Hace ya siete años que el Ayuntamiento de Dos Hermanas decidió, por acuerdo plenario (con el apoyo de Izquierda Unida), iniciar las gestiones necesarias de cara a la recuperación de las más de 2.700 hectáreas de término municipal que fueron sustraídas a nuestra ciudad mediante un decreto de Franco en julio de 1937, un año después de aquel nefasto 18 de julio.

No está de más recordar aquellas fechas y la situación de terror que en aquellos momentos se vivía en esta zona ocupada por las tropas sublevadas. Habían sido ya más de ciento cincuenta los fusilados en Dos Hermanas, entre militantes de partidos políticos y sindicatos, alcaldes y concejales. Este es el contexto en el que se toma por parte de Queipo de Llano la decisión de amputar un trozo de su término municipal a Dos Hermanas, lo que culmina en el mencionado decreto de Franco. El pretexto, la unificación en el término municipal de los acuartelamientos militares es un tanto caprichoso y no justifica esta medida, y más bien encuentra su justificación en el hecho de que el hospital en construcción que llevaría el nombre del general de triste recuerdo, se encuentre en Sevilla. De hecho, la mayor parte, si no toda, de la guarnición actual de Sevilla se ubica en El Copero, término municipal de Dos Hermanas.

Las tres personas que componían la gestora municipal, una vez descabezada y disuelta la anterior Corporación democrática -nombradas por Queipo de Llano y por lo tanto plenamente identificadas con los sublevados- tan sólo se atrevieron a plantear la excepción de la ermita de Valme.

De estos hechos se pueden extraer dos conclusiones cosas claras: ni con la legalidad republicana ni con la Constitución actual hubiera sido posible esta segregación. Sólo la situación de excepción y de guerra lo permitió.

En opinión de Izquierda Unida, hay que situar este problema al mismo nivel que el de las personas que la futura ley de la memoria histórica pretende resarcir y, por tanto, son plenamente válidos, para este caso, los argumentos incluidos en su exposición de motivos: "El espíritu de la Transición da sentido, de este modo, al modelo constitucional de convivencia más fecundo que los españoles hayamos disfrutado nunca. Y es ese espíritu el que explica también las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo, desde el origen mismo de todo el periodo democrático, a favor de las personas que, durante los decenios anteriores a la Constitución, sufrieron las consecuencias de nuestra devastadora guerra civil y del régimen dictatorial que le sucedió. Pese a ese esfuerzo legislativo, quedan aún iniciativas por adoptar para dar cumplida y definitiva respuesta a las demandas de esos ciudadanos, planteadas tanto en el ámbito parlamentario como por distintas asociaciones cívicas. Se trata de peticiones legítimas y justas, que nuestra democracia, apelando de nuevo a su espíritu fundacional de concordia, y en el marco de la Constitución, no puede dejar de atender. Es la hora, así, de que la democracia española, y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella, honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos ideológicos, en aquellos dolorosos periodo de nuestra historia..."

Bastaría con sustituir la mención a las personas por la mención a la institución municipal que representa a todo un colectivo de personas. Pero aún hay más, la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades del periodo 1936-1939, creó, tal como señala su exposición de motivos, "el marco jurídico necesario para reintegrar a los partidos políticos los bienes y derechos de que fueron desposeídos durante la guerra civil o al finalizar ésta, en línea con uno de los objetivos que inspiró nuestra actual Constitución de garantizar la convivencia de todos los españoles, superando las consecuencias de la guerra civil, y en consonancia con el papel relevante que la misma otorga a los partidos políticos, a los que incardina en la médula del Estado democrático, mediante la precisión de su concurrencia a la formación y manifestación de la voluntad popular, lo que exige de ese Estado democrático un acto de justicia histórica como es de devolución a los mismos de aquello que les fue arrebatado, dándoles, por otra parte, un trato idéntico al ya dado en su día a las organizaciones sindicales".

El señor Vallés Vives, portavoz del PSOE, con ocasión de uno de los debates sobre este último asunto en el Congreso de los Diputados afirmaba que la restauración del patrimonio incautado era "un acto debido de justicia democrática".

¿Qué diferencia hay entre unos y otros derechos?. Ninguna. La devolución del patrimonio municipal nazareno sería, por tanto, un acto de justicia y de principios democráticos. Y propiciar ese acto, un deber de todo demócrata que se precie, sea de Dos Hermanas, de Sevilla o de Madrid.

Este es un asunto políticamente complicado en el que ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Sevilla han querido entrar, salvo para echar balones fuera, dilatando todo el proceso y jugando a la carta del aburrimiento, con un comportamiento políticamente cobarde y carente de los principios aludidos, negando el diálogo ofrecido e ignorando que de haberse producido una ruptura democrática real, en lugar del modelo de transición que al final todos aceptamos, hubieran quedado automáticamente anulados todos los decretos y leyes franquistas y, con ello, no sólo los relacionados con las condenas y los juicios sumarísimos, no solo aquellos que propiciaron la incautación de sus bienes a los partidos políticos.

Se ignora que la corporación nazarena ha afirmado reiteradamente su disposición al diálogo, su plena conciencia de que la devolución sin más de estos suelos -después de los años transcurridos y de las modificaciones sufridas, con barrios enteros consolidados- no era posible, dejando claro cuáles eran sus mínimos: el reconocimiento político de la injusticia, mediante un acto que también reconociera y legitimara la incorporación a Sevilla de una gran parte de estos suelos, y una mínima compensación que consistiría en la recuperación de la ermita de Valme y su entorno, como enclave o con corredor, y el reconocimiento de la totalidad de los suelos de la Universidad Pablo de Olavide -y los de su futura ampliación- como parte del término municipal de Dos Hermanas.

Es posible que las vías jurídicas emprendidas hasta ahora no hayan sido las más adecuadas. Doctores tiene la iglesia. Es posible que se hubiera tenido que empezar por instar a la nulidad del famoso decreto franquista desde el principio. Es posible que el equipo gobernante nazareno debería haber hecho gala de mayor decisión y valentía, buscando apoyos jurídicos y políticos. Pero, aun considerando todo esto como cierto, lo que sí debe estar claro es que Dos Hermanas no puede renunciar a la reparación histórica que pretende y, en este sentido, tal vez la solución pase por una toma de conciencia de los partidos y el traslado de este problema a los diferentes parlamentos, tanto autonómico como nacional, a instancias de los grupos políticos nazarenos con presencia municipal y parlamentaria.

Carlos Benítez, Izquierda Unida - Dos Hermanas