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Se aprueba por unanimidad una moción de Izquierda Unida en la que la Corporación municipal rechaza cualquier tipo de manifestación realizada por personas o entidades en contra de los derechos legalmente establecidos para los trabajadores y trabajadoras del campo andaluz, así como el reconocimiento al importante papel que los trabajadores y trabajadores del campo andaluz juegan en la realidad socioeconómica de Andalucía.
agences matrimoniales à lens Texto íntegro de la moción.
La situación del campo andaluz a finales del siglo XX apenas ha variado si la comparamos con la de algunos siglos antes. Son pocos los propietarios de tierras y muchos los que dependen totalmente de su jornal para ganarse la vida. Esos pocos latifundistas concentran la propiedad de forma escandalosa. No cultivan la tierra ni dan trabajo, dejan las tierras baldías y en muchos casos sólo sirven de cotos de caza. Por el otro lado, los jornaleros, los sin tierra, abocados a una situación de largas temporadas de paro únicamente interrumpidas por alguna campaña en sus zonas. La dependencia del patrón, las pésimas condiciones de trabajo y las necesidades vitales sin cubrir son las notas que caracterizan a los trabajadores más precarios que existen, los del campo.
La consecuencia inmediata fue un aumento progresivo del desempleo agrario, centrado lógicamente en aquellas zonas del país donde el número de trabajadores del campo era mayor, es decir, en Extremadura y, sobre todo, en Andalucía. Fue entonces cuando se produjo un giro en el tipo de reclamaciones desarrolladas por los jornaleros y cuando el jornalerismo pareció vivir un cierto renacimiento. Las principales reivindicaciones estuvieron centradas en los subsidios y ayudas estatales que la nueva política asistencial comportaba (empleo comunitario, subsidios y plan de empleo rural) y, sobre todo, en el empleo, que se convirtió en una de las principales, si no en la principal, de las reivindicaciones que caracterizaron a los sindicatos agrícolas de estos años. La propia Reforma Agraria se convirtió en reflejo de esa reclamación de empleo.
Finalmente la Reforma Agraria Andaluza fue aprobada en el año 1984, pero ésta nunca fue llevada a la práctica de forma clara, en buena medida, por falta de voluntad política.
La evolución en los sistemas de producción provocó el éxodo de muchos españoles y la despoblación de muchas zonas rurales del Estado español. En Andalucía, los programas puestos en marcha a favor de los trabajadores del campo y la articulación de medidas en defensa del desarrollo rural han favorecido la permanencia de esa población en su territorio. Estas iniciativas han demostrado su alta rentabilidad económica, social y demográfica, por su capacidad para fijar la población y hacer del medio rural andaluz un espacio de igualdad de oportunidades, de manera que cualquier ciudadano, con independencia de su lugar de residencia pueda disfrutar de los mismos derechos, reforzando la cohesión social y territorial de Andalucía.
En los últimos meses estamos padeciendo ataques ofensivos y declaraciones que perjudican seriamente la imagen de Andalucía, extendiendo el tópico de la Andalucía subsidiada y poniendo en tela de juicio la vigencia del PER y la renta y el subsidio agrario con el argumento de que la crisis hace necesario ahorrar mediante el recorte a los trabajadores eventuales agrarios.
El Plan de Empleo Rural (PER) no es un subsidio, sino un plan de inversiones en infraestructuras que financia el Gobierno en pueblos de Andalucía y Extremadura, para la mejora de nuestros pueblos y zonas rurales. Este plan, creado no sólo para trabajadores cualificado y no cualificados del Régimen Especial Agrario sino también para trabajadores del Régimen General, ahora denominado AEPSA (Acuerdo para el Empleo y Protección Social Agraria) tiene como objetivos fundamentales: la protección ante el desempleo, la generación de nuevos puestos de trabajo, así como la formación de trabajadores agrarios.
Por otro lado, en cuanto al subsidio y la renta agraria, son un tipo de subsidio por desempleo propio de los trabajadores eventuales agrarios, dados de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Ambos, constituyen un derecho que adquieren los trabajadores eventuales agrarios mediante la cotización a la Seguridad Social, lo mismo que cualquier otro trabajador.
En términos comparativos, la población activa agraria en Andalucía es del 7.31% y el subsidio agrario apenas alcanza el 1.8% de todas las prestaciones por desempleo en el Estado español.
A nivel nacional, también hay que expresar que el número de beneficiarios del campo ha descendido en un 9.3% mientras que los perceptores de otras prestaciones de desempleo ha crecido un 28,7%.
En 2007, el desempleo de los trabajadores agrarios andaluces supuso 56 millones de euros, cifra que este año ha bajado a 52 millones. El peso relativo del subsidio agrario, respecto del resto de prestaciones por desempleo, se ha reducido del 5,12% al 3,92%.
Las manifestaciones críticas esgrimen en ocasiones el dato de que este año el Gobierno del Estado español ha rebajado de 35 a 20 las peonadas necesarias para acceder a la prestación. Lo que callan es que se hizo para atender la escasez de trabajo agrario provocada por el invierno de temporales continuos que hemos sufrido en Andalucía.
Por todo ello el Grupo Municipal de IULV-CA presenta la siguiente MOCIÓN:
1.- Expresar su máximo apoyo a los trabajadores/as del campo de Andalucía.
2.- Expresar su reconocimiento al importante papel que los trabajadores y trabajadores del campo andaluz juegan en la realidad socioeconómica de Andalucía.
3.- Reconocer los derechos adquiridos por los trabajadores eventuales agrarios mediante sus cotizaciones a la Seguridad Social y el importante papel que han desempeñado y siguen desempeñando el Plan de Empleo Rural (PER), así como el subsidio y la renta agraria.
4.- Y rechazar cualquier tipo de manifestación realizada por personas o entidades en contra de los derechos legalmente establecidos para los trabajadores y trabajadoras del campo andaluz.
Dos Hermanas 6 de julio de 2010
Trinidad del Moral Cañas
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