñamos. Y también sufren deslocalización de empresas, despidos masivos, bancos con problemas… pero, pese a todo, pese incluso a la recesión, el paro sigue bajando o, lo que es lo mismo, se sigue creando empleo neto.

O sea, que en España nadie se vaya de rositas (ni de risitas, ZP) con las excusas. Es cierto que el huracán está en todas partes, y que no se han hundido los bancos porque las leyes españolas se quedaron a un cuarto de hora de ser reformadas por Solbes para entrar a saco en el spam financiero de las subprime. Pero el ladrillismo es made in Spain, y la falta de crédito para seguir construyendo es la culpable de que el desempleo patrio sea el mayor de la UE. Se nos atragantaron el pan y las tortas, y no vale presumir mañana de ser el que más creces por tu cara bonita y pasado mañana, cuando se te caen los palos del sombrajo, pedir una economía de mercado no egoísta (conceptos antagónicos donde los haya). No se puede desempolvar a Keynes hoy, después de varios lustros desmantelando el carácter tutelador y social del Estado, algo que ya inició Felipe González, continuó con Aznar y ahora, con el binomio ZP-Botín, apenas ha cambiado en cuatro brochazos.

Durante años, los diputados y diputadas de los dos grandes partidos se han reído de Izquierda Unida cada vez que anunciábamos lo que hoy está ocurriendo. Tal vez por eso Julio Anguita dijo hace poco que le encantaría volver al parlamento por un día para subir al estrado del congreso y gritar: ¿Y ahora qué, hijos de puta? No soy tan vehemente para pronunciar la última parte de la frase, pero sí la primera. Tal vez el PP sea el lobo feroz, pero los que están gobernando ahora no son precisamente Caperucita Roja. Casualmente, las mani-camisetas de los trabajadores de Cerámicas Bellavista también llevan escrito ese “¿Y ahora qué?” Espero que ellos tampoco lo olviden: el problema no es la crisis, ni que se lleven la producción a Portugal; el problema se llama sistema neoliberal y libre mercado, algo que han practicado los unos y también los otros.

Y sí, hay respuestas de izquierdas para ese ¿y ahora qué? Las hay a todos los niveles, desde el estatal hasta el local. Se trata de poner en marcha recetas que funcionaron en otros tiempos y que siguen funcionando, pese a la recesión, en algunos países como la propia Suecia: resolver la recesión en términos favorables a la clase trabajadora. Eso significa aumentar el gasto público y hacerlo en medidas de gasto social, no quitando impuestos a los ricos y seguir invirtiendo en ladrillo. Como dice el profesor Vicenç Navarro, vivimos en un país donde el gasto social en servicios públicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales y de dependencia o las escuelas infantiles está a años luz de la media europea (9 % aquí, 15 % en la UE-15) y mucho más lejos del 25 % que hay en el norte europeo. Allí donde el gasto social es mayor, la crisis es menor y el desempleo está cubierto por el Estado.

Si fuésemos capaces de aplicar esos márgenes, el ayuntamiento de Dos Hermanas tendría que acudir a un endeudamiento mayor que el actual, pero sería un endeudamiento permisible, a corto plazo y, sin duda alguna, acabaría revertiendo en calidad de vida, porque ni un solo niño, ni una sola persona mayor y ni una sola persona dependiente estaría desatendida. Y además el empleo generado podría ser de calidad, porque siempre habrá niños, personas mayores y dependientes. Si se ha demostrado que el urbanismo no es la solución, ¿para qué seguir insistiendo en más de lo mismo? No se trata de no construir las vpo, sino todo lo contrario: se trata de que quienes ocupen en el futuro esas viviendas tengan un salario digno para pagarlas durante los próximos años. En caso contrario, estaremos tropezando otra vez en la misma piedra.

Dicen que ahora se está volviendo a acudir a Marx, incluso en quienes se avergonzaron durante decenios de él, y hasta el diario The Economist lo incluye entre los 10 grandes ganadores de la crisis. Mira por dónde, ahora resulta que no estaba muerto, sino que algunos se fueron de parranda ideológica. Es lo que tiene acompañar un sábado a los manifestantes de Cerámicas Bellavista, y al día siguiente ocupar un sitio vip en el hipódromo.

El gobierno local no quiere que Dos Hermanas se acoja a la futura Ley de Grandes Ciudades de Andalucía. Toscano dijo que “tenía serias dudas de que esta ley fuera buena” para nuestra localidad, y el portavoz socialista dice que no merece la pena “si no aporta algo que no tengamos ya”. Lo dicen como si se estuvieran refiriendo a “buena para los ciudadanos” y “aporte algo que no tengan ya los ciudadanos”; pero en realidad no se refieren a los ciudadanos, sino a ellos mismos.

La Ley de Grandes Ciudades es una ley corta, pero en Dos Hermanas se queda larga, de ahí el miedo que tienen nuestros gobernantes a que se aplique aquí. Para empezar, daría nuevos mimbres para acabar con el poder todopoderoso (valga la redundancia) de los titulares las concejalías respecto al pueblo. Si existieran distritos, si se incrementara la participación de los ciudadanos en la gestión y control del ayuntamiento, si tuviéramos un Defensor del Pueblo local, si se creara un Consejo Social de la Ciudad, etc., como recoge esta ley y se aplica en muchos municipios de izquierdas (la mayoría socialistas, por cierto), estaríamos quitando a nuestros gobernantes parte del mango de la sartén: he aquí el gran problema.

En esta gran ciudad llevamos muchos lustros acostumbrados a hacer política al estilo “porque yo lo valgo”. Renuevas votos vez cada cuatro años y con eso ya te crees el rey del mambo, con facultades para dar y quitar, poner y destituir a dedo, regalar y subvencionar, pasear con amigos que te doren la píldora, evitar los dolores de cabeza que producen enfrentarse a las quejas cara a cara y en público… Salvo en épocas electorales, sufren agorafobia social. Por eso no es de extrañar que recelen de una ley con origen en una norma estatal llamada “modernización del gobierno local”. Consideran que eso de modernización es una pendejada que nada tiene que ver con el actual método paternalista que, si les funciona bien desde los años del golpe de Tejero, para qué cambiarlo.

Y lo más gracioso de todo es que no sólo les importa un bledo que haya una ley que mejoraría la democracia de este pueblo (que para eso está y fue creada); lo peor es que, encima, va Agustín Morón y dice una de sus frases dignas de premio Nobel: “muchas de las actuaciones que recoge esa ley ya la estamos aplicando en Dos Hermanas”. Estupendo, magnífico, genial, una perversión del lenguaje típica de quienes pasean en política con apisonadoras. Pues bien, si eso es así, si la ley ya la están aplicando ¿cuál es el problema? Si ya la llevamos la práctica, nada más sencillo: en cuanto salga la ley, nos apuntamos al carro y listo.

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¿Y el resto? ¿Y de auxiliares administrativos, personal de recogida de basura, electricistas, albañiles, la gente que limpia las calles de nuestros barrios, etc.? Buena pregunta…

El gobierno local presume de ser uno de los que menos gasta en funcionarios y personal laboral de España. Este falso mérito, equiparable a la política que aplican los Carrefour o las ETT, es un arma de doble filo y mellada.

En primer lugar, todo el mundo sabe que para entrar a trabajar en el ayuntamiento hay tres formas: cubriendo plazas vacantes, por la Delegación de Servicios Sociales o por enchufe. Sólo los dos primeros casos están “abiertos” a todo el pueblo, al menos en teoría, pero son casos en los que la precariedad está garantizada salvo, digamos, que “te portes bien”.

En segundo lugar, todo el mundo sabe también que hay puestos de trabajo que siempre son necesarios y que nunca están cubiertos por empleo fijo, estable y con derechos. No hablo ya de los “accidentales”, es decir, que en Dos Hermanas tenemos un “secretario accidental”, una “tesorera accidental”, etc. y, en ocasiones, hasta tenemos “accidentales de accidentales”. Todo esto sería comprensible si no fuesen empleos necesarios durante todo el año, pero no es el caso: hay trabajadores y trabajadoras que entraron hace 20 años y aún están –al menos, teóricamente- sin plaza fija ¿Por qué?

Y en tercer lugar, el problema de las contrataciones de servicios privados para cubrir las necesidades públicas. Incluso admitiendo esto, ya es conocido que la precariedad de estas personas es similar a la de las subcontratas. Y si no, que le pregunten a quienes tienen empleo en algunos barrios a cuenta de los convenios de ciertas asociaciones de vecinos con empresas de limpieza, o que le pregunten a quienes trabajan cuidando nuestros parques y jardines, o que le pregunten a quienes trabajan en las empresas de seguridad y vigilancia de dependencias municipales… Todos estas personas tienen derecho a un empleo digno que una administración de izquierdas debería garantizar, pero mucho me temo que en estos asuntos se funciona con filosofías más propias de otras posiciones ideológicas.

¿Por qué el ayuntamiento de Dos Hermanas sólo tiene un electricista? ¿Por qué los que trabajan en el servicio de recogida de basura están en la cuerda floja? ¿Por qué hay tanto personal laboral que no accede ni ha accedido a su puesto por oposición, como está mandado? ¿Por qué, en más de una ocasión, veo a trabajadores echando horas extra por las tardes por el simple hecho de que hay departamentos que no dan abasto?

El ayuntamiento de Dos Hermanas no es una sociedad anónima. No podemos tener el mismo personal fijo, o menos, que cuando teníamos la mitad de población que ahora. No puede haber tantos arquitectos municipales en precario. Hace falta una nueva cultura de la contratación pública en esta ciudad, por el bien de todas y todos, por la igualdad de todas y todos los ciudadanos de Dos Hermanas a la hora de acceder en igualdad de condiciones a un empleo municipal. En nuestro ayuntamiento tenemos trabajadores y trabajadoras excelentes, no tengo el menor reparo en reconocerlo: la mayoría, la inmensa mayoría de ellas y ellos, trabajan por encima de sus posibilidades y lo hacen estupendamente, con independencia de cómo, cuándo y por qué entraron a trabajar en la Casa.

Los bomberos que van a entrar dentro de dos años son necesarios, pero hay tan pocos que, mientras tanto, tendremos que cubrir esas plazas con interinos. Y cuando estos formen parte de la plantilla, ya se habrán jubilado algunos de los que hay actualmente. Eso es lo que nunca más debería pasar. Oposiciones todos los años, cubriendo lo imprescindible para garantizar el servicio a la ciudadanía: es la única solución. Lo otro son puertas traseras, amiguismos y enchufes que habría que desconectar de una vez por todas.

Tras mantener una reunión con representantes del colegio, la responsable de educación de Izquierda Unida, Trini del Moral, cree que “es lógico que el AMPA del Dolores Velasco no quiera que sus hijos se trasladen, y también sería lógico si no lo quisieran los colegios afectados, Juan Carlos I y El Palmarillo, que tendrían que mermar sus calidades y sus espacios”.

Para Trini del Moral “no podemos convertir los colegios, ya bastante escasos de espacios de recreo, en mastodontes al más puro estilo del urbanismo salvaje. La solución no pasa por embutir más clases en los mismos lugares, sino en crear nuevos centros y dotarlos con dignidad para favorecer una educación pública de calidad”.

Según la concejala de Izquierda Unida, “el problema de la falta de espacio deriva también de la voracidad urbanística del gobierno local, que ha dejado el núcleo urbano sin lugares dotacionales. Hace unos años, en el barrio de Cantely había espacio suficiente para atender la demanda de alumnos, pero ahora esos espacios ya están colapsados y de ahí derivan los problemas”.

Trini del Moral aboga por “un consenso entre las ampas y la concejalía de educación y, por mucho que se diga en el convenio, reconducir la situación para evitar perjuicios al alumnado. Es evidente que no se pueden trasladar a 250 alumnos sin contar con la opinión de los afectados. Y es evidente también que en Dos Hermanas no sobran colegios, sino que faltan institutos. Y de aquí en adelante, la concejalía de educación debería comunicarse más con las ampas y no practicar la tecnocracia y el todo para el pueblo pero sin el pueblo. Menos presumir de ser ejemplo de participación ciudadana, como dijo en cierta ocasión Raúl Gil, y más acercamiento a la ciudadanía en las prácticas y en la planificación”.

Leer también: La madre del cordero, blog de Manolo Lay.

Según he podido saber y comprobar sobre el terreno, en esta zona se vienen produciendo ocupaciones de dominio público, cortado por varias carreteras. Esto impide la función natural de corredor ecológico del mismo, reduciendo el cauce, destruyendo su vegetación de rivera y desapareciendo el bosque en galería que existía.

Las especies vegetales arbóreas, arbustivas o herbáceas que se encuentran en los márgenes, zona de servidumbre o zonas de policía (alrededores) del arroyo, tienen una inmensa diversidad floral, abundando el matorral noble mediterráneo y las especies de ribera, observándose en algunos lugares auténticos bosques en galería, pero también un gran numero de zonas degradadas por actuaciones en el arroyo o su mal uso.

Según el Centro de Investigaciones Científicas, el Arroyo de las Culebras muestra uno de los cuadrantes más ricos en flora de toda Andalucía. Precisamente, esta zona es la más afectada por el Plan Urbanístico que viene ejecutando el ayuntamiento de Dos Hermanas en entrenúcleos, destruyendo así su hábitat y las especies que lo pueblan, un número importante de ellas con algún nivel de protección, ya sea por la Directiva Europea Hábitats, el Catalogo Nacional de Especies amenazadas o en el Catalogo Andaluz de Especies Amenazadas.

Además de la destrucción de los alrededores del Arroyo de las Culebras, las obras de construcción de infraestructuras no están teniendo en cuenta, por un lado, el medio en el que se encuentran ni, por otro, la doble función de hábitat de carácter húmedo y a la vez de corredor ecológico, ignorando la necesidad de crear pasos de fauna adecuados en las intersecciones con estas infraestructuras y desecando y arrasando con varias zonas de influencia de dicho arroyo (afluentes, zonas encharcadas o ramificaciones), posiblemente pertenecientes al dominio público.

En cuanto a las especies de fauna más representativas que observamos todo el año, se encuentran el ratonero común, la abubilla o el mochuelo común, que perdiendo sus hábitats y presos de las ruidosas máquinas se refugian en los pisos de Vijaldoso, quedándose casi esquilmada sus poblaciones en la zona. Lo mismo le sucede a otras especies, como cogujadas, el Falco tinnunculus (hay una pareja desplazada y anidando en el colegio Blas infante, el resto casi ha desaparecido), autillos, cárabos, alcaudones reales, buitrones, mirlos, zorzales, carboneros, jilgueros, verderones, verdecillos, pardillos, pinzones, conejos, liebres, polluelas en el arroyo, casi en todo su recorrido, viéndose estas últimas frecuentemente a la altura de Arco Norte, numerosos anfibios y reptiles, como sapos corredores, sapo común, rana verde, culebra de escalera, culebra bastarda, culebra de herradura, lagarto ocelado, gallipatos, salamandras etc… todas estas últimas especies protegidas, entre otras normas, por la Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestre de Andalucía.

Pero no sólo hay especies animales que están todo el año allí. También hay fauna que nos encontramos en el invierno u otras épocas migratorias. La enumeración es igual de extensa: Hieraetus pennatus (a la que se le puede ver cazando conejos en los alrededores del Arroyo de las Culebras, en los sembrados), tórtolas, abejarucos (que anidan en algunas lomas o vaguadas colindantes con el arroyo), torcecuellos (mermados por la pérdida de su hábitat, refugiándose sólo algunos en los eucaliptos existentes en la poca fronda que queda en los bosques de ribera del arroyo), golondrinas, lavanderas blancas, mosquiteros tarabillas colirrojos tizón, petirrojos, ruiseñores, zorzales real, alirrojo, y común, lúganos (cada vez más escasos), estorninos pinto, oropéndolas, etc…

Más información y fotografías aquí.

Solucionar estos asuntos es complicado. Cuando oyes los argumentos de las partes, tanto unas como otras tienen sus razones y motivos. Los bomberos dicen que trabajan en unas condiciones manifiestamente mejorables. Los taxistas aseguran que se han reducido los servicios solicitados en los últimos tiempos y que un incremento del número de licencias en Dos Hermanas agravaría aún más su situación. Pero el gobierno local, en ambos casos, dice que actúa en interés de los ciudadanos.

En mi opinión, lo único incuestionable es que faltan efectivos en el cuerpo de bomberos y que hay momentos del día en que conseguir un taxi es poco menos que una heroicidad. Pero pecaría de simplista si dijese que la solución a estos dos inconvenientes pasa sólo y exclusivamente por aumentar plazas en ambos casos, porque en el fondo del problema hay muchos otros factores, intereses, rencillas y heridas abiertas que solventar.

Yo creo que la raíz de la cuestión está, por decirlo de alguna manera, en un error estructural o de método. Si en asuntos como el del taxi o los bomberos no hubiese una negociación a dos bandas, es decir, si los vecinos y vecinas de Dos Hermanas tuviesen capacidad real de intervención en estos temas, no sólo aplicaríamos ese principio universal que dice que mil ojos ven más que dos, sino que, además, sería difícilmente aceptable que una de las partes tomase una decisión que contradijese la opinión de la mayoría social. Por eso, cuando en Izquierda Unida hablamos de democracia participativa, no lo hacemos por quedar bien con el pueblo, sino porque queremos que éste sea juez y parte.

No pongo en duda que el pueblo puede, en un momento dado, exigir cosas que no coincidan con mis principios. Siempre he bromeado con la idea de mi dimisión como alcalde si, en caso de haber ganado las elecciones, la ciudadanía hubiese decidido mayoritariamente que en Dos Hermanas hace falta una plaza de toros. Pero no es menos cierto que, como norma de partida, quienes mejor conocen cuales son las verdaderas necesidades y las prioridades de la sociedad no son, precisamente, ni los políticos que se creen que un diamante es para siempre (o para cuatro años), ni quienes sólo se mueven cuando alguien se inmiscuye en sus problemas particulares.

Por tanto, demos la voz a los que sufren colectivamente las consecuencias de unos determinados intereses partidistas o personales, por muy legítimos que sean ambos. Pero no como hace el gobierno local, interpretando y arrogándose la voz del sentir popular, sino sentando al mismo pueblo en la mesa de negociación, que para eso están Unidad Nazarena, los movimientos ciudadanos, los sindicatos, las ampas y las asociaciones de diversa índole. Porque es muy fácil exigir a los taxistas que abran el abanico y se concedan más licencias para mejorar el servicio de taxis y, sin embargo, no se asuma que en Dos Hermanas hay que tener más bomberos porque a éstos hay que pagarles con dinero de los presupuestos municipales. Si asumimos una determinada forma de hacer política, apliquémosla a todo y no llevemos a la práctica aquello que dijo Groucho Marx: “Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”.

Hay que decirlo claro, por si aún no estaba suficientemente constatado: el verdadero poder popular, en los últimos coletazos de la dictadura y durante la transición, no estuvo en manos de los partidos políticos, sino de las organizaciones civiles ciudadanas. O, dicho de otro modo: fueron estas quienes trajeron la democracia y las libertades a nuestro país. Lo que tenemos en este siglo XXI habría sido imposible sin el respaldo del pueblo y, por tanto, sin el empuje del asociacionismo vecinal. Otra cosa es que la política encauzase posteriormente ese empuje en las instituciones y que, además, lo aprovechase para alcanzar el poder.

En 1979, cuando se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas, fueron los vecinos y vecinas de Dos Hermanas los que más activamente trabajaron en la mejora de las pobres condiciones de los barrios nazarenos. Por aquellos tiempos, en la mayoría de las barriadas faltaba lo esencial: se carecía de agua potable, saneamiento, instalaciones educativas, deportivas y culturales, etc. Con un ayuntamiento sin competencias y en práctica bancarrota, pero con toda la ilusión, la democracia que apenas existía en las leyes se inventaba a diario en las calles y plazas de Dos Hermanas, y el trabajo de Benítez Rufo (a quien, pese a los cinco lustros de gobierno socialista, todo el mundo sigue considerando el mejor alcalde de este pueblo) y del gobierno local de entonces, todos a una, consistió en estar codo con codo con los vecinos, nunca por encima y siempre al lado. Fueron años muy duros, extremadamente complicados, pero hoy, tres décadas más tarde, quienes los vivieron siguen echando en falta aquella ilusión.

Poco después, fueron las asociaciones de vecinos andaluzas las que alzaron la voz más alta para conseguir el estatuto de autonomía. Y, por segunda vez, la historia ha olvidado ese protagonismo principal del pueblo organizado. De no ser por esa voz unánime y plural, la suerte de Andalucía habría sido otra, y sólo hay que recordar el índice de participación en el referéndum del nuevo estatuto para comprobar la importancia de la implicación popular a la hora de labrar su futuro.

¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora? Las cosas han cambiado mucho. Afortunadamente, las carencias elementales están cubiertas en buena parte. El papel reivindicativo de las asociaciones ciudadanas tiene que ser necesariamente distinto, porque los problemas también son distintos. En muchas asociaciones no hay relevo generacional, y no porque los mayores no quieran, sino por falta de nuevas personas dispuestas a dirigirlas. Las subvenciones, aun siendo un arma de doble filo, han servido y sirven para mantener locales, realizar actividades festivas y culturales y tener infraestructuras que, siendo insuficientes, en otro tiempo eran impensables. La mejora de la calidad de vida y los nuevos hábitos han decantado a muchos ciudadanos y ciudadanas por la fórmula de los centros sociales, más encaminados a lo lúdico y al esparcimiento que a servir de correa de transmisión de las exigencias de los barrios.

El movimiento vecinal sigue sufriendo carencias y, además, hay factores que inciden en la vida diaria que antes no existían: el urbanismo voraz, el transporte público inútil, el impacto de la inmigración, la profesionalización y la burocratización de la política… y las nuevas fórmulas de participación ciudadana, puestas en práctica en numerosos pueblos y ciudades, creadas para dar a las organizaciones vecinales y a cualquier persona a título particular más poder de decisión a la hora de invertir los recursos municipales. Esta nueva fórmula, conocida como democracia participativa, es el principal reto de futuro y la principal reivindicación del movimiento asociativo, tanto a nivel local como provincial, andaluz o estatal.

He aquí el después o, más bien, el ahora. La Ley de Grandes Ciudades estatal y su equivalente en Andalucía, apuntan, aunque tímidamente, hacia una mayor intervención ciudadana en la gestión cotidiana de los ayuntamientos. La experiencia de los gobiernos progresistas de Córdoba o Sevilla, con sus virtudes y defectos, van en esa línea. Y Dos Hermanas, donde cualquier atisbo de futuro de la ciudad pasa por la mente del alcalde y sólo del alcalde, tenemos aún ese camino por escribir en riguroso papel en blanco. Cada vez que me he reunido con una asociación vecinal, el interés por la democracia participativa y los presupuestos participativos siempre ha estado encima de la mesa. Las últimas jornadas celebradas por la Federación se dedicaron a ese mismo tema, tan candente como de oídos sordos para el actual gobierno local.

En opinión de Izquierda Unida, la cuestión de la apertura institucional a la ciudadanía no debería ser ni siquiera discutida: o nos enteramos de que el siglo XXI no puede construirse con los mismos mimbres del siglo pasado, o esta democracia de elecciones cada cuatro años acabará con unos porcentajes de voto tan ridículos que, al paso que vamos, sólo será representativa de ese escaso 2 % de militantes que hoy tienen los partidos políticos.

Una vez más, y será la tercera, el movimiento vecinal, que, no lo olvidemos nunca, es el más cercano al sentir de la calle, deberá empujar y reivindicar y exigir el protagonismo que tuvieron hace más de veinte años y que nunca fue reconocido como se merece. Una vez más, y esta puede ser la más difícil, los nazarenos y nazarenas tienen que decir a nuestros gobernantes, y a los que vengan detrás, que esta versión del “todo para el pueblo, pero sin el pueblo” no es democracia, que la democracia, en su máxima expresión, es cosa de todos y no sólo de unos cuantos políticos en el poder. Ahora, cuando las previsiones de los próximos años apuntan a que vamos a tener una ciudad de 200.000 habitantes, es el momento de devolver la iniciativa a quienes más tienen que decir. Ahora, a partir de ahora, es el momento de proclamar, de forma nítida y contundente, que los veinte años transcurridos desde la creación de Unidad Nazarena son sólo el comienzo del verdadero poder popular y democrático.

Manolo Lay, portavoz de Izquierda Unida

www.manololay.com

Para Manolo Lay, “la página empezó como correa de transmisión de numerosas inquietudes ciudadanas y hoy en día, a pesar de que ya no soy candidato a nada, es un foro donde prima la participación y la elaboración colectiva de sus contenidos, donde cualquiera puede anunciar un evento que considere interesante, comentar una película o un disco, enviar fotos o incluso hacer crítica a lo que escribo. Y, por supuesto, es un espacio abierto donde todo el mundo sabe que sus propuestas serán atendidas, respondidas personalmente e incluso llevadas al ayuntamiento”.

Prueba de la vitalidad del blog de Manolo Lay ha sido la presentación de mociones, preguntas e iniciativas ciudadanas en los plenos municipales, fruto de los más de 800 mensajes recibidos y los más de 200 comentarios enviados por los internautas de Dos Hermanas, todos ellos publicados en un blog ‘sin censura’ donde la actitud cívica ha sido total.

Manolo Lay reconoce que “hubo un antes y un después en la corta historia del blog: el día que el cartel electoral salió en todos los medios de comunicación. A partir de ese momento, el número de visitas de la página se disparó, pero fue un crecimiento anormal, ya que gran parte de esos nuevos visitantes no eran de Dos Hermanas. Bien es cierto que eso permitió también que muchos nazarenos y nazarenas la conociesen por primera vez, logrando que hoy, afortunadamente, el blog siga gozando de excelente salud”.