El Consejo Local de Izquierda Unida, reunido el pasado martes 18 de octubre, trató –entre otros asuntos- las medidas a emprender ante la información aparecida el pasado 7 de octubre en un medio de comunicación local, según la cual la concejala (y senadora) “no necesitó hipotecar su vivienda porque una promotora le ‘prestó’ el dinero”.

En la reunión, el portavoz municipal de Izquierda Unida, Manolo Lay, recordó que había pedido públicamente “en un margen prudente de tiempo” que se ofreciese alguna aclaración al respecto por parte de Basilia Sanz, pero que “siendo tan sencillo despejar la duda, el mutismo ha sido la única respuesta”. Según Manolo Lay, “Izquierda Unida no presupone nada, pero nuestra obligación política y ética es exigir la máxima transparencia y no dejar correr la cortina del silencio”.

Por tanto, el Consejo Local aprobó recopilar toda la información surgida respecto al tema y trasladarla a los servicios jurídicos provinciales de la Organización, para estudiar si existen indicios de trato de favor y, en este caso, emprender las acciones legales que se estimen oportunas. En este sentido, la opción que se plantea como más probable es acudir a la Fiscalía Anticorrupción, para que sea ésta la que investigue un asunto que afectaría a una persona que, como parlamentaria, tiene condición de aforada.