El pleno municipal celebrado este viernes 29 de mayo ha aprobado la Moción presentada por nuestro concejal Fran García Parejo «que habla de algo tan básico como urgente: el derecho a una vivienda digna». La iniciativa –puedes consultarla aquí íntegramente– ha contado con el apoyo del grupo socialista más la concejala no adscrita y el rechazo de la derecha y los neofascistas. Su presentación está motivada por «una convicción muy sencilla, pero también muy profunda: la vivienda no puede seguir tratándose como un bien más de mercado, porque es una condición esencial para construir vidas estables, proyectos familiares y una sociedad justa», según palabras de nuestro compañero al comienzo de su presentación de la moción.
«En estos momentos, miles de familias trabajadoras, jóvenes, personas mayores y colectivos vulnerables se encuentran expulsados del mercado del alquiler y de la compra por unos precios cada vez más inasumibles. Esta realidad no es casualidad ni un fallo puntual del sistema. Es la consecuencia de años de políticas que han permitido la especulación, la privatización del parque público y la pérdida de vivienda protegida que debía haber permanecido al servicio del interés general».
Por eso, según García Parejo, «esta moción plantea algo de sentido común y de justicia social: que los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se destinen realmente a ampliar y consolidar un parque público de vivienda estable, suficiente y permanentemente protegido. No basta con anunciar ayudas o construir vivienda si luego termina saliendo del ámbito público y entrando en el mercado especulativo. Lo público debe quedarse en lo público».
«Defendemos también que la vivienda protegida financiada con dinero público tenga calificación permanente. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que una vivienda construida con el esfuerzo de toda la ciudadanía acabe, pasado un tiempo, convertida en una oportunidad de negocio para unos pocos. La vivienda pública debe cumplir una función social indefinida, no temporal».
En consonancia con nuestras políticas, el texto de la moción es una clara «apuesta por la gestión pública directa y rechaza la privatización, la venta o la cesión de promociones públicas a fondos de inversión o grandes tenedores. Y lo hacemos porque la experiencia nos ha demostrado que cada vez que se debilita lo público, pierde la ciudadanía. Cada vez que se entrega vivienda pública al mercado, se reduce la capacidad de las administraciones para garantizar derechos».
La moción también pone el acento en la rehabilitación y en la mejora energética del parque residencial existente, puesto que hablar de vivienda no es solo hablar de construir más, sino también de mejorar lo que ya tenemos, combatir la pobreza energética y garantizar barrios más habitables, más sostenibles y más justos.
Por último, Fran García destacó que «esta moción reconoce el papel de los ayuntamientos como administración más cercana a la ciudadanía. Somos quienes conocemos de primera mano la realidad de nuestros barrios, de nuestras familias y de nuestras necesidades. Por eso reclamamos participación, control, transparencia y evaluación pública en la gestión de estos recursos. Porque cuando hay dinero público, tiene que haber también responsabilidad pública y control democrático».
«La vivienda no puede seguir siendo un privilegio ni un negocio al alcance de unos pocos; tiene que ser un derecho garantizado para todas y para todos. Lo que se construye con dinero público debe permanecer en manos públicas, protegido para siempre y destinado a quienes más lo necesitan. Porque una sociedad justa no se mide por cuánto especula con la vivienda, sino por cuánto protege el derecho de su gente a vivir con dignidad.
Esta moción no va contra nadie. Busca soluciones. Va a favor del derecho a vivir con dignidad. Va a favor de quienes trabajan, estudian, cuidan o envejecen en nuestros municipios y merecen poder hacerlo sin que la vivienda sea una amenaza permanente».
