#ViviendaPorDerecho

derechoDesde nuestra entrada al Gobierno andaluz, IU Andalucí­a ha trasladado una postura muy clara, tanto desde nuestro grupo en el Parlamento andaluz, como desde nuestra participación en el Consejo de Gobierno: la vivienda debe cumplir una función social y no una función especulativa.

La problemática que vivimos en el paí­s, derivada de la crisis el capitalismo y las estafas perpetradas por los capitalistas, ha provocado en torno a 400 mil desahucios en el conjunto del Estado desde 2007. En Andalucí­a unos 86 mil.

Es por esto que IU Andalucí­a, no sin trabas del socio de gobierno, ha impulsado este Decreto-Ley en defensa de la función social de la vivienda, a propuesta de la Consejerí­a de Fomento y Vivienda, dirigida por nuestra compañera Elena Cortés.

¿Qué supone este Decreto-Ley?

  • Consagra la vivienda como derecho protegido, combatiendo su concepto como mera mercancí­a.
  • Supone un giro radical en la forma de concebir la vivienda: de la vivienda como mercancí­a, a la vivienda como derecho.
  • Da respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social, económica y habitacional.
  • Supone un ejercicio de defensa del interés general frente a los intereses particulares de la banca y las grandes empresas.
  • Apunta directamente a los culpables de la crisis en beneficio de sus ví­ctimas.
  • Con él Andalucí­a se sitúa a la vanguardia absoluta en España en defensa del derecho a la vivienda.

¿Y cómo?

Frente a otros gobiernos autonómicos o el gobierno central, IU da estricto cumplimiento a su programa y al pacto de Gobierno, estableciendo una serie de medidas concretas que garanticen esta función social, de las que destacan:

  • La vivienda es un derecho humano, y las administraciones públicas deben hacer efectiva su regulación. Una vivienda vací­a es el mayor exponente del uso antisocial de la propiedad privada.
  • No es posible ni decente que un paí­s que permite el despojo masivo de viviendas no impulse medidas para que las viviendas deshabitadas de los bancos no puedan disponerse para el alquiler.
  • Expropiación temporal (tres años) del uso de las viviendas a las personas jurí­dicas (bancos, filiales, entidades de gestión»¦.) que estén en proceso de ejecución o hayan sido embargadas a aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social y no tengan alternativa habitacional. Ante la incapacidad del Gobierno central de asumir su responsabilidad y terminar con los desahucios ilegí­timos, IU en el gobierno andaluz exprime sus competencias para impedir los desahucios.
  • Sanciones de hasta 9.000 euros a personas jurí­dicas (bancos, inmobiliarias) que tengan viviendas vací­as.
  • Incentivos al alquiler para personas fí­sicas: aseguramiento de los riesgos que conlleva el arrendamiento, garantizando el cobro de la renta y el arreglo de eventuales desperfectos; medidas fiscales que determinen las respectivas Administraciones; subvenciones que serán recogidas en el próximo Plan de Vivienda.
  • Las polí­ticas públicas al servicio del interés general y con el objetivo de regular desde lo público el mercado del alquiler y garantizar el acceso a la vivienda de quienes necesitan una vivienda y no pueden acceder a la propiedad mediante una hipoteca perpetua.

El Decreto-Ley es plenamente garantista y arbitra un procedimiento contradictorio que garantiza la seguridad jurí­dica de sus actores en tanto que deja fuera:

  • Las residencias secundarias.
  • Las residencias de recreo.
  • Las viviendas reguladas por la legislación turí­stica.

El Decreto-Ley no comporta en ningún caso sanciones a personas fí­sicas por tener viviendas vací­as.

El objetivo del Decreto-Ley es hacer aflorar el máximo número posible de las 700.000 – 1.000.000 de viviendas vací­as.

ES UN DECRETO-LEY DE JUSTICIA SOCIAL Y COMBATE VARIOS FENÓMENOS EN ANDALUCíA:

  • 700.000 a 1 millón de viviendas vací­as. Más del 20% del total.
  • 45 desahucios al dí­a en Andalucí­a (86.000 desde 2007).
  • 16,9% de alquiler (frente a 33% en Europa).
  • 50.000 familias demandan actualmente una vivienda en alquiler en los registros municipales de vivienda.

El Decreto-Ley tiene un potente anclaje jurí­dico en la Declaración Universal de los DDHH, en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomí­a, en la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo…

  • Artí­culo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Artí­culo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que es firmante España, que establecen que toda persona tiene derecho a una vivienda.
  • Artí­culo 47 de la Constitución Española, que establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, un derecho que ahora mismo es papel mojado.
  • Artí­culo 33 de la Constitución, también, que establece la «función social» del derecho de propiedad. Ojo: función social del derecho de propiedad (es pertinente reseñarlo, dado que si la propiedad tiene un anverso, que es el derecho, también tiene un reverso, que es su función social. Ello en previsión de un probable discurso que tilde de anticonstitucional el decreto).
  • Artí­culo 40 de la Constitución, que establece que los poderes públicos promoverán «una distribución de la renta más equitativa».
  • Artí­culo 128 de la Constitución, que señala que «toda la riqueza del paí­s en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general».
  • Artí­culo 25 del Estatuto de Autonomí­a para Andalucí­a.
  • Sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que ha evidenciado que en España se ha violado el derecho a la vivienda y el derecho a la tutela judicial efectiva durante 20 años.
  • Informe de la relatora de vivienda de la ONU.

El Decreto-Ley se suma a una amplia baterí­a de medidas puestas ya en marcha por la Consejerí­a de Fomento y Vivienda, desde la llegada de IU al gobierno andaluz, y que pretenden paliar la situación de emergencia que se vive en Andalucí­a y arrebatar la regulación del derecho a la vivienda a los mercados para la soberaní­a andaluza, entre las que destacan:

  • Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda: Mil desahucios parados en sus primeros tres meses y medio.
  • Paralización de desahucios en el parque público de vivienda. IU en el gobierno no va añadir más dolor al dolor ni va a contribuir a agrandar la brecha de la emergencia habitacional.
  • En este apartado cabe destacar que la estrategia del PP es mentir. Andalucí­a es la única Comunidad Autónoma en la que no se producen desahucios en el parque público, desde junio 2012. En el BOJA (Boletí­n de la Junta de Andalucí­a) aparecen los procedimientos administrativos que verifican la situación de emergencia de las familias en riesgo de exclusión para la posterior paralización de los desahucios. Ni prevaricamos ni nos desentendemos de los miles de personas que viven en el parque público de vivienda.
  • Apuesta por la rehabilitación (45 millones presupuestados en 2013).

El Decreto-Ley avanza en una dirección por la que ya han recorrido un largo trayecto paí­ses con legislaciones que defienden con muchas más garantí­as el derecho a la vivienda, caso de Reino Unido, Francia, Dinamarca y Holanda.

Cabe reseñar que la polí­tica en materia de vivienda ha dado un giro radical en lo que se ha venido haciendo desde los anteriores gobiernos andaluces. Esto es un argumento que también le sirve a la derecha, que parece no entender que este es otro gobierno, para mostrar datos de la anterior gestión. ¿Y por qué sucede esto? Porque IU ha decidido gobernar de otra manera.

¿Qué puede ocurrir ahora?

Pues es previsible porque ya lo vienen haciendo desde hace tiempo atrás:

Izquierda Unida Andalucí­a se va a enfrentar a la Troika mediática, a una derecha incapaz de aceptar que hay otra forma de hacer las cosas, al poder económico que va a ver en este decreto una amenaza real a su polí­tica de avaricia y especulación. Mientras Andalucí­a camina en la senda de regular el derecho humano a la vivienda desde lo público, el PP articula medidas ultraliberales dejando en el mercado y a criterio de la oferta y la demanda el derecho a la vivienda, con el objetivo de volver a construir una burbuja inmobiliaria, ahora desde el alquiler.

A esto hay que sumar el aumento en intención de voto que nos sitúa ya por encima del PSOE en intención directa de voto.

Somos un problema para el régimen y somos conscientes de ello.

Motivos más que suficientes para que salgamos a la vez a defender que Sí SE PUEDE y que en Andalucí­a, Izquierda Unida lo está consiguiendo porque #HayAlternativa.

#ViviendaPorDerecho