Texto íntegro de la Moción relativa a los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a políticas públicas de vivienda y a la consolidación de un parque público permanente.
El acceso a una vivienda digna y adecuada constituye un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución Española y un elemento esencial para garantizar la igualdad, la cohesión social y el desarrollo de proyectos de vida estables. Sin embargo, la actual situación de dificultad de acceso a la vivienda en nuestro país continúa marcada por el incremento sostenido de los precios del alquiler y de compra, la insuficiencia del parque público de vivienda, la especulación sobre el suelo y la creciente dificultad de acceso para amplias capas de la población trabajadora, especialmente personas con rentas medias y bajas, jóvenes y familias vulnerables.
Durante décadas, las políticas públicas de vivienda han favorecido procesos de privatización y descalificación de suelo, permitiendo que viviendas construidas con recursos públicos acabaran incorporándose al mercado especulativo. Ello ha provocado que el parque público de vivienda en España se sitúe muy por debajo de la media europea y que miles de millones de euros de inversión pública no hayan servido para consolidar un patrimonio colectivo duradero.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 debe representar una oportunidad para revertir esta situación y consolidar un modelo de vivienda en clave de derecho a partir de los 7.000 millones de euros de los que se dota. Bajo el nuevo esquema de financiación, el Estado asume el 60% de la inversión, mientras que las Comunidades Autónomas deben aportar el 40% restante para desplegar las ayudas en sus territorios.
Resulta imprescindible que las comunidades autónomas, como administraciones competentes en materia de vivienda, destinen íntegramente estos recursos asignados por el Estado a la creación, ampliación y mantenimiento de un parque público de vivienda estable, suficiente y permanentemente protegido.
Asimismo, es necesario avanzar hacia un modelo urbanístico que garantice la calificación permanente del suelo destinado a vivienda protegida, evitando procesos de descalificación y especulación futura. La vivienda construida con recursos públicos debe permanecer fuera del mercado especulativo y cumplir de manera indefinida su función social.
De igual modo, la gestión de la vivienda pública debe mantenerse en manos de las administraciones públicas y entidades públicas dependientes de éstas, evitando la externalización, privatización o venta de promociones públicas a fondos de inversión o grandes tenedores. La experiencia de las últimas décadas demuestra que la privatización del parque público ha debilitado la capacidad de las administraciones para garantizar el derecho a la vivienda.
Las entidades locales, como administraciones más cercanas a la ciudadanía y conocedoras de la realidad social de sus municipios, deben posicionarse de manera clara en defensa del derecho a la vivienda y reclamar a las comunidades autónomas un compromiso firme con la inversión pública, la protección permanente de la vivienda protegida y la gestión pública directa del parque residencial.
Por todo ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Dos Hermanas la adopción de los siguientes acuerdos:
1. El Ayuntamiento de Dos Hermanas manifiesta su compromiso con el derecho a una vivienda digna y adecuada como derecho social fundamental y con el fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda orientadas al interés general.
2. Instar al Gobierno de Andalucía a hacer uso de los recursos económicos que le corresponden –1.197 millones de Euros– en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a políticas públicas de vivienda que permitan, entre otras líneas de actuación, las siguientes:
a) La ampliación y consolidación de un parque público de vivienda en alquiler asequible y social.
b) La promoción de vivienda protegida destinada prioritariamente a familias trabajadoras, jóvenes, personas mayores, víctimas de violencia machista y colectivos vulnerables.
c) La rehabilitación y mejora energética del parque residencial existente concriterios de justicia social y sostenibilidad.
3. Instar al Gobierno de Andalucía a asegurar que toda vivienda pública promovida o adquirida con fondos públicos sea gestionada directamente por las administraciones públicas, evitando su privatización, venta o cesión a fondos de inversión, grandes tenedores o entidades privadas con ánimo de lucro.
4. Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a garantizar la calificación permanente y a perpetuidad del suelo y de las viviendas protegidas promovidas con financiación pública, impidiendo su descalificación y evitando que puedan incorporarse al mercado especulativo.
5. Solicitar a la Junta de Andalucía el establecimiento de mecanismos de control, transparencia y evaluación pública sobre la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, garantizando la participación de los ayuntamientos y de las organizaciones sociales en el seguimiento de las políticas desarrolladas.
6. Instar al Gobierno de España a mantener y ampliar la financiación estatal destinada a vivienda pública, reforzando la cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales para garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda.
7. Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de la Junta de Andalucía, al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a los grupos parlamentarios del Parlamento Autonómico.
Francisco García Parejo. Concejal del Grupo Con Andalucía.
Dos Hermanas, 29 de mayo de 2026
